SE CUMPLEN 46 DÍAS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Balance de la nueva justicia

Desde el pasado 2 de septiembre se han tramitado 63 casos, casi todos han sido por violencia doméstica y posesión de drogas.

PREVENTIVAS. Las celdas para reos en Penonomé no han sido usadas. LA PRENSA/Jorge Fernández PREVENTIVAS. Las celdas para reos en Penonomé no han sido usadas. LA PRENSA/Jorge Fernández
PREVENTIVAS. Las celdas para reos en Penonomé no han sido usadas. LA PRENSA/Jorge Fernández

Luego de 46 días de la puesta en ejecución del nuevo sistema penal acusatorio, no todo es color de rosa en el Segundo Distrito Judicial que comprende las provincias de Coclé y Veraguas.

Mientras la mayoría de los funcionarios del Ministerio Público (MP) y del Órgano Judicial le atribuyen al nuevo sistema una gran celeridad para evacuar los casos menores, los abogados litigantes sostienen que se les ha excluido del proceso de formación, y que están en desventaja frente a los fiscales y personeros.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados en Coclé, Julio Botello, confirmó que los litigantes no tienen acceso a la plataforma que contiene los procesos adelantados por el Órgano Judicial y, por ello, no pueden observar el avance de los casos, lo que les dificulta plantear adecuadamente sus defensas.

Dijo que la única manera de participar y de conocer el funcionamiento de las audiencias, es ubicarse en los tribunales y esperar a que se realice un proceso.

Los personeros, fiscales y funcionarios de la Defensoría Pública sí tienen acceso a los casos, dijo, y ello crea una cierta desventaja para los litigantes.

Al mismo tiempo, precisó que los personeros parecen no tener la misma calidad de formación que los fiscales y demuestran un desconocimiento básico del sistema, por lo que los abogados particulares deben regresar reiteradamente a sus despachos para saber si se ha tomado alguna decisión.

Alex Stanley, abogado con más de 10 años de ejercicio en Coclé y exfuncionario del MP, coincidió con Botello en el hecho de que a los litigantes no se les ha dado la misma oportunidad de preparación que a los funcionarios, por lo que la mayoría desconoce el nuevo procedimiento y apenas tiene una idea vaga de su alcance.

Sin embargo, agregó que en este primer mes ha habido algunos avances, sobre todo en los tiempos de resolución de los casos menores, que antes demoraban hasta seis meses y ahora apenas 48 horas. Según el abogado, esto evita el hacinamiento en las cárceles porque casi no hay detenciones preventivas.

“Antes, una persona podía estar detenida hasta seis meses mientras la fiscalía investigaba. Ahora se investiga y luego se detiene, lo que evita arrestos innecesarios”, dijo.

En la contraparte, reconoció que algunas víctimas se han quejado porque los acusados no permanecen detenidos, sino que se les aplican otro tipo de sanciones, como el pago de multas y la realización de acciones comunitarias.

“Aún no se tiene conciencia clara de los métodos de resolución de conflictos que permite el sistema”, señaló.

Entre esas figuras se encuentra el desistimiento, a través de la cual el MP abandona la investigación al no hallar méritos para continuar con esta; y los acuerdos, con los que las partes arreglan una solución del conflicto.

Asimismo, la suspensión condicional del proceso, con la que el MP decide suspender la investigación de forma provisional; y la conciliación, en la que también se llega a un acuerdo entre las partes.

Cambios

Arsenia Solís, de la Defensoría Pública de Penonomé, también destacó la eliminación del “cuello de botella” que se formaba en el sistema anterior con los casos de delitos menores, y atribuyó a esa celeridad una justicia más rápida para las víctimas.

El procurador de la Nación, José Ayú Prado, advirtió que aún es necesario ajustar el sistema, sobre todo en lo relacionado con la asignación del personal.

A su vez, Oliver Vásquez, fiscal de Familia de Coclé y miembro del equipo de coordinación del sistema en esa provincia, resaltó la “óptima” coordinación entre el MP, la Policía Nacional y el Órgano Judicial, y aunque reconoció que hasta ahora la respuesta de los usuarios ha sido positiva, aún se requiere difundir más información públicamente, pues gran parte de la población desconoce las bondades del sistema.

Vásquez se mostró optimista de que poco a poco la comunidad reconocerá los beneficios del nuevo proceso, entre los cuales recalcó las distintas opciones para la solución de los conflictos sin la necesidad de llegar a un juicio y sin que transcurra mucho tiempo.

Por su parte, la directora de la oficina judicial de Veraguas, Gloria Sánchez, detalló que uno de los principales cambios del sistema se refiere a la oralidad de los procesos, con lo que ha quedado atrás el enorme manejo de documentos impresos.

Admitió que aún el sistema está un poco lento y que a los despachos no llegan muchos casos, pero los que llegaron fueron resueltos por los jueces de garantías.

Proyecciones

Juan Francisco Castillo, coordinador del sistema por parte del Órgano Judicial, dijo que hasta ahora han sido tramitados 63 casos, en su mayoría de violencia doméstica y posesión de drogas.

Los casos de delitos mayores (homicidio, secuestro, narcotráfico) están en fase de investigación y es muy probable que pasen al sistema, en una segunda fase, a partir del próximo mes de diciembre.

Así mismo, Castillo insistió en que si bien el proceso de aplicación del nuevo sistema ha sido efectivo, todavía es necesario darle más tiempo a la población para que conozca sus ventajas.

El sistema penal acusatorio entró en vigencia el pasado 2 de septiembre en las provincias de Coclé y Veraguas. De acuerdo con el cronograma judicial, está previsto que sea aplicado en Herrera y Los Santos en 2012, en Chiriquí y Bocas del Toro a partir de 2013, y en Panamá, Colón y Darién en 2014.

Las reglas están definidas

La experta costarricense María Cecilia Sánchez opinó que la principal ventaja del sistema penal acusatorio es que limita la participación de los jueces en el manejo de los procesos, porque establece reglas concretas para todas las partes, y acorta los tiempos.

Sánchez, quien esta semana hizo una capacitación en Santiago de Veraguas para funcionarios y abogados particulares, explicó que el mayor reto ahora es que la ciudadanía se identifique con el modelo, ya que no se trata de plantear un sistema para favorecer la impunidad, sino que busca el respeto de los derechos fundamentales.

Agregó que Panamá tiene la ventaja de ser uno de los últimos países en aplicar el sistema, porque ello le permite aprender de los errores cometidos.

Según Sánchez, otra ventaja es la preparación hecha con antelación a su entrada en vigencia. Aseguró que el sistema les permite a los ciudadanos intervenir cuando sienten que sus derechos son afectados.

Juan Manuel Díaz C.

Observatorio de verificación

Durante el primer mes de vigencia del sistema penal acusatorio, la Alianza Ciudadana pro Justicia instaló un observatorio para verificar su aplicación, y estableció que la situación jurídica de un imputado se clarifica dentro de las 48 horas desde su aprehensión.

Según los primeros análisis del observatorio, desde el momento en que una persona es arrestada, la fiscalía la pone a órdenes del juez de garantías y este, en audiencia, define la legalidad de su detención, formula o no los cargos aplicables al delito y establece la medida cautelar requerida antes de 48 horas.

En el sistema anterior, que está vigente en casi todo el país, la situación de un detenido suele resolverse luego de varios días o semanas, y la decisión queda en manos del fiscal.

De acuerdo con el observatorio, la población en general desconoce el alcance del nuevo sistema penal.

Además, señala que se ha constatado que los abogados particulares han tenido que acudir a programas de formación privada para capacitarse en el sistema, pero se destaca el esfuerzo personal y el interés que la mayoría ha tenido en ajustarse.

En el caso de la Policía Nacional, el observatorio señala que cada funcionario debe portar un manual de preservación de la escena del crimen, para ajustarse a las nuevas exigencias.

Por otra parte, de los análisis preliminares del observatorio se desprende que las instituciones vinculadas al sistema han promovido, con la ayuda de organismos internacionales, programas de capacitación para sus funcionarios, por lo que cada servidor público que ha ingresado al sistema ya recibió entrenamiento, labor que, sin embargo, debe ser continua y permanente.

El observatorio realizará evaluaciones permanentes sobre el sistema.

Juan Manuel Díaz C.

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