Benavides renuncia como magistrado de la Corte

Víctor Benavides presentó ayer su renuncia irrevocable al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual fue aceptada, horas después, por el presidente de la República, Juan Carlos Varela. Su dimisión se da en medio de una investigación que se le sigue en la Asamblea Nacional por una denuncia por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y contra la libertad e integridad sexual. Benavides adujo razones personales y familiares para abandonar el cargo que debió ocupar hasta diciembre de 2015.

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. Víctor Benavides, de 64 años de edad, laboró 32 años en la Procuraduría de la Administración y 10 años en la Corte. Abandona el cargo de magistrado en medio de investigaciones por presuntos actos de corrupción. . Víctor Benavides, de 64 años de edad, laboró 32 años en la Procuraduría de la Administración y 10 años en la Corte. Abandona el cargo de magistrado en medio de investigaciones por presuntos actos de corrupción.
. Víctor Benavides, de 64 años de edad, laboró 32 años en la Procuraduría de la Administración y 10 años en la Corte. Abandona el cargo de magistrado en medio de investigaciones por presuntos actos de corrupción.

Víctor Benavides presentó ayer su renuncia irrevocable al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual fue aceptada, horas después, por el presidente de la República, Juan Carlos Varela. Su dimisión se da en medio de una investigación que se le sigue en la Asamblea Nacional por una denuncia por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y contra la libertad e integridad sexual. Benavides adujo razones personales y familiares para abandonar el cargo que debió ocupar hasta diciembre de 2015.

La salida de Benavides ocurre días antes de la audiencia que el diputado fiscal Jorge Alberto Rosas había solicitado a la subcomisión de Garantías del Legislativo para formularle cargos por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios. Ahora corresponderá a la Asamblea remitir al Ministerio Público la denuncia que admitió en mayo pasado contra el entonces magistrado, para que sea investigado por la justicia ordinaria.

Benavides abandona la Corte

Tras casi dos meses de estar siendo investigado en la Asamblea Nacional por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y contra la libertad e integridad sexual, el magistrado Víctor Leonel Benavides presentó su renuncia a ese cargo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En una carta que remitió a las 2:42 p.m. de ayer al presidente de la República, Juan Carlos Varela, y al presidente de la CSJ, José Ayú Prado, Benavides renunció. A las 5:48 p.m. la Secretaría de Comunicación del Estado confirmó que el jefe del Ejecutivo aceptaba la renuncia del magistrado, quien fue designado a partir de enero de 2006 durante la administración de Martín Torrijos por 10 años. Debía abandonar el puesto en la CSJ en diciembre próximo.

Al presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, también se le envió copia de la renuncia.

Sus Razones

Benavides asegura en su carta que su renuncia se debe a “una especial circunstancia familiar, debido a la denuncia con claras pretensiones de venganza que ha promovido uno de los secuestradores de mi madre doña Cecilia Pinilla de Benavides, el cual fue condenado a una pena de 15 años de prisión”.

Se refiere a la denuncia que se interpuso el 21 de abril pasado ante la Asamblea Nacional por parte de la firma de abogados Vega &Álvarez, la cual presentó como prueba una declaración jurada del exescolta del magistrado, Vicente Caballero, detenido en la cárcel pública de Santiago, en Veraguas, por el secuestro de la madre de Benavides.

Caballero acusó a Benavides de supuesta venta de sus fallos en la CSJ, y de presuntos delitos sexuales con menores de edad. La denuncia fue admitida el 7 de mayo en la comisión legislativa de Credenciales.

Sobre estas denuncias Benavides agrega que “soy del criterio que las denuncias, procesos y asuntos legales del tipo que fuesen, deben ser ventilados en los tribunales y ante las autoridades competentes, sin perjuicio del derecho a la información pública que tienen los asociados, a quienes nos debemos por jerarquía y responsabilidad del cargo que se ostenta”.

Además, planteó que el proceso seguido en su contra en la Asamblea Nacional ha estado viciado, ya que en estricto derecho nunca debió ser admitido, por no haberse aportado la prueba idónea, así como la legitimidad de los denunciantes y la prescripción de la acción penal.

Al mismo tiempo consideró que la subcomisión de Garantías de la Asamblea, quizás pudo tener la intención de aplicar correctamente los derechos y garantías, pero que por tratarse del sistema penal acusatorio de un procedimiento novedoso, aunado a la presión social que se ejerció sobre ellos, denotó la carencia de conocimientos tanto del Código de Procedimiento Penal, como del Pacto de San José y que ello provocó que prevaleciera el interés político por encima de la ley.

Aseguró que lo anterior es así porque “me estoy enfrentando a un inminente juicio político, en el cual no cuento con las debidas garantías de mis derechos constitucionales y legales”.

Benavides se convierte en el segundo magistrado de la CSJ que sale del cargo este año.

En marzo pasado Alejandro Moncada Luna fue condenado a 60 meses de prisión, tras haberse declarado culpable de la comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos.

El Ejecutivo aún no ha nombrado su reemplazo.

Caso contundente

Tras conocer de la renuncia de Benavides, el fiscal de la causa seguida en su contra en el Legislativo, el diputado Jorge Alberto Rosas, explicó que lo que procede es que la Asamblea, a través de la comisión de Credenciales, remita el expediente con todas las pruebas adelantadas al Ministerio Público.

Por disposición constitucional corresponde a la Asamblea Nacional investigar a los magistrados de la CSJ. Cuando dejan de serlo le compete a la justicia ordinaria, es decir la investigación pasa al Ministerio Público.

Rosas había solicitado para el próximo martes una audiencia a la subcomisión de Garantías en este proceso, para imputarle cargos a Benavides por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales y de corrupción de funcionarios.

También iba a pedir la separación del cargo y su arresto domiciliario.

El fiscal había descartado los delitos sexuales tras entrevistarse con las supuestas víctimas del entonces magistrado, quienes negaron algún contacto sexual con él.

Rosas aseguró que tenía las pruebas suficientes para sustentar los otros delitos a Benavides.

Además, la subcomisión de Garantías le había cautelado una cuenta por $424 mil en el Banco Nacional de Panamá (BNP).

Las investigaciones en la Asamblea arrojaron que durante el cargo de magistrado Benavides logró adquirir un apartamento en el P.H. Sofía Tower en Obarrio, valorado en $260 mil, aún con hipoteca y tres residencias en Santiago sin hipotecar, valoradas en $150 mil. Estas últimas están a nombre de Benavides y dos de sus sobrinos.

En tanto, Ana Matilde Gómez, quien conforma la subcomisión de Garantías en el caso seguido a Benavides, señaló que una vez notificada de la renuncia, la Asamblea pierde inmediatamente competencia para atender el proceso, porque solo tiene posibilidades de actuaciones judiciales, en este caso, por la investidura de un magistrado.

“La audiencia de imputación de cargos convocada para el martes 23 de junio, no se realizará porque el señalado ya no tiene la investidura de magistrado que le da a la Asamblea competencia para investigarlo”, aclaró la diputada Gómez.

Manifestó que como los delitos denunciados son perseguibles de oficio es de obligación del propio fiscal dictar una resolución o una nota en la que se fundamente que hay delitos denunciados que pueden ser hechos perseguibles de oficio y mandarla al Ministerio Público para que la procuradora de la Nación depure la denuncia y vea qué le compete y qué no le compete.

“El fiscal, teniendo conocimiento de la renuncia, puede inmediatamente remitir todo lo investigado al Ministerio Público”, precisó.

Amparos

Contra las decisiones adoptadas en la Asamblea, Benavides presentó a la CSJ cuatro amparos de garantías. El primero fue contra la admisión de la denuncia en su contra; el segundo, contra la designación del fiscal Rosas. Posteriormente llevó a la CSJ dos recursos más: uno contra la resolución de la comisión de Credenciales que designó a la subcomisión de Garantías, integrada por los diputados: Héctor Valdés Carrasquilla, Katleen Levy y Ana Matilde Gómez y otro contra la decisión de la subcomisión de Garantías que le aprehendió una cuenta en el BNP.

Fallos polémicos

En diciembre pasado el presidente Varela criticó un fallo en el que Benavides fue ponente, el cual condenó al Estado a pagar $5 millones a una empresa a la que se le anuló un contrato, cuyo valor era por $260 mil.

En esa ocasión Varela dijo que “quien no sea leal al Estado que renuncie”.

“Veo a magistrados de la Corte fallando contra el Estado, en un proyecto de $260 mil, a pagar $5.5 millones contra el Estado. Eso no está bien. Esa es plata que le pertenece al pueblo”, dijo Varela en esa ocasión.

También Benavides, en otro polémico fallo, el 18 de marzo pasado ordenó el reintegro del fiscal primero de La Chorrera, Alcides Pimentel, quien había sido destituido en 2012 por la pérdida de $2 mil, y que formaban parte de una prueba contra uno de los procesos.

Suplente

Nelly Emperatriz Cedeño Montenegro, magistrada suplente de Benavides, deberá actuar como principal hasta que se nombre un titular en propiedad.

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