Avalan que se interrogue a Lula por caso Petrobras

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La presidenta Rousseff y el vicepresidente, Michel Temer, llegan a la Presidencia para anunciar las reformas. La presidenta Rousseff y el vicepresidente, Michel Temer, llegan a la Presidencia para anunciar las reformas.
La presidenta Rousseff y el vicepresidente, Michel Temer, llegan a la Presidencia para anunciar las reformas.

Un juez de la Corte Suprema en Brasil falló ayer a favor de que la Policía Federal pueda interrogar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como testigo en su investigación por el escándalo de corrupción que envuelve a la estatal Petrobras.

El fallo llega tras una solicitud presentada por los investigadores el pasado 11 de septiembre para conocer la posible participación del exmandatario en el esquema de corrupción, y el mismo día en el que la presidenta Dilma Rousseff anuncia una amplia reforma de Gabinete para superar la crisis política y fiscal que asuela al país.

Los fiscales alegan que más de $2 mil millones fueron pagados en corruptelas por empresarios para obtener contratos en proyectos que subsecuentemente inflaron sus costos.

Rousseff reforma Gabinete

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció ayer una reforma de Gabinete que busca fortalecer su apoyo en el Congreso para aprobar un paquete de ajuste y alejar el fantasma de un impeachment o juicio político.

La gobernabilidad se convirtió en una prioridad para la mandataria que, según las encuestas, tiene un 10% de apoyo de la ciudadanía y está asfixiada por una recesión económica en momentos en que su Partido de los Trabajadores (PT) es cuestionado por denuncias de corrupción en la estatal Petrobras.

“Precisamos estabilidad política. Por eso, esta reforma tiene un propósito: actualizar la base política del Gobierno, buscando una mayoría que amplíe nuestra gobernabilidad”, dijo Rousseff.

“Los gobiernos de coalición necesitan de apoyo en el Congreso. Vivimos en una democracia. Es con el Congreso elegido por el pueblo que mi gobierno tiene que dialogar para aprobar medidas y leyes que aceleren la salida de la crisis”, añadió.

La modificación anunciada elimina 8 de los 39 ministerios actuales y le entrega la cartera de Salud –la de mayor presupuesto del Estado– al diputado Marcelo Castro, del PMDB ( Partido Movimiento Democrático), principal socio del PT en el parlamento. Ahora esa fuerza administrará siete áreas de gobierno, una más de las que tenía.

La presidenta informó asimismo que recortará un 10% su salario y el de sus ministros, y que achicará la maquinaria pública en 30 secretarías y 3 mil puestos de asesoría pública estatal, además de límites en los gastos de telefonía celular y viajes.

El Gobierno ha estimado que estas medidas ahorrarán alrededor de 50 millones, apenas una pequeña parte del presupuesto que Rousseff solicitó al Congreso en agosto, con un déficit integrado de alrededor de 10 billones.

La bolsa tuvo una reacción positiva a los anuncios y cerró con un alza de 3.79%.

Rousseff busca retomar la iniciativa que perdió a manos de un Congreso fragmentado y rebelde desde que comenzó su segundo mandato en enero pasado, tras una reñida victoria en 2014.

La parálisis del Palacio de Planalto movilizó esta semana al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para ayudar a su atribulada ahijada política a estrechar lazos con el PMDB, que tiene más diputados y senadores que el propio PT.

“La Presidenta resolvió hacer esta reforma ministerial después de mucha presión del PMDB y también de mucha presión del expresidente Lula, con el objetivo fundamental de reducir el riesgo de sufrir un proceso de impeachment en el Congreso (...) Lo que busca es garantizarse el apoyo del PMDB”, dijo el analista político Ricardo Ribeiro, de MCM Consultores.

Más allá de las numerosas alianzas parlamentarias, con 66 diputados y 18 senadores el PMDB es la primera fuerza del Congreso, que tiene 513 miembros en la cámara baja y 81 en la alta. El PT cuenta con 62 diputados y 13 senadores propios.

La reforma “agrava la falta de credibilidad del Gobierno. Es un mapeo para intentar escapar del impeachment”, resumió el senador Cassio Lima, del opositor PSDB.

Como parte de la reestructuración, Rousseff nombró como nuevo jefe de Gabinete a Jaques Wagner, un histórico del PT que conducía Defensa, muy cercano a Lula, en reemplazo de Aloizio Mercadante, que pasó a Educación.

La mandataria es acusada de usar recursos públicos para su campaña y solventar programas sociales a través de entidades financieras públicas, que está prohibido por ley. Ambas denuncias podrían justificar un juicio político y terminar su mandato.

Rousseff no logró formar una base sólida en el parlamento, que este año se convirtió en una piedra en su zapato y obstaculizó proyectos clave, como un ajuste fiscal para ordenar las cuentas públicas. Además, sufrió los embates del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del PMDB, que se declaró opositor luego de que la fiscalía lo acusara de cobrar un soborno de 5 millones de dólares en la causa Petrobras.

Este poderoso político evangélico, que gusta de jugar al límite, tiene entre sus funciones la de archivar o dar luz verde a los pedidos de impeachment. Si el PMDB decide respaldar a Rousseff, el Gobierno podrá dejar de obsesionarse con el juicio político y empezar a ver como más viable la aprobación de recortes de gasto y la creación de impuestos que impulsa desde que el país perdió el grado de inversión.

Tras 12 años en el poder, nada parece funcionar bien para el PT. Su extesorero fue condenado a 15 años de prisión por lavar dinero de sobornos en Petrobras y José Dirceu, exjefe de Gabinete del primer gobierno de Lula (2003-2010), enfrenta un juicio por la misma causa y es señalado como el creador del fraude empresario-político que drenó al menos 2 mil millones de dólares de la petrolera.

“Esta gran confusión solo va a resolverse en 2018, cuando asuma un nuevo presidente que esté legitimado. Hasta ese entonces, vamos a vivir una agonía”, anticipó el cientista político Ribeiro.

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