Suspenden adjudicación de terrenos en Farallón

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La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión provisional de la adjudicación de las tierras, aprobada por Villamonte en 2011. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión provisional de la adjudicación de las tierras, aprobada por Villamonte en 2011.
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión provisional de la adjudicación de las tierras, aprobada por Villamonte en 2011.

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente el proceso de adjudicación de un lote de tierra en Farallón, provincia de Coclé, aprobado en 2011 por la entonces directora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, Anabelle Villamonte, quien, según el fallo, actuó como “juez y parte”.

CSJ: ‘Villamonte no respetó el proceso’

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió provisionalmente una resolución emitida por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) en 2011, en la que adjudicó a la sociedad Fusion Land Corp. un terreno de dos hectáreas en Farallón, corregimiento de Río Hato, Distrito de Antón, provincia de Coclé.

Dichas tierras habían sido compradas en 2004 por Michelle Del Carmen Robles, pero en 2010 Anabelle Villamonte, entonces abogada de la sociedad Fusion Land Corp., solicitó la adjudicación a la Anati.

Al año siguiente, ejerciendo el cargo de directora de Titulación de la Anati, Villamonte otorgó el terreno a Fusion Land mediante resolución No. 23 de 2011.

Robles interpuso una demanda contenciosa administrativa ante la Sala Tercera de la CSJ y pidió la nulidad de la adjudicación.

Como medida preventiva, solicitó la suspensión provisional del proceso de adjudicación, que ahora fue concedida.

El fallo que suspende la adjudicación tuvo la ponencia del magistrado Luis Ramón Fábrega y fue aprobado el 26 de febrero de 2013.

En el documento se sustenta que la actuación de Villamonte fue contraria a la ley, sin respetar el debido proceso, las garantías y las normas administrativas, ya que no se puede ser “juez y parte”.

A pesar de esta irregularidad, Villamonte no recibió ningún tipo de llamado de atención por parte de sus superiores.

No obstante, la actual administración de la Anati interpuso el 23 de febrero pasado una denuncia penal contra Villamonte, a quien acusa por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.

La acción legal contra la exfuncionaria fue presentada ante la Fiscalía Primera Anticorrupción y argumenta que Villamonte debió declararse impedida de conocer dicho trámite de adjudicación de terreno, a fin de que el administrador general de ese momento, nombrara a otra persona.

Después de la presentación de la denuncia en su contra, este diario solicitó una versión a Villamonte y esta declaró que primero revisaría la acción junto con sus abogados y luego daría declaraciones.

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