ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Autoridades: poder y política

De aprobarse las iniciativas del Ejecutivo, al final de su gestión en 2014, el gobierno de Ricardo Martinelli habrá creado siete instituciones.
NORMA. Luis Cucalón, de la DGI; Agustín Sellhorn, diputado suplente; Mahesh Khemlani, viceministro de Finanzas; y Sergio Gálvez, presidente de la Asamblea Nacional, ayer luego de que se aprobara la ANIP en tercer debate. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga NORMA. Luis Cucalón, de la DGI; Agustín Sellhorn, diputado suplente; Mahesh Khemlani, viceministro de Finanzas; y Sergio Gálvez, presidente de la Asamblea Nacional, ayer luego de que se aprobara la ANIP en tercer debate. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga
NORMA. Luis Cucalón, de la DGI; Agustín Sellhorn, diputado suplente; Mahesh Khemlani, viceministro de Finanzas; y Sergio Gálvez, presidente de la Asamblea Nacional, ayer luego de que se aprobara la ANIP en tercer debate. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga

Con la aprobación del proyecto de ley que instaura la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), el nuevo encargado de la recaudación tributaria panameña estará en el puesto por los próximos siete años. Es decir, hasta que culmine el próximo período presidencial.

La misma suerte tendrán los encargados de las autoridades del Agua, de Pasaportes, y de Transparencia, tres iniciativas impulsadas por el Ejecutivo que serán analizadas en la Asamblea en los próximos días. De hecho, ya la de Pasaporte recibió anoche su aprobación en primer debate.

Pero, diputados de oposición del Legislativo advirtieron de que la intención del partido oficialista Cambio Democrático (CD) es mantener a sus designados más allá de la administración de Ricardo Martinelli y así acaparar espacios políticos en el engranaje estatal.

En el caso específico de la ANIP, aprobada ayer en tercer debate (ver noticia relacionada) ya se habla de una posible estrategia de persecución contra los rivales políticos de CD durante el próximo quinquenio.

“Van a mantener a sus allegados en esas instituciones. Son espacios políticos que reservan”, comentó el excontralor general de la República Carlos Vallarino. “Pero cuando llegue un gobierno sensato, debe de revocar todo y llevarlo a su normalidad”, agregó.

VERSIÓN GUBERNAMENTAL

“Me parece absurdo ese argumento”, respondió Luis Eduardo Camacho, secretario de Comunicación del Estado. “No creo que a los organismos internacionales que recomendaron la creación de estas autoridades les interese la política criolla”, dijo el funcionario. “En el caso de la DGI (Dirección General de Ingresos), los que no quieren ser perseguidos solo tienen que pagar sus impuestos”, añadió.

Para defender la creación de la ANIP, su proponente, Frank De Lima, ministro de Economía y Finanzas, argumentó que se “requiere de una independencia total respecto al tema de recaudación tributaria y/o fiscal, con el objetivo de permitir el grado de acción que sirva de sustento al desarrollo nacional”. Pero el nombramiento del administrador todavía le correspondería al Ejecutivo.

Mientras que en 2010, cuando se creó la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) [reemplazó a la Dirección General de Catastro], el entonces ministro de Vivienda, Carlos Dubois, a quien le correspondió mercadear el proyecto en la Asamblea, presentó a la Anati como una solución para apresurar los procesos de titulación en el país.

“Si mantenemos el sistema actual, con la legislación y la institucionalidad vigente, nos tomaría 32 años titular completamente el país. Con la Anati podría reducirse significativamente este período a 10 años”, explicó.

ESPACIOS QUE CUESTAN

Sin embargo, el argumento con que los funcionarios impulsan la creación de las autoridades, “autonomía e independencia”, conlleva un mayor costo económico. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), instituida en 2010 en detrimento de la Dirección Metropolitana de Aseo Urbano y Domiciliario (Dimaud) [a cargo del Municipio de Panamá], es una prueba de esto.

En 2010, la Dimaud manejó un presupuesto por $45 millones, mientras que la AAUD manejó $82.7 millones en 2011, $75 millones en 2012 y $73 millones en 2013.

Los salarios de los altos directivos también aumentan. Tal es el caso del proyecto de la ANIP, en el que su administrador devengaría $10 mil. Hoy día el director de la DGI cobra $5 mil.

POR CUMPLIMIENTO

Y apenas se aprobó en segundo debate la iniciativa legislativa que crea la ANIP, el Consejo de Gabinete aprobó un plan para darle la categoría de autoridad a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Transparencia contra la Corrupción. En la exposición de motivos del borrador del proyecto, se sustenta que la nueva Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información nace a raíz de que la Organización de Estados Americanos (OEA) hiciera un nuevo pronunciamiento sobre la necesidad de mejorar el acceso a la información pública.

Esta entidad, al igual que las demás autoridades, también nombra al administrador por un término de siete años “prorrogables por una sola vez”. Es decir, que de aprobarse la iniciativa y ratificar a Abigaíl Benzadón [actual secretaria anticorrupción] como administradora, también trascendería al gobierno del cambio. Y otro punto en común con sus entidades hermanas es que la designación del administrador le correspondería al Ejecutivo. Además, el jefe de la autoridad “tendrá la consideración de alta autoridad del Estado en todo el país, y una remuneración equivalente a la de ministro”. Recibiría un salario de $7 mil.

Benzadón recibe un salario mensual de $6 mil.

“Es un cambio cosmético, que pretende asegurar salarios de ministros que ocupen estos cargos y que se le rinda cuentas directamente al Presidente, no a los ministros”, aseguró Herbert Young, exzar anticorrupción.

TODO CAMBIA

A pesar de los nombramientos por ley que se establecen en la institución de estas autoridades, los últimos gobiernos han encontrado la fórmula de cambiar a sus directivos, lo que no se descarta que suceda en 2014.

En 2004, el presidente Martín Torrijos (2004- 2009), del Partido Revolucionario Democrático, le exigió la renuncia a Delia Cárdenas, que había sido nombrada por la presidenta panameñista Mireya Moscoso (1999-2004) hasta 2008. Cárdenas salió del puesto en 2006.

En 2010, un año después que Martinelli asumiera la Presidencia, la Corte Suprema de Justicia destituyó a la procuradora, Ana Matilde Gómez, por “abuso de autoridad y extralimitación de funciones”. Gómez había sido nombrada en 2005 por Torrijos hasta 2014.

Aprueban instituir la ANIP con 41 votos

El proyecto de ley 566 que instituye la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP) fue aprobado ayer con 41 votos a favor por parte de las bancadas oficialistas de Cambio Democrático y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). El panameñismo y el PRD rechazaron la propuesta con 13 votos.

Diputados del Partido Panameñista y del Partido Revolucionario Democrático (PRD) pusieron ayer en duda la “independencia” que pueda tener esta entidad.

De acuerdo con el proyecto aprobado, la junta directiva estará formada por el ministro de Economía y Finanzas, que la presidirá; el titular de Comercio e Industrias, el secretario ejecutivo de metas presidenciales, el director de tesorería del MEF, y un representante del Órgano Ejecutivo designado por el Presidente de la República. Asistirá a las reuniones de junta directiva con derecho a voz, un representante de la Contraloría General de la República.

“Los cinco miembros de la junta directiva son nombrados por el Presidente. ¿Qué independencia puede tener? No hay ningún miembro de la sociedad civil, del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá”, dijo el diputado panameñista José Luis Varela.

Gustavo A. Aparicio O.

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Cortesía/Sinaproc

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