Cambios a la carta

Heriberto Araúz, Narciso Arellano, Rolando Murgas, Jacinto Espinosa, Esmeralda de Troitiño, Edgardo Molino M. y Dennis Allen plantearon los cambios constitucionales, LA PRENSA/Archivo. Heriberto Araúz, Narciso Arellano, Rolando Murgas, Jacinto Espinosa, Esmeralda de Troitiño, Edgardo Molino M. y Dennis Allen plantearon los cambios constitucionales, LA PRENSA/Archivo.
Heriberto Araúz, Narciso Arellano, Rolando Murgas, Jacinto Espinosa, Esmeralda de Troitiño, Edgardo Molino M. y Dennis Allen plantearon los cambios constitucionales, LA PRENSA/Archivo.

En diciembre de 2010, el Gobierno panameño reveló que evaluaba llevar a cabo reformas a la Constitución Política. “Se consultará, ampliamente, la posibilidad de reducir de 10 años a 5 años la reelección presidencial”, rezaba la información oficial.

La posibilidad de establecer la segunda vuelta electoral y permitir la extradición de nacionales vinculados con actos de “terrorismo, narcotráfico y asesinatos”, entrarían entre las propuestas, aparte de la elevación a rango constitucional del programa “100 a los 70” y la beca universal.

Un proyecto de “consultas populares” se había hundido a mediados de ese año en la Asamblea Nacional, al insinuarse la introducción de la reelección presidencial en la Constitución, por esa vía.

Desde 2004 no se efectuaban reformas constitucionales.

Una comisión de notables se formó para ese fin, la cual fue oficializada el 26 de abril de 2011. La integrarían 11 miembros (dos del Órgano Ejecutivo y nueve independientes).

La comisión sostuvo 120 reuniones, durante nueve meses y trabajó junto al Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo. Logró 281 “acuerdos concertados” durante cuatro meses, que se presentaron en un informe final el 14 de septiembre de 2011.

Durante la discusión, el oficialismo sufrió al menos tres reveses: el rechazo a la segunda vuelta electoral, la no aprobación de la elevación a rango constitucional de la beca universal, ni al programa bandera de su agenda social “100 a los 70.

El 30 de enero de 2012, un anteproyecto de reformas que contenía lo discutido por la comisión especial, fue entregado al presidente Martinelli.

Entre las reformas propuestas se planteaba el reconocimiento del estado social de derecho, el reconocimiento constitucional de los tratados de derechos humanos, la prohibición de todas las formas de discriminación, la obligación de la educación sexual y reproductiva, y la creación de una corte constitucional y una reforma integral del Órgano Judicial.

A los notables les preocupaba que la discusión y aprobación de las reformas en el Legislativo no avanzara y que en cambio se dilatara tanto que se “pegaran” al período electoral.

Los notable expresaron su preocupación sobre el futuro de las reformas algunos meses más tarde, en vista del poco, si no nulo, avance que estas parecían tener. No hubo respuesta.

Rolando Murgas Torrazza, uno de los notables que estuvo al frente del proceso, señalaba que las reformas deberían ser aprobadas en la legislatura de 2012 y luego en la legislatura de 2013. Después, debía hacerse el referendo, que sería en el año preelectoral.

Pero no sería sino hasta julio de 2013 que el presidente Martinelli volvería a hablar del tema, y a decir que “no descartaría” hacer reformas a la Constitución antes de finalizar su mandato, insistiendo en el tema del acortamiento del período de veda para la reelección presidencial.

Ya la campaña electoral estaba encima y parecía inevitable que los temas se mezclaran.

A comienzos de 2014, Martinelli revivió el tema y dijo que “apoyaría” una reforma que recortara el período que prohíbe la reelección presidencial, de 10 a 5 años. Su ministro de la Presidencia, Roberto Henriquez, mencionó la intención de hacer las reformas “ojalá después de las elecciones”. Ninguno se refirió al trabajo de los notables.

“Han archivado el proyecto”, decía entonces la exmagistrada y notable Esmeralda de Troitiño, porque no incluía el acortamiento de la “veda” presidencial.

En marzo de este año, el candidato presidencial panameñista Juan Carlos Varela y su vicepresidenta Isabel Saint Malo se reunieron con miembros de la comisión de notables para hablar de la propuesta de una constituyente paralela.

Esa podría ser la fórmula que los notables apoyarían, porque la actual Asamblea Nacional, decían, no aprobaría el proyecto de reformas propuesto por ellos en 2011.

En abril, a menos de un mes de las elecciones generales, Varela presentó, como parte de sus compromisos en caso de llegar al poder, la convocatoria a una asamblea constituyente paralela.

El 4 de mayo, Varela se alzó con el triunfo electoral. El 13 del mismo mes, aseguró que honraría el compromiso de promover la convocatoria de una constituyente paralela para hacer reformas a la carta fundamental de la nación.

Martinelli ha dicho ahora que lo presentado por los notables era un “disparate” y que por ello no emprendió las reformas. Los notables han desmentido esa afirmación.

Los parches de una ´Constitución´

La última vez que el país se dio una Constitución fue en 1972, en los primeros años del régimen militar. Dicha carta política reemplazó a la de 1946, que hasta entonces regía. Tras la firma de los tratados Torrijos-Carter, en 1977, que definieron la devolución de la vía interoceánica a Panamá, la condición de restablecer un régimen democrático con elecciones libres obligó a hacer ajustes en la Constitución. Así, en 1983, el Gobierno se abocó a un proceso de reformas que, en la práctica, algunos consideraron como una nueva Constitución. En ese proyecto, que fue redactado por representantes de diferentes partidos –y aprobado en un referendo el 24 de abril de 1983– se cambiaron 135 artículos de la Constitución de 1972 y se introdujeron 15 nuevos. En esa reforma se eliminó, por ejemplo, un artículo que planteaba que la Guardia Nacional era el cuarto poder. En 1993, 1994 y 2004 la carta política también sufrió enmiendas.

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