Candidatos cuestionados

Medios argentinos ven con cautela la candidatura a relator de Damián Loreti. Tomada de internet. Medios argentinos ven con cautela la candidatura a relator de Damián Loreti. Tomada de internet.
Medios argentinos ven con cautela la candidatura a relator de Damián Loreti. Tomada de internet.

El escrutinio para designar al nuevo relator (a) especial para la Libertad de Expresión se enfoca en los aspirantes de Argentina y Ecuador. Algunos medios y miembros de la sociedad civil cuestionan su independencia frente a los gobiernos de sus países.

Desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer, en diciembre pasado, los nombres de seis finalistas, los medios observan con cautela el proceso de selección para reemplazar a la colombiana Catalina Botero, que ocupa el cargo desde 2008.

Hasta el próximo 31 de mayo, la CIDH recibirá las observaciones que tengan los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la sociedad civil sobre los aspirantes.

ADVERTENCIA

El exembajador de Argentina en las Naciones Unidas Emilio Cárdenas advirtió en marzo pasado sobre una supuesta “estrategia” contra la Relatoría para “neutralizar” su trabajo.

Afirmó que los detractores de la Relatoría, “la izquierda regional, ha puesto ahora, sincronizadamente en marcha, una estrategia para evitar” que se continúe con la defensa a la libertad de expresión en la región.

Según Cárdenas, la estrategia “consiste en presentar toda suerte de candidatos para reemplazar a Catalina Botero con personas con una visión absolutamente distinta de la suya acerca de la libertad de expresión. Más complaciente con la que, por ejemplo, tienen Nicolás Maduro [presidente de Venezuela] y Rafael Correa [presidente de Ecuador]”.

Señaló directamente al abogado Damián Loreti como “uno de los casos preocupantes” para la Relatoría y el “artífice” de la política general de medios en el gobierno de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, “que ha atacado sin descanso la libertad de prensa”.

ARGENTINA

En tanto, el argentino Damián Loreti es profesor universitario y abogado. Estuvo en el ojo de la tormenta en 2009, tras ser identificado por los medios como uno de los redactores y defensores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que impulsó la actual administración de la presidenta Fernández de Kirchner.

Algunos medios consideraron que la ley fue aprobada por el Gobierno argentino para “controlar al periodismo independiente”. El principal crítico de la norma es el Grupo Clarín de Argentina.

La norma, promulgada en octubre de 2009 es “un reconocimiento al derecho a la comunicación como derecho humano, antes que a la radiodifusión como negocio y un conjunto de notas de derecho comparado que refieren a las mejores prácticas regulatorias...”, dijo Loreti en 2011.

Su participación en la aprobación de la ley, considerada un “obstáculo” para la libertad de expresión, encendió las alarmas en su país, donde hay preocupación porque ahora disputa el puesto de relator especial contra otros aspirantes de Uruguay, Guatemala, Perú, Chile y Ecuador.

En noviembre de 2013, en una entrevista, Loreti reveló que “cuando la coalición fue convocada por la Presidente [Fernández de Kirchner] y esta dice vamos a tomar un modelo regulatorio que viene de las organizaciones de la sociedad civil como estructura de fusión de la ley, para mí quedó claro que ahí estaba la agenda puesta y esto era cuestión de tiempo, porque estaba claro que la voluntad política iba por ese lado”.

Loreti se refería a que, junto con 19 personas, integraba la coalición que elaboró el borrador de la ley que contenía 21 artículos.

En su momento, la ley fue demandada por supuesta inconstitucionalidad en el contenido de algunos de sus artículos, pero, tras una decisión dividida en octubre de 2013, la Corte Suprema de Argentina la desestimó.

En diciembre pasado, Loreti afirmó que la Corte consideró que “podía admitirse que estaban en duda” algunos artículos, los cuales se discutieron durante los tres meses que duró la apelación.

En 2012, cuando se discutía en los tribunales la ley, el entonces relator especial (1998-2001) y exsecretario de la CIDH, el argentino Santiago Canton, expresó al diario Clarín su preocupación por la libertad de expresión en su país.

“Cuando desde las más altas autoridades del Estado se ataca a un medio, sin perjuicio de que uno esté de acuerdo o no con lo que dice ese medio, eso no contribuye a crear un ambiente propicio para la libertad de expresión. Un Estado no puede lanzar una campaña contra un diario”, advirtió Canton.

Al ser interrogado sobre la posición de ese país en la ofensiva que lideran Venezuela y otros países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América para limitar a la CIDH, Canton dijo: “desde 1983, Argentina apoya a la Comisión Interamericana incondicionalmente. Actualmente, sin embargo, el apoyo de Argentina no es tan férreo”, concluyó.

ECUADOR

En esta contienda por presidir la Relatoría también está el abogado ecuatoriano Juan Pablo Albán, quien ya lanzó sus primeros dardos.

El 23 de abril, en una entrevista con el diario El Comercio, Albán dijo que la Relatoría “ha descuidado aristas como desarrollo de estándares sobre libertad de expresión y redes sociales e internet”.

Lo mismo expresó días antes, en el diario ecuatoriano El Universo, al que aseguró que hay temas que “no han sido materia de atención” en la Relatoría, como la “fijación de estándares, desarrollo de estudios sobre cuestiones como el monopolio de los medios y otros. Hay varios temas en los que valdría la pena ampliar el trabajo”.

Opinó que las críticas contra la Relatoría, principalmente de Venezuela y Ecuador, se deben a que “buena parte de ellas tienen que ver con la priorización de ciertos aspectos del mandato de la Relatoría”.

A pesar de ello, dice estar “preocupado por la progresiva desaparición de la libertad de expresión” en Ecuador, y que existe una “intención de desmantelamiento” del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos de la CIDH.

“Para ser franco, yo pensé que mis oportunidades [para ser el relator] eran reducidas por el ambiente tenso entre Ecuador y el Sistema Interamericano. Sin embargo, parece que la CIDH está tratando de cambiar el perfil del puesto”.

El pasado 6 de mayo, declaró al diario El Mercurio que, de ser elegido, antes de que se pronuncie judicialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en su país, “es inminente abrir un espacio de diálogo con el gobierno del presidente [ecuatoriano, Rafael] Correa”.

Al responder a la pregunta si la CIDH requiere de cambios, Albán manifestó que “sí es necesario revisar los procedimientos de la CIDH y de la propia Corte Interamericana y su financiamiento”.

Esta posición coincide con la del presidente Correa, que acusó a la Relatoría de estar parcializada: “Está financiada en un 80% por Estados Unidos y la Unión Europea”, se quejó.

También hubo acusaciones contra la relatora Catalina Botero. Hace dos semanas, el embajador de Ecuador ante la OEA, Marco Albuja, exigió a la CIDH rectificar su último informe sobre libertad de expresión en su país.

“La fijación elocuente que la relatora ha demostrado para con el presidente Rafael Correa y para con nuestro país, reviste características alarmantes que le han hecho perder su profesionalismo, ecuanimidad y sabiduría”, acusó Albuja.

Pero la Sociedad Interamericana de Prensa considera que las críticas sobre la falta de libertad de expresión en ese país hechas por la CIDH coinciden con su posición.

En el informe se critica al gobierno de Correa de “estigmatizar, de manera sistemática, a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones gubernamentales, mediante acciones judiciales y legales, como la Ley de Comunicación, convertida en un arma que genera un clima intimidatorio para la prensa privada e independiente”.

DAMIÁN LORETI

Asesor del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interactivos y Datos en materias vinculadas a las regulaciones sobre comunicación social.

Fue asesor de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa hasta el año 2012.

Consultor de la Oficina Regional para América Latina de la Federación Internacional de Periodistas (1996-2012).

JUAN PABLO ALBÁN

Es director del Consultorio Jurídico gratuito del Colegio de Jurisprudencia en Ecuador.

Fue oficial adjunto para la CIDH en 2003 y oficial de litigio para la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 2003 y 2010.

Es asesor de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en temas de libertad de expresión y radiodifusión en Ecuador.

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