FISCALÍA AUXILIAR Y BOMBEROS ABREN INVESTIGACIONES TRAS EXPLOSIONES EN VILLALOBOS, JUAN DÍAZ

Autoridades, en alertapor trasiego ilegal de gas

Penas de entre 5 y 10 años de cárcel pueden enfrentar las personas que se dediquen a esta actividad, según el ´Código Penal´.

Las explosiones de entre 10 y 15 tanques de gas reportadas la noche del pasado jueves 21 de julio en Villalobos, Juan Díaz, activaron nuevamente las alarmas de las autoridades respecto de la existencia de depósitos clandestinos en la capital, donde personas inescrupulosas se dedican a trasegar este peligroso combustible sin que se tomen las medidas mínimas de seguridad.

De hecho, tanto la Fiscalía Auxiliar de la República como el Cuerpo de Bomberos de Panamá dieron inicio a investigaciones relacionadas con esta situación, que en el pasado reciente ha dejado víctimas fatales

Pero aunque las autoridades tienen la plena certeza de que hay otros depósitos como el de Villalobos, piden apoyo a las comunidades para que denuncien públicamente su ubicación y faciliten los operativos para su clausura definitiva.

El jefe de Gases Comprimidos y Líquidos Volátiles del Cuerpo de Bomberos, Alexander Casasola, dijo que las denuncias pueden ser formuladas en las estaciones de la entidad, cuyos jefes las trasladarán posteriormente al Ministerio Público.

Según Casasola, el trasiego de gas licuado de manera artesanal implica graves riesgos para la comunidad, por el peligro de posibles explosiones e incendios.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público y de los propios bomberos, el común denominador de estos sitios es el trasiego ilegal del gas contenido en los tanques de 25 libras, que son subsidiados por el Estado, para su posterior comercialización en tanques de mayor capacidad, cuyos precios no están regulados.

En el caso de lo sucedido en Villalobos, la Fiscalía Auxiliar abrió una investigación por la supuesta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, que establecen penas de entre 5 y 10 años de cárcel, de acuerdo con el artículo 292 del Código Penal.

En las sumarias, la fiscalía tiene previsto citar a declarar a los dueños del local, y no se descarta que sean procesados judicialmente, ya que, tras las inspecciones practicadas por los bomberos en el depósito clandestino se comprobó que allí se realizaba el trasiego del gas licuado sin los permisos reglamentarios.

En ese suceso resultaron heridos Erick Valencia, Tiburcio Martínez y Houng Zey, quienes permanecen en condiciones estables, pero bajo cuidados médicos en el hospital Santo Tomás. Martínez es el dueño del local.

Antecedentes

Según los registros oficiales de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá, el de Villalobos fue el tercer evento similar ocurrido en los últimos tres años.

El 6 de noviembre de 2008, la entidad de los camisas roja atendió una explosión registrada en la casa número 35 del sector Los Naranjales, en la barriada Rana de Oro, Pedregal, tras la cual se produjo la muerte de Alfonso Antonio Amores Martínez.

De acuerdo con las investigaciones de la época, Amores Martínez manejaba la empresa Runn Service, que se dedicaba a la distribución de gas para montacargas. Sin embargo, los peritos de la Oficina de Seguridad de los bomberos hallaron dentro de la vivienda varias evidencias que daban cuenta del trasiego ilegal de gas, entre estas gran cantidad de tanques de 25 libras.

En este caso, el informe oficial del Cuerpo de Bomberos detalló que el incendio se produjo por una gran acumulación de gas licuado de petróleo, debido a la actividad desarrollada en la casa, que era el llenado de tanques de gas para montacargas con tanques de 25 libras. Hubo una chispa o llama abierta que provocó una reacción súbita y esta, a su vez, generó la explosión.

Según los bomberos, la actividad era realizada sin el resguardo de las normas mínimas de seguridad, y los propietarios del lugar carecían de los permisos correspondientes para operar.

A raíz de esos hallazgos, la empresa Tropigas S.A. presentó una denuncia por delitos contra la seguridad colectiva, que quedó radicada en la Fiscalía Undécima de Circuito, la cual, empero, se inhibió de conocer el caso y este pasó al juez cuarto municipal, José Osorio, quien luego dictó un sobreseimiento provisional.

Más demandas

El otro caso, que no incluyó una explosión, data del mes de febrero de 2010, y en este la empresa Tropigas también presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la empresa Servicentros ABB, por los presuntos delitos de hurto y peligro común.

La denuncia advirtió que la empresa compraba cilindros de 25 libras de gas licuado a Tropigas, pero luego llevaba esos tanques a un depósito ubicado en la calle 22 de Monte Oscuro, en Pueblo Nuevo, y allí trasegaba su contenido a tanques de 100 libras.

La actividad quedó al descubierto, debido a que los encargados de la empresa devolvían los tanques de 25 libras comprados a Tropigas apenas 24 horas después de llevárselos, lo cual evidenciaba que no eran vendidos a consumidores usuales.

Pero en una inspección llevada a cabo por el Cuerpo de Bomberos al depósito de Pueblo Nuevo no se hallaron evidencias que confirmaran la actividad ilegal.

En este caso, el Juzgado Tercero Municipal Penal también se inhibió y remitió el expediente a un juzgado de circuito, por considerar que no era competente para conocer el delito de estafa agravada.

En su resolución, empero, el juzgado municipal señaló que la empresa suscribió un contrato con Tropigas e hizo creer que suministraba los tanques a los clientes acordados; sin embargo, pedía una mayor cantidad de cilindros y se quedaba con el resto en el local, “para darle un uso distinto al establecido por la ley”.

Este caso no ha sido resuelto aún en el juzgado de circuito.

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