Carles: ´OIT no recomendó Ley 30´

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) le advirtió al gobierno de Ricardo Martinelli que el capítulo laboral que se incluyó en la polémica Ley 30 de junio de 2010 (conocida también como “ley chorizo” o “9 en 1”) “era innecesario”.

Lo anterior fue revelado por el exviceministro de Trabajo de ese entonces, Luis Ernesto Carles, en declaraciones a este diario.

Carles precisó que un representante de la OIT participó en una reunión en la Presidencia con el ministro Demetrio Papadimitriu, en la que se pidió no proceder con el capítulo laboral, porque no había consenso con los empresarios ni los trabajadores, como lo establece la organización.

La Ley 30 reformó tres códigos –el Penal, el Judicial y el Laboral– y ocho leyes. En ella se limitaba el acceso a la cuota sindical y se regulaban las huelgas.

A pesar de los señalamientos de la OIT, el gobierno siguió adelante con la aprobación de la Ley 30. En su defensa, los voceros gubernamentales tuvieron la osadía de decir que tales reformas laborales eran una recomendación de la OIT, cuando era precisamente lo contrario.

“Esta fue una ley nefasta con un capítulo innecesario que originó el movimiento del sindicato más grande del país, que es el Sindicado de Trabajadores de la Industria del Banano [Sitraibana]”, recapituló Carles.

Tras la aprobación de dicha ley estalló una serie de protestas en Bocas del Toro que dejaron un saldo de dos muertos (reconocidos por el Estado) y un número indeterminado de heridos.

El exviceministro recordó que tras los disturbios, al gobierno le preocupaba más recuperar buenos niveles de popularidad, que resolver el conflicto originado.

El dirigente sindical Rafael Chavarría confirmó lo denunciado por el exviceministro. “Es cierto”, recalcó.

Para Chavarría, esto demuestra que la Ley 30 fue una imposición del gobierno de Martinelli.

En agosto de 2010, el gobierno estableció una comisión tripartita que recomendó derogar la Ley 30. El Ejecutivo cedió y en su lugar presentó seis proyectos de ley en la Asamblea.

La parte laboral quedó consignada en la Ley 67 de 2010, que restableció lo que originalmente decía el Código de Trabajo: que las empresas están obligadas a descontar de manera directa y obligatoria la cuota sindical, y que cuando se declare una huelga se deberá cerrar la empresa y no se reemplazará a los huelguistas.

Se llamó a los ministros Papadimitriu y Alma Cortés (de Trabajo), pero no respondieron.

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