ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS

Canasta básica, a comicios

Aumentar la producción es la consigna de los candidatos presidenciales respecto a la seguridad alimentaria. Expertos cuestionan su viabilidad.

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El aumento desmedido del costo de la canasta básica, obliga a la población a hacer largas filas para obtener alimentos más baratos en ferias populares. El surtido, precio y calidad han sido cuestionados. LA PRENSA/Maydée Romero Sprang. El aumento desmedido del costo de la canasta básica, obliga a la población a hacer largas filas para obtener alimentos más baratos en ferias populares. El surtido, precio y calidad han sido cuestionados. LA PRENSA/Maydée Romero Sprang.
El aumento desmedido del costo de la canasta básica, obliga a la población a hacer largas filas para obtener alimentos más baratos en ferias populares. El surtido, precio y calidad han sido cuestionados. LA PRENSA/Maydée Romero Sprang.

En todas las campañas se “cuecen habas” y los temas del fortalecimiento del sector agropecuario y la estabilización del costo de la canasta básica no escapan a las dudas de los electores, que estiman que esta añeja promesa de campaña nunca llega a concretarse.

A juicio de especialistas, ninguna política estatal ha erradicado de forma sostenible la dependencia alimentaria, la desnutrición que se cierne sobre áreas rurales y en las zonas marginales de las urbes, ni el desbalance que ocasiona el alto costo de los artículos de primera necesidad.

El gobierno actual ha roto récords en la disminución de aranceles agropecuarios, con el pretexto de disminuir el costo de la canasta básica. Pero esto no se ha trasladado al bolsillo del consumidor. En 2009, cuando se hizo la primera modificación para que cerca de nueve productos hortícolas entraran al país libres de impuestos, la canasta básica se fijaba en $264.

Hoy, los consumidores tienen que pagar por este grupo de alimentos $333. En los últimos 10 años, el incremento de este renglón se ha disparado en 80.3%. El único cambio arancelario a favor del agro de la administración de Ricardo Martinelli fue el alza al impuesto del jarabe de glucosa o edulcorante que reemplaza al azúcar importado con el objetivo de “fortalecer la actividad agropecuaria e industrial del país”. La medida benefició a los ingenios azucareros locales, sector donde la familia Martinelli tiene negocios.

CANASTA INALCANZABLE

Reducir el alto costo de los alimentos es el tema del momento. En propagandas, planes gubernamentales, foros y debates, el asunto es usado como bandera de batalla política.

Todos proponen sacar de la crisis a un sector que a principios de la década, su aporte al producto interno bruto del país pasó de 8% a 2.8% (2012).

El candidato presidencial Juan Carlos Varela, postulado por los partidos Panameñista y Popular, promete implementar controles de precios de emergencia, que afectarían los márgenes de ganancia de los intermediarios, sin afectar a los productores. (Ver nota relacionada)

Por su parte Juan Carlos Navarro, candidato del Partido Revolucionario Democrático, se compromete a disminuir el 10% del costo de los productos básicos a través de un consejo de seguridad alimentaria.

El oficialista José D. Arias, postulado por los partidos Cambio Democrático y Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, ve la solución en multiplicar las jumbo ferias y jumbo tiendas en puntos estratégicos en el país.

Su plan lo denomina “La canasta de mi gente”, que aparte de las jumbo ferias y tiendas fomenta las cooperativas agropecuarias y fortalece la Cadena de Frío, proyecto este que le costó al Estado $380 millones y está conformado por ocho mercados y un sistema logístico. Hasta el momento, la presente gestión solo ha inaugurado la unidad alimentaria de Panamá, que costó $125 millones y aún no está operativa.

Para el candidato por la libre postulación Juan Jované , la presencia de controles “monopólicos y oligopólicos” en el mercado está generando presiones inflacionarias provenientes de la especulación. Esto ocasiona, dice, el aumento del precio de los alimentos, afectando la seguridad y soberanía alimentarias, esto es, la dependencia del país de alimentos importados.

El candidato del Frente amplio por la democracia (FAD), Genaro López, comparte la visión de Jované, añadiendo que es necesario apoyar al cooperativismo en el agro y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Reforma estructural

Varela se compromete a despolitizar el manejo de los intereses preferenciales. Igualmente enfocaría la gestión de las instituciones del sector agropecuario hacia los temas técnicos.

Promete consolidar en una sola agencia gubernamental las responsabilidades de comercialización y promoción de exportaciones de los productos agropecuarios, actualmente distribuidas en varios entes.

Por su parte, Navarro sostiene que creará un consejo nacional de seguridad alimentaria y nutricional, constituido por una alianza entre los productores, el sector agroindustrial, los comerciantes y el Gobierno.

También se ha propuesto lograr la firma de un “pacto por la prosperidad del Agro 2014”, en pro de una política agropecuaria de Estado, con una visión de 15 años.

Un patronato para el Instituto Nacional de Agricultura, que incluya un centro de agro-tecnología, es otra de las promesas del perredista.

Arias focaliza su gestión en los siguientes términos: “Sentaré a mi derecha y a mi izquierda a los ministros de agricultura [el cual no existe] y de Educación, para que vean los problemas y los temas del agro como prioritarios”, reza su plan. Un tema que el actual ministro de Desarrollo Agropecuario, Óscar Osorio, definió como una de sus metas a largo plazo, pero que no ha cumplido.

Retoñan las ayudas

Los productores en reiteradas ocasiones han criticado al gobierno de turno por el abandono del sector, sin embargo, la administración Martinelli ha tratado de ganar puntos a su favor sumando a sus principales dirigentes. Por ejemplo, Virgilio Saldaña, presidente de la Asociación de Productores de Tierras Altas, fue elegido por el Ejecutivo para representar a los productores en la junta directiva de la Cadena de Frío y el actual viceministro de Desarrollo Agropecuario, Gerardino Batista, antes de asumir el cargo fungió como vicepresidente de la Asociación Nacional de Ganaderos.

Otra queja constante, es que los subsidios a la producción son aprovechados mayormente por los grandes productores, en detrimento de los pequeños, que no tienen influencia en el Gobierno. La búsqueda de votos se ha traducido en promesas de incentivos económicos y ayudas en especie. Algunos son tan ambiciosos que fomentan suspicacias, mientras que otras provocan dudas sobre su efectividad.

Navarro promete “entregar” en cinco años 250 mil hectáreas de semilla de pasto, para beneficio de la industria lechera y cárnica, que a su juicio representa el 25% del pasto del país. También aumentaría en 75% las agro-exportaciones e implementaría un programa de alimentación escolar con productos locales.

Asegura que creará un fondo para la competitividad agropecuaria, que desembolsaría solo en el primer año $300 millones.

Por su parte, Arias promete garantizar la compra del 100% de la producción nacional. El propósito final sería entregar al Instituto de Mercadeo Agropecuario los alimentos necesarios para suplir las jumbo ferias y jumbo tiendas, cuyos precios , variedad y calidad siguen aún muy cuestionadas.

Oficialismo hidropónico

Todos los candidatos contemplan en sus planes acciones de capacitación al sector agropecuario en técnicas de producción.

En cuanto a infraestructura, Navarro promete construir 250 mercados permanentes y móviles, mientras que Arias intentará establecer 10 centros periféricos de hidroponía “popular” (cultivos en agua) en El Chorrillo, Santa Ana, Curundú, Río Abajo, San Miguelito, entre otros. Varela es más recatado y promete nuevos mercados permanentes, que según su plan de gobierno garantizarían la estabilidad de precios y de mercado.

OTROS PUNTOS DE VISTA

Para el economista Euclides Díaz, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), Arias basa su estrategia en incrementar la oferta de productos para que los precios bajen, lo cual, dice, no sucederá a menos que se dé una sobre oferta, la que sería temporal, porque al bajar los precios debido a la superproducción al siguiente año agrícola, la producción se ajustaría a la demanda. A su juicio, esto propicia la elevación “del poder especulativo de los intermediarios”. Díaz también aseguró que la continuación de las jumbo ferias “no es más que un instrumento politiquero y no de política pública”, sostuvo.

Respecto a la promesa de Navarro de que Acodeco desarticulará los monopolios y oligopolios, Díaz considera que esto no será posible a menos que reformen la Ley 29 de 2 de junio de 2008 (que reforma el Código Fiscal), ya que la norma está hecha para que ninguna colusión (confabulación ilegal) sea descubierta.

Por su parte, Pedro Acosta, secretario de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, advierte que el estado actual de la producción agropecuaria, “no está como para curar un enfermo, sino como para revivir a un muerto”.

Estima que “todas las acciones del futuro Presidente del país deben enmarcarse en “la soberanía alimentaria, para contar con la autosuficiencia o abastecimiento mínimo de los alimentos que requiere la población, lo más distante posible a la especulación del mercado internacional”.

Para el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá, Aníbal Fossatti, los candidatos deben insertar en sus planes la agroindustria y el agroturismo como parte de sus políticas de desarrollo.

Si bien la reducción del costo de la canasta básica es un eje importante de todas las campañas, a juicio del productor Euclides Díaz,si se continúan abriendo contingentes por desabastecimiento, a cero impuesto de importación, seguirán llevando a la ruina a la producción nacional.

Control de precios, tema de debate

La canasta básica de alimentos sigue aumentando y el “caballo de batalla” del candidato presidencial opositor Juan Carlos Varela es la promesa de implementar en su gobierno, mediante decreto, un control de precios de emergencia. Para el panameñista, este mecanismo detendría de manera inmediata la especulación de los intermediarios de los productos que operan en la cadena de procesos que van desde el productor hasta el consumidor.

No todas las reacciones han sido positivas. En el reciente debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio, el economista y candidato independiente Juan Jované cuestionó que los alimentos ya están caros y la viabilidad de la promesa del panameñista. Varela respondió que bajo su mando dictaminaría el precio de 22 alimentos, permitiéndole a los ciudadanos ahorrar $58 y en total economizar $600 millones, “que en este momento se quedan en manos de los especuladores”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Salud en el gobierno de Mireya Moscoso, José Manuel Terán, lo cuestionó en un artículo de opinión publicado en este medio. “La propuesta de congelar precios de la canasta básica familiar es producto de la ignorancia o una propaganda de manipulación política”, indicó. A su juicio, basado en las leyes económicas, una decisión de este alcance crearía escasez de productos, tal y como las que sufren Venezuela y Argentina e incluso alguna vez Estados Unidos. Para el economista Euclides Díaz, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos, la propuesta de Varela debería aplicarse solamente a los alimentos importados.

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