DROGAS. COLORADO Y WASHINGTON CATALIZAN EL DEBATE.

Cambia el paradigma

El presidente de Uruguay, José Mujica, envió una iniciativa al Congreso con la intención de legalizar el cultivo y consumo de ´cannabis´.

La decisión de los estadounidenses radicados en Colorado y Washington de legalizar el consumo de marihuana, adoptada en las elecciones de ese país el 6 de noviembre, dio un impulso gigantesco al debate que sobre esa estrategia se escenifica en América Latina hace varios años, pero que hasta ahora no había pasado de ser tema para la polémica internacional.

A pesar de la legislación federal vigente en Estados Unidos (EU), Colorado y Washington, avanzaron en el cambio de la estrategia que esa nación ha impulsado y mantenido, tras la inversión de miles de millones de dólares en las últimas décadas para combatir las drogas.

Y esa decisión comienza a tener resonancia en el continente. Empezando por los presidentes de Colombia y México, países cuyos carteles dominan el mercado mundial de la cocaína.

El mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, estuvo en Portugal y calificó como “muy interesante” la experiencia de ese país, que desde 2001 despenalizó el uso de las drogas.

Felipe Calderón, presidente de México, reaccionó frente a la decisión de Colorado y Washington, y advirtió de que esta marcó un cambio de paradigma y un desbalance.

Calderón, cuyo período termina este diciembre, se despidió durante la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, España, y allí hizo un llamado a EU y a Europa para que reduzcan el consumo de drogas, que, según él, alimenta la narcoguerra. Dijo que en en el caso de su país cuesta unos $20 mil millones al año y ha dejado unas 60 mil muertes desde 2006.

Iniciativas

Más allá de los discursos, el gobernante de Uruguay, José Mujica, envió la semana pasada una iniciativa al Congreso para que se legalice el consumo de marihuana.

El proyecto establece la creación de una entidad que regule el mercado local de marihuana y defina si el Gobierno dará licencia para su producción, distribución y venta.

Con esta norma se permitiría el consumo de hasta 40 gramos mensuales por cada adulto registrado y el cultivo de hasta seis plantas para consumo personal.

Pero Uruguay no fue el único país en reaccionar. En México, el Partido de la Revolución Democrática presentó el jueves pasado una propuesta similar a la uruguaya, que permitiría el cultivo de hasta cinco plantas de cannabis por persona.

Por su parte, el Gobierno de Costa Rica rechazó la semana pasada la despenalización de la venta y tráfico de drogas, con el argumento de que ello “traería mayores problemas de salud pública”. “La liberalización absoluta no es viable por sus consecuencias, pero tampoco la represión absoluta parece rendir resultados satisfactorios”, indicó un comunicado firmado por el viceministro de la Presidencia y comisionado antidrogas, Mauricio Boraschi, y el director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Carlos Alvarado.

Y mientras los estadounidenses con residencia en Colorado y Washington celebran la adopción de este nuevo paradigma, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas advirtió al gobierno del recién reelecto presidente, Barack Obama, que dichos referendos vulneran los tratados internacionales impulsados y suscritos por EU.

“Esos acontecimientos constituyen una violación de los tratados de control internacional de drogas, y representan una gran amenaza para la salud pública y el bienestar de la sociedad mucho más allá de esos estados”, declaró Raymond Yans, presidente de la junta.

(Basado en servicios internacionales).

Panamá y la legalización

La posición del Gobierno de Panamá sobre una eventual legalización del consumo de drogas quedó clara en febrero pasado, luego de que el entonces canciller y hoy ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, saliera al paso y rechazara la propuesta impulsada por el presidente de Guatemala, Otto Pérez.

“La posición panameña es que no estamos de acuerdo, y si algún día eso llegase a ocurrir, debe estar basada en el contexto de todos los países afectados”, manifestó entonces Henríquez. Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, destacó que la discusión de la propuesta guatemalteca no era viable en ese momento, debido a que encerraba una “complejidad de aspectos”.

La proposición de Pérez también fue rechazada entonces por los gobiernos de Estados Unidos, El Salvador y Honduras.

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