DECLARACIÓN JURADA DE BIENES PATRIMONIALES ES DE CARÁCTER PÚBLICO

Avalan postura del procurador

Dirigentes de la sociedad civil exigieron que se cumpla con lo que dispuso el procurador de la Administración, Rigoberto González.

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Los notarios deberán enviar copia de las declaraciones de bienes patrimoniales de los funcionarios a la Contraloría, según lo establece la ley. Los notarios deberán enviar copia de las declaraciones de bienes patrimoniales de los funcionarios a la Contraloría, según lo establece la ley.
Los notarios deberán enviar copia de las declaraciones de bienes patrimoniales de los funcionarios a la Contraloría, según lo establece la ley.

Dirigentes de la sociedad civil organizada pidieron a los funcionarios y a los notarios cumplir con el pronunciamiento del procurador de la Administración, Rigoberto González, en el sentido de que las declaraciones juradas de bienes patrimoniales de funcionarios que manejan fondos del Estado son de acceso público.

Evaluaron como “positivo” el pronunciamiento de González, quien el miércoles dijo que dichos documentos son de libre acceso para los ciudadanos. González argumentó que la Ley 6 de 2002 (Transparencia) no da carácter restringido a las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios, por lo que son de acceso público.

Para Carlos Gasnell, vicepresidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, que se haya aclarado por parte de la Procuraduría de la Administración la naturaleza de la declaración patrimonial de bienes, es positivo.

“No había argumentos legales válidos para que las notarías no entregaran estas declaraciones a quien lo solicitara”, dijo.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia también acogió de manera satisfactoria el pronunciamiento emitido. Carlos Lee, presidente de esa organización, manifestó que se ha respaldado el clamor de los ciudadanos que han exigido el cumplimiento de la Ley 6 de 2002, la cual establece el derecho a conocer la información de los bienes de los funcionarios que manejan los fondos del Estado o que están obligados a consignar una declaración de sus bienes.

“Es un mecanismo que contribuye a la transparencia y evita el enriquecimiento injustificado”, enfatizó.

Elia López de Tulipano, del Foro de Mujeres Políticas, indicó que es bueno que sean públicas. No obstante, planteó que “lamentablemente la práctica política en cada período de gobierno es lo que ha causado el incumplimiento de la ley. A veces, no hay quién le ponga el cascabel al gato a los notarios, porque responden a intereses politiqueros”.

Por ley son los notarios los encargados de recibir las declaraciones de bienes de los funcionarios y remitirlas a la Contraloría, pero en muchos casos los servidores públicos no presentan dicho documento, incurriendo en la violación de las normas.

Al respecto, Gisela Dudley, encargada de la Notaría Décima Tercera, dijo que ella no tiene problema con dar a conocer las declaraciones de bienes. De la misma manera se ha pronunciado Raúl Castillo, notario décimo.

Sin embargo, durante el quinquenio pasado, varios notarios se negaron a revelar esos datos alegando que eran documentos privados.

A ello contribuyó la propia Corte Suprema, que en 2008 consideró, mediante fallo, que la declaración patrimonial es “confidencial”.

Precisamente, esa fue una de las razones que motivaron al fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, a pedir la opinión de González. Por ello, Rodríguez consideró positivo y satisfactorio el pronunciamiento del procurador al dejar muy claro que la declaración patrimonial de bienes tiene carácter público.

El hecho de que las declaraciones juradas de bienes no se hagan públicas es un obstáculo para la transparencia de la gestión pública. Al menos así lo consideran dirigentes de los diferentes sectores del país.

Para Annette Planells, del Movimiento Independiente, al despejar la duda sobre las declaraciones juradas de los funcionarios se da un “pequeño” avance en la lucha contra la corrupción.

Hoy, la Procuraduría General de la Nación investiga a varios exfuncionarios por supuesto enriquecimiento injustificado.

Mientras que la Asamblea Nacional condenó por este delito a cinco años de cárcel al exmagistrado de la Corte Suprema Alejandro Moncada Luna. Una pieza clave en el juicio fue, precisamente, la declaración de bienes patrimoniales.

Las declaraciones juradas de bienes patrimoniales son obligatorias para el presidente de la República, el vicepresidente, ministros, presidente de la Asamblea Nacional, jefes de entidades autónomas y todo aquel que ocupe puesto de mando y jurisdicción debe presentar su declaración, según el artículo 304 de la Constitución.

Los diputados, tanto de la Asamblea Nacional como los del Parlamento Centroamericano, están exentos de presentar declaraciones de bienes. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información busca realizar modificaciones a la Ley N° 59 de 1999 para incluirlos.

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