atentado contra la institucionalidad electoral

CD retrocede; diputados no

El grupo de diputados de Cambio Democrático (CD) en el Parlacen alega que no desistirá de la demanda contra los magistrados del TE.

El abogado Hugo Polo, en representación del Partido Cambio Democrático (CD), presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia sendos recursos de desistimiento para dos de las tres denuncias presentadas contra los magistrados del Tribunal Electoral (TE), Gerardo Solís, Eduardo Valdés Escoffery y Erasmo Pinilla por supuestas irregularidades en el manejo de la investigación de las elecciones realizadas en el corregimiento de El Bebedero, Tonosí, Los Santos, el 4 de diciembre pasado.

A pesar de la petición de desistimiento, Polo recalcó que las denuncias que interpuso contra los magistrados del TE fueron producto de violaciones al debido proceso en las que incurrieron estos funcionarios, en el expediente que instruían por la demanda de nulidad de dichas elecciones presentadas por el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), por supuesto uso de recursos del Estado por miembros del CD para favorecer a uno de los candidatos.

Planteó que las acciones legales no estaban orientadas a lograr la renuncia de los magistrados del TE, sino a que se reconociera el triunfo de CD en las elecciones de El Bebedero.

También aseguró que el presidente, Ricardo Martinelli, no tuvo nada que ver en la presentación de las denuncias, pero que esto fue usado políticamente por partidos de oposición para sugerir que se intentaba descabezar el TE, y que no tiene intenciones de presentar nuevos recursos legales por este tema.

Polo presentó el desistimiento de la denuncia administrativa contra los magistrados del TE, presentada el 23 de mayo de 2012, y de una querella penal interpuesta en junio pasado que se encuentran radicadas en el despacho del magistrado Harry Díaz.

Planteó que las denuncias presentadas buscaban que se separara a los magistrados Solís, Valdés y Pinilla y sus respectivos suplentes del conocimiento del caso de El Bebedero.

Fuentes del Órgano Judicial confirmaron que ambas peticiones fueron remitidas al despacho del magistrado Díaz, que deberá decidir si admite los desistimientos o si continúa con el trámite de ambas denuncias.

En la primera denuncia, presentada el 23 de mayo y que incluía a los suplentes de los magistrados del TE, los miembros de CD sostienen que se violaron normas del Código Judicial relativas a la ética judicial, ya que los magistrados nunca debieron admitir las demandas presentadas por el PRD.

La segunda denuncia de carácter penal pide investigar a los magistrados del TE por los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes públicos.

´Prefiero la muertE´

Quienes no desistirán de retirar la demanda contra los magistrados son los siete diputados de CD en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

“Prefiero la muerte antes que echar para atrás”, dijo la diputada y actual gobernadora de Panamá, Mayín Correa. Este grupo de diputados presentó un “incidente de desacato” que consiste en que los magistrados del TE no han cumplido con la orden de la sentencia de la Corte Suprema de entregarles sus credenciales.

Y es que tras presentar una serie de recursos, ante la denuncia que previamente había puesto el PRD y que los dejó fuera del Parlacen en 2009 por supuestamente no escoger a sus candidatos a ese foro como decían sus estatutos, CD logró que la Corte le reconociera al menos siete diputados en 2010.

El TE les entregó sus credenciales a los siete diputados Mayín Correa, Julio César Pinzón, Esteban Ruiz, Manuel Hernández, David Arce, Noriel Ceitu e Irving Centeno, pero con vigencia hasta el 24 de noviembre de 2010. Y es que la Asamblea aprobó una ley que daba luz verde a Panamá para salirse del foro en ese fecha.

El panorama cambió cuando la Corte, en enero de este año, declaró inconstitucional esa ley, por lo que Panamá regresó al Parlacen. Por ello, los diputados de CD piden nuevas credenciales con fecha de vencimiento a julio de 2014, pese a que el presidente Martinelli dijo en campaña que en esta gestión no irían al Parlacen.

Luis Cortés, diputado suplente de CD en el Parlacen, confirmó que no retrocederán en su acción legal.

“Nos parece un absurdo que algunos dirigentes de la oposición comenten en los medios que nosotros debemos desistir de nuestra pretensión de que se nos reconozca el derecho a ser proclamados en nuestra justa aspiración”, precisó Cortés

Mientras, el abogado de los diputados, Abraham Rosas, informó que hasta el momento no le han solicitado desistir del recurso.

CORTÉS DEFIENDe A CD

La ministra de Trabajo, Alma Cortés, y a su vez subsecretaria general de CD, defendió el papel del Presidente en esta polémica.

Dijo que Martinelli, como presidente del colectivo, debe firmar todo lo relacionado con esa organización política. Y fue por ello que firmó las demandas a su nombre.

Ahora, dijo Cortés, el mandatario le delegará esa facultad para firmar.

Sobre la denuncia presentada por Hugo Polo, reconoció que hubo errores en la redacción.

Explicó que cuando se reunió el equipo legal de CD, se acordó que la solicitud era “separar a los magistrados del caso de El Bebedero, no de sus cargos como magistrados, porque esa es competencia de la Asamblea Legislativa”.

Durante una entrevista a TVN, la ministra también tuvo tiempo para cuestionar duramente al magistrado Gerardo Solís.

Lo acusó de usurpar funciones del fiscal electoral, al hacer una investigación paralela de El Bebedero, enviando oficios a los ministros de Estado para que le contesten sus requerimientos y amenazándolos con la detención si no respondían al término de su solicitud.

“Esto es un terrorismo judicial, los magistrados nos están persiguiendo, así lo sentimos, y si nos equivocamos, mis disculpas”, señaló Cortés.

APEDE SE PRONUNCIA

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) expresó que es imprescindible que se garantice la independencia del TE, que “hasta ahora ha sido un verdadero garante de los procesos electorales y un promotor de cambios para mejorar la democracia”.

Destacó que se mantendrá vigilante para garantizar y promover el fortalecimiento de las instituciones y la profundización de la cultura democrática.

Mientras, el magistrado Eduardo Valdés Escoffery dijo que la demanda por desacato que reposa en la Corte tiene tres años y “es mejor que esta corporación se ponga al día porque esos hechos se prestan para especulación y crear espadas de Damocles para usarlas en un momento determinado como mecanismo de presión”.

Sectores de la oposición han dicho que con estas demandas quedó al descubierto el plan previamente armado por el mandatario, de aprobar la Sala V, lograr el control de la Corte, y “asaltar la democracia y apoderarse del Tribunal Electoral”.

MARTINELLI Y LA SALA V

1/05/2004

En su plan de gobierno, Ricardo Martinelli propuso la creación de un Tribunal Supremo Constitucional. A su juicio, la creación de la Sala V originó muchas polémicas “pues el Presidente de turno lograba introducir en ese poder del Estado a personas allegadas a su corriente política”.

22/4/2005

Ricardo Martinelli envía, como candidato presidencial, en una nota a la Comisión de Estado por la Justicia la propuesta de crear un Tribunal Superior Constitucional “el cual tendría autonomía tanto administrativa como presupuestaria”.

30/1/2012

El presidente, Ricardo Martinelli, mediante comunicado, informó que “el Órgano Ejecutivo acatará las instrucciones dadas por el poder judicial que, a través del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada, le instruyó a que cumpla con el fallo mediante el cual se reactiva la vigencia de la Sala de Garantías Constitucionales en esa corporación de justicia”.

Frente fija condiciones para el diálogo

“No rechazamos el diálogo (...) sin embargo, sí consideramos conveniente que para poder sentarnos a una mesa de diálogo con el Gobierno tiene que establecerse algún mecanismo de garantías de cumplimiento para las cosas que allí se acuerden”, dijo ayer el coordinador del recién creado Frente por la Democracia, Mariano Mena.

Sus declaraciones se dan luego de una reunión de más de dos horas que sostuvieron miembros de la agrupación con el obispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa. Mena asistió a la cita en compañía de Mitchell Doens, secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), de Francisco Sánchez Cárdenas, presidente de ese colectivo, de Milton Henríquez, presidente del Partido Popular, y de Alcibiades Vásquez, secretario general del Partido Panameñista, entre otros.

Ellos piden, por ejemplo, que se retire el decreto ejecutivo por el cual se nombra a los magistrados de la Sala V, así como los proyectos de ley que permiten la venta de las acciones del Estado en las empresas mixtas. Acordaron esperar hasta el 1 de julio, día en que el Legislativo empieza un nuevo período de sesiones, y el presidente, Ricardo Martinelli, rinde su informe a la Nación. “Eso nos permite ver con qué cosa nos va a salir y da pie a que tengamos un tiempo, un espacio, que nos permita ver en alguna medida los pasos que da el Presidente en materia de cumplimiento de las cosas que ha prometido”, señaló Mena.

Por su parte, el arzobispo José Domingo Ulloa manifestó que seguirá con las gestiones para el acercamiento entre el Frente por la Democracia y el Ejecutivo. Además, dijo que se reunirá con el presidente Martinelli, posiblemente hoy, para ponerlo al tanto de lo acordado con los partidos opositores y la sociedad civil.

Una hora después de ese evento, el Frente por la Democracia se reunió en la sede de la Central Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP) en Perejil. Mena sostuvo que defenderán lo acordado el pasado viernes por la Concertación Nacional para el Desarrollo en cuanto a rechazar la venta de las acciones de las empresas eléctricas y de telefonía, así como la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón y Amador. Esto en respuesta al ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, que aseguró que el Gobierno solo respetará la decisión sobre la venta de las acciones en las empresas eléctricas y de telefonía.

Por otro lado, exigieron a la Corte Suprema que en virtud de la solicitud que hizo la Concertación, presente el 2 de julio ante la Asamblea el proyecto de ley para derogar de manera definitiva la Sala V. Igualmente pidieron al Ejecutivo que a través del Consejo de Gabinete apruebe un decreto que deje sin efecto el nombramiento de los tres magistrados de la Sala V (Arturo Vallarino, Lilia Herrera y Anabelle Padilla). Mena adelantó que esta semana constituirán frentes provinciales en Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Eliana Morales Gil

Isidro Rodríguez

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