desechos hospitalarios

Basura peligrosa y cara

El contrato de $4.3 millones es por seis meses y solo para los hospitales del Ministerio de Salud en Panamá y San Miguelito.

La empresa colombo-panameña Termomedic y Asociados podría obtener el contrato de $4.3 millones para el manejo, tratamiento y disposición de la basura peligrosa que generan los hospitales del sistema público de salud (excluyendo la Caja de Seguro Social) en los distritos de Panamá y San Miguelito, por un período de seis meses.

Al menos así lo recomendó la Comisión Evaluadora –formada por tres funcionarios del Ministerio de Salud– de la licitación del millonario contrato, en su informe del pasado 1 de agosto.

Las otras dos empresas participantes de la licitación –la venezolana Auramek Engineering Inc. y el grupo guatemalteco-panameño Ecotermo Panamá– fueron descalificadas.

Problemas fiscales causaron la descalificación de Auramek; mientras que la oferta económica de Ecotermo fue muy por debajo del precio base, lo que constituye una violación a los pliegos.

Ecotermo ofertó $1.83 por kilo de basura hospitalaria, mientras que la oferta económica de Auramek fue de $2.64.

La empresa recomendada por la Comisión Evaluadora hizo una oferta económica de $3 por kilo de basura, lo que coincidió con el precio base de la licitación.

Curiosidades

La empresa Termomedic, cuyo representante es el panameño Alfonso Palma, modificó su nombre en junio pasado. Antes del cambio se denominaba Vista del Mar Investment Group Inc. y, desde su creación en 2008, listaba una amplia gama de actividades, ninguna de ellas relacionadas con el tratamiento de basura hospitalaria. El citado cambio de nombre se inscribió en el Registro Público el 17 de junio.

El pliego exigía siete años de experiencia en el manejo de desechos hospitalarios, por lo que Termomedic se presentó a la licitación en asocio con la empresa colombiana Incineraciones BOK, creada en 2001.

Sin embargo, según información que la propia empresa colombiana aportó al proceso y que se encuentra en el portal PanamaCompra, Incineraciones BOK obtuvo su licencia ambiental para el manejo y disposición por incineración de residuos peligrosos mediante una resolución del 29 de enero de 2008 en su país. Es decir, hace solo tres años.

Otro detalle llama la atención sobre Incineraciones BOK: su jefe de planta es el colombiano Jorge Enrique Arias Botia, con solo un año de graduado en gestión ambiental y servicios públicos en la colombiana Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Actualmente, Arias Botia estudia ingeniería industrial en la Escuela Colombiana de Carreras Industriales. Los documentos aportados no dan detalle del año que cursa, ni su edad.

Es más, la documentación presentada por la empresa colombiana incluye la fecha de nacimiento de todo el personal involucrado en la licitación, menos la de Arias Botia.

Lo que sí queda evidenciado, es que el estudiante de ingeniería escaló rápidamente en Incineraciones BOK, ya que su entrada en la empresa se produjo en marzo de 2009.

Extraños movimientos

El pasado 15 de julio se realizó la apertura de sobres de las ofertas de las empresas interesadas en el millonario contrato. La licitación se había anunciado en PanamaCompra el 1 de julio.

Cuatro días después de la apertura de sobres, el 19 de julio, la Comisión Evaluadora recibió respuesta a una consulta hecha a la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la autenticidad del paz y salvo de la empresa venezolana Auramek.

La respuesta de la DGI fue contundente. Auramek “mantiene morosidad” con la institución en concepto de impuestos por lo que se decretó “medida cautelar preventiva [secuestro], a raíz de investigación que se adelanta en su contra”.

Ninguna de las notas se encuentra en PanamaCompra. Se sabe de su existencia porque son mencionadas en el informe final de la Comisión Evaluadora.

Unos días más tarde, el 27 de julio, el ministro Franklin Vergara envió una nota a los tres funcionarios y miembros de la Comisión Evaluadora remitiéndoles “el dossier que contiene la licitación...”, y urgiéndoles a proceder con el informe final.

El 29 de julio, los comisionados acuden nuevamente a la DGI, para solicitar se certifique “la validez del paz y salvo entregado por Auramek”.

El interrogante de los comisionados fue contestado el mismo día por el director de la DGI, Luis Cucalón: todo paz y salvo o documento que había emitido esa dirección a Auramek “no posee validez alguna para efectos de participar o aspirar a licitaciones públicas y demás actos, hasta tanto su situación jurídica de orden tributario no sea resuelta”.

Cucalón, además, reveló que el secuestro contra la empresa se había iniciado el 11 de julio.

Al ser consultado sobre esta situación, el representante legal de Auramek, Ramón Real, dijo que “por el momento, no daremos declaraciones”, debido a que se concentrarán en la presentación de las acciones legales a su alcance con su equipo de abogados. El término es perentorio: de solo dos días.

Una fuente consultada por La Prensa aseguró que la morosidad asciende a $348 mil, en concepto de impuestos por adquisición de equipos para su operación en 2008, y no por cobro de servicios.

A inicios de año, los directivos de Auramek solicitaron públicamente una cita con el presidente, Ricardo Martinelli, luego de que el 29 de octubre de 2010, el ministro Vergara emitiera una resolución en la que cancelaba los permisos de operación de las empresas encargadas hasta ese momento de manejar los desechos hospitalarios. Entre las empresas afectadas estaba Auramek.

Ese mismo día, el ministro emitió otra resolución autorizando a Naves Supply –dedicada hasta ese momento únicamente a recoger la basura de los barcos en el puerto de Balboa– para que se encargara de los desechos hospitalarios (ver nota relacionada).

Basura peligrosa

El destino de las desechos que producen los hospitales –públicos y privados– constituye otro ejemplo de la generaliza crisis del manejo de la basura que enfrenta cada población del país.

Si bien el Decreto Ejecutivo 111 de 1999 reglamenta la competencia del Ministerio de Salud en materia de basura hospitalaria, el tema solo llegó a los medios de comunicación como consecuencia de la eliminación de la Dirección Metropolitana de Aseo Urbano y Domiciliario y la consecuente creación de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) que empezó sus funciones en enero de 2011.

Al crearse la AAUD, el ministro Vergara hizo saber que asumiría el control de la basura hospitalaria y, con ella, el millonario presupuesto para su gestión.

Por el momento, el proceso de contratación liderado por el Ministerio de Salud (Minsa) solo abarca los distritos de Panamá y San Miguelito, donde, según declaraciones dadas a este diario por el ministro Vergara, se generan 7 mil 525 kilos de basura hospitalaria diariamente en las instalaciones del Minsa.

La basura hospitalaria que genera la Caja de Seguro Social no está incluida en esta cuenta, por lo que podrán continuar con sus contrataciones de manera individual, contrario a lo que establece la Resolución del 30 diciembre de 2010 que señala que el Minsa también se “encargará” de la basura de los hospitales del Seguro Social.

El resto del país está en manos de los municipios –salvo Chiriquí– sin que exista supervisión técnica del procedimiento de manejo por parte de los rectores de la salud pública del país.

La polémica y el negocio

Sorpresivas cancelaciones de permisos de operación, autorizaciones individualizadas, contrataciones directas y agrias polémicas públicas marcaron la toma de control del manejo de la basura hospitalaria por parte del ministro de Salud, Franklin Vergara, a finales de 2010.

Las primeras acciones de Vergara se dieron el 29 de octubre de 2010, cuando suspendió los permisos de operación a las empresas que, hasta ese momento, se dedicaban a la recolección de desechos hospitalarios peligrosos.

La sorpresa inicial de los representantes de las empresas que perdían sus permisos de operación se transformó en estupor, cuando Vergara autorizó ese mismo día a la empresa Naves Supply, dedicada hasta entonces solo a la basura generada por los barcos, a que se encargara de la recolección y disposición final de los desechos hospitalarios.

Pocos meses después, Naves Supply fue contratada directamente por el ministro Vergara para incinerar los desechos por tres meses a un monto de 1.9 millón de dólares.

A los medios llegaron entonces las denuncias ciudadanas que acusaban al ministro de contratar una empresa sin experiencia en el manejo de este delicado material. El cruce de acusaciones llegó incluso al Ministerio Público.

Sin embargo, las contrataciones directas del ministro Vergara siguieron. Tras Naves Suply vinieron las empresas Ingeniería Técnica y Consultoría Ambiental S.A., y Pronto Aseo S.A., esta última creada el 19 de octubre de 2010.

Ambas compañías obtuvieron contratos por 298 mil 530 dólares por tres meses, para la recolección, transporte y disposición final de los desechos hospitalarios de San Miguelito, Panamá metro y Taboga.

Todo antes de la licitación que está ahora por definirse.

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