Bacteria del miedo

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Aislamiento de áreas hospitalarias, traslado de pacientes, reacondicionamiento y remodelaciones debieron hacerse en el complejo de la Caja de Seguro Social para contener el brote de la bacteria KPC. Aislamiento de áreas hospitalarias, traslado de pacientes, reacondicionamiento y remodelaciones debieron hacerse en el complejo de la Caja de Seguro Social para contener el brote de la bacteria KPC.
Aislamiento de áreas hospitalarias, traslado de pacientes, reacondicionamiento y remodelaciones debieron hacerse en el complejo de la Caja de Seguro Social para contener el brote de la bacteria KPC.

El 1 de junio de 2010, una misiva enviada por el coordinador del Comité de Infecciones Nosocomiales de la Caja de Seguro Social (CSS), José L. Moreno, al entonces director médico del Complejo Hospitalario de la institución, Alonso Alvarado, alertó sobre “algunos casos de pacientes hospitalizados con la bacteria Klebsiella Pneumoniae Carbapenemasa (KPC), un microorganismo nosocomial muy agresivo que había causado ya estragos en otros países de la región.

Desde el 15 de diciembre de ese año, el Ministerio de Salud (Minsa) sabía que en el Complejo Hospitalario de la CSS se habían hallado dos cepas de la bacteria KPC, luego de que se lo notificara el Laboratorio Central de Referencia de Salud Pública.

Sin embargo, fue solo 12 días después, el 27 de diciembre, cuando Salud Pública del Minsa emitió una circular para notificar sobre este hecho y recomendar medidas de vigilancia a los hospitales, según un informe oficial.

El 28 de diciembre fue notificado de la situación el director de la CSS, Guillermo Sáez–Llorens. La CSS diría después que desde que se había detectado el brote, se tomaron medidas para contener su expansión.

Sin embargo, sería solo meses más tarde, cuando una serie de muertes inexplicables pusieron en alerta a la población, que la situación saldría a la luz pública.

Para entonces, la bacteria se había cobrado la vida de 16 personas.

No sería hasta junio de 2011 que la CSS formalmente diría por qué había tardado tanto en hablar públicamente del tema: se trataba de información técnica y no quería crear “pánico innecesario”.

En agosto de ese año, la asistencia al complejo hospitalario de la CSS había reportado una baja sensible. Aproximadamente el 50% de los pacientes no estaba acudiendo a sus citas e igual ocurría en consulta general, e incluso en urgencias. La gente tenía miedo.

La CSS decidió trasladar a los pacientes colonizados por la bacteria al hospital docente de la 24 de Diciembre. Entre tanto, se habían tomado otras medidas, como desinfección y remodelaciones.

El Ministerio Público ya adelantaba una investigación por los decesos. En enero de 2012, el fiscal tercero superior, Sofanor Espinosa, confirmó que algunos de los análisis apuntaban a que las muertes habían sido provocadas por la KPC.

En junio de 2013, el fiscal Espinosa señaló que los nueve médicos y dos peritos de la CSS acusados por las muertes ocasionadas por la KPC, habrían omitido procedimientos o actuado con negligencia, mas no con mala intención.

En septiembre, después de un año de investigación, la fiscalía formuló cargos por homicidio culposo a los acusados.

En diciembre, las autoridades médicas del Complejo Hospitalario de la CSS dieron por terminado el brote de KPC, luego de que en seis meses no se registraran nuevos pacientes afectados.

En abril, la Fiscalía Décima de Circuito anunció que remitiría al Órgano Judicial la vista fiscal del proceso por delito contra la vida e integridad personal, tras la muerte de al menos 23 pacientes. A esa altura, el expediente ya tenía aproximadamente 35 tomos y 129 anexos.

En mayo de 2014, el juez decimocuarto de circuito penal, José Carrera, rechazó una petición para que cinco de los nueve médicos acusados no fuesen indagados.

La Fiscalía Décima de Circuito, en su vista del 28 de julio, solicitó llamamiento a juicio de seis de los investigados por el presunto delito de homicidio culposo y pidió el sobreseimiento a otros cinco.

Familiares de las víctimas, entre tanto, insistían en la responsabilidad del director Sáez–Llorens. En julio, la representación legal de estos familiares presentó una petición ante la Corte Suprema de Justicia para que se le aplicara una medida cautelar de impedimento de salida del país al director de la CSS

En agosto, Sáez–Llorens acudió a la Asamblea Nacional donde evadió la mayoría de las interrogantes sobre las muertes por la KPC y las derivó a otros subalternos.

El caso sigue pendiente de decisión judicial. En la CSS, entre tanto, no ha vuelto a registrarse ningún caso de KPC.

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