Casos de Ayú Prado, en manos de Zulay Rodríguez

Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana, dijo que este hecho crea dudas sobre el manejo que dan los diputados a las denuncias de la Corte.

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La diputada Zulay Rodríguez prometió entregar el informe contra el magistrado presidente de la Corte. La diputada Zulay Rodríguez prometió entregar el informe contra el magistrado presidente de la Corte.

La diputada Zulay Rodríguez prometió entregar el informe contra el magistrado presidente de la Corte. Foto por: Archivo

El 3 agosto de 2015, la comisión de Credenciales se instaló para el segundo período de sesiones. El 3 agosto de 2015, la comisión de Credenciales se instaló para el segundo período de sesiones.

El 3 agosto de 2015, la comisión de Credenciales se instaló para el segundo período de sesiones. Foto por: Archivo

El presidente de la comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, Jorge Iván Arrocha, dio plazo hasta el 30 de enero próximo a la diputada Zulay Rodríguez para que entregue su informe de evaluación sobre cinco denuncias que tiene en su poder contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado.

En abril de 2015, el diputado Luis Barría, quien presidió esa instancia legislativa, repartió entre sus colegas 61 denuncias que reposaban contra magistrados.

Rodríguez fue encargada de una subcomisión que acumularía cinco denuncias contra Ayú Prado, porque se le acusaba de la presunta comisión de los mismos delitos: abuso de autoridad, corrupción de funcionarios e infracción de los deberes de servidor público, entre otros.

Ayer, Rodríguez afirmó que tiene su informe listo, pero lo entregará públicamente cuando la comisión convoque a reunión.

Denuncias, empantanadas

Sectores de la sociedad civil organizada urgieron cambiar el método mediante el cual se investiga a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al considerar de irregular el hecho de que una diputada mantenga en su poder varias denuncias contra el actual presidente del máximo tribunal de justicia, José Ayú Prado.

Se refieren a la diputada Zulay Rodríguez, que en abril de 2015, durante la presidencia de la comisión de Credenciales del diputado Luis Barría, fue encargada de una subcomisión que acumularía cinco denuncias que reposaban contra Ayú Prado, ya que se le acusaba de los mismos delitos: abuso de autoridad, infracción de los deberes de servidor público y corrupción de funcionarios, entre otros.

Las denuncias fueron presentadas por el abogado David Alexis Sittón, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, extralimitación de funciones y corrupción de funcionarios. Estas acciones guardan relación con la separación del juez de Adolescentes de Colón y Guna Yala, Juan Domingo Ibarra Esquivel que se fundamenta en una denuncia por corrupción de servidores públicos que interpuso Ayú Prado en 2014 como presidente de la CSJ.

Emplazan a diputada

El presidente de la comisión de Credenciales, Jorge Iván Arrocha, dijo ayer que la diputada Rodríguez tiene plazo hasta el 30 de enero para entregar su informe de evaluación sobre estas cinco denuncias.

Al respecto, la diputada respondió ayer: “ ya tengo los informes listos, no los voy a presentar en privado, los presentaré públicamente. No voy a hacerlo por debajo de la mesa, que convoquen a la comisión y yo presento los informes. Vamos a exigir transparencia”.

Precisó que la última denuncia, de las cinco que mantiene y que fueron acumuladas, la recibió en octubre de 2015.

“La que se demoró fue Katleen Levy, porque no me lo quería mandar y el expresidente de la comisión Luis Barría tuvo que intervenir y me fue entregado en el mes de octubre, cuando entramos de vacaciones”.

“Mañana [hoy] voy a ir a la comisión a las 8:00 de la mañana, pero los informes voy a presentarlos públicamente como se hacía cuando el diputado Luis Barría presidió esta comisión”, dijo.

La diputada Levy respondió que su colega Rodríguez miente, porque ella le entregó la denuncia que le correspondió contra Ayú Prado antes de que concluyera el período de la anterior comisión de Credenciales en julio de 2015.

“A mí no me sorprende nada lo que venga de ella, ella todo el tiempo busca atacarme y yo le entregué el caso antes de que culminara labores la comisión de Credenciales. Que no busque excusas y que sea responsable, porque ella tuvo que haberlo entregado hace muchísimo tiempo”, sostuvo la diputada Levy.

censuran proceso

Para Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, es sumamente extraño que la diputada tenga en su poder estas denuncias. “Por qué un diputado tiene que tener estos expedientes, ya que tienen que estar siempre en un lugar accesible a todos y no un diputado debe tener los expedientes, una cosa extraña”, cuestionó.

Indicó que este proceso crea dudas sobre el manejo que están dando los diputados a los expedientes contra los magistrados de la CSJ.

“También hay que tener mucho cuidado con el tema del chantaje de diputados a magistrados, porque estas denuncias se pueden convertir en un mecanismo de chantaje, hay que tener mucho cuidado con eso”, advirtió.

Castillo considera que no hay vuelta atrás, y es necesario cambiar el método para investigar a los diputados y a los magistrados porque el sistema colapsó.

“Eso ya no funciona y vamos a seguir dando vueltas y seguimos en un círculo vicioso, el país tiene que ponerse las pilas para iniciar un movimiento que lleve a una reforma constitucional sobre este tema”, indicó.

Según la Constitución, la Asamblea investiga denuncias contra magistrados y la Corte procesa a los diputados.

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Denuncias, empantanadas

Mientras que Roberto Troncoso, del Movimiento Institucionalidad y Justicia, resaltó que la diputada Rodríguez tiene el compromiso de entregar los expedientes.

Troncoso exhortó a la diputada a entregar los expedientes, y revelar cuál es su decisión sobre estas denuncias y presentarlas ante el pleno de la comisión para que se tome una decisión.

Sobre este punto que señala Troncoso, el presidente de la comisión de Credenciales explicó que la recomendación que haga la diputada sobre los cinco expedientes tiene que ser avalada o negada por la mayoría de los miembros de la comisión, que son nueve diputados (ver tabla).

Otras denuncias

En Credenciales también reposan desde el período legislativo pasado otras tres denuncias contra Ayú Prado y cuya decisión de resolverlas se postergó, debido a que requerían de un mayor análisis jurídico.

Entre los dos casos en los que se postergó un pronunciamiento, al requerirse un mayor análisis, están el expediente 170 en el cual el exjuez Alexis Ballesteros denunció públicamente haber sido presionado por sus superiores –los magistrados de la CSJ Ayú Prado y Moncada Luna, y Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz del Segundo Tribunal Superior– para fallar a favor de allegados del expresidente Ricardo Martinelli.

También se postergó un pronunciamiento sobre el expediente 173, en relación con la denuncia penal de Pedro Montañez contra Ayú Prado por delito en que hubiese incurrido al no tomar la providencia necesaria para mantener en funcionamiento la unidad especializada creada por el Ministerio Público para atender a los afectados por el envenenamiento con dietilenglicol.

Además, está la denuncia que interpuso contra Ayú Prado el dirigente sindical Mariano Mena por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad, tras haber ordenado la destrucción de pruebas cuando era procurador de la Nación en la investigación por el hackeo a la computadora del entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.

Nuevas denuncias

Luego de las denuncias y confesiones que formuló el magistrado Harry Díaz sobre corrupción, y otras irregularidades en el manejo y administración de la Corte, han ingresado cinco denuncias más contra magistrados de la CSJ, incluyendo tres de ellas contra Ayú Prado, quien fue reelecto presidente de ese tribunal el 4 de enero pasado.

Una de las acciones fue realizada por el abogado Rolando Sánchez Núñez, en la que se acusa a Ayú Prado de supuestamente idear junto con el exministro de Turismo Salomón Shamah una fórmula para intervenir o judicializar las intervenciones telefónicas que se hacían a opositores desde el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Las otras dos acusaciones por supuestos abuso de autoridad y tráfico de influencias fueron interpuestas contra Ayú Prado por el juez penal de Adolescentes de Colón y Guna Yala, Juan Domingo Ibarra Esquivel, producto de un proceso disciplinario iniciado contra Ibarra Esquivel por Ayú Prado, que terminó en la separación del juez. Ibarra Esquivel reiteró estas denuncias que ya había interpuesto en 2014 contra el citado magistrado.

También contra el magistrado Díaz se presentaron dos denuncias. Una de estas la hicieron los magistrados Ayú Prado, Luis Ramón Fábrega y Hernán De León por supuestas “faltas a las normas de transparencia e integridad en la gestión judicial”.

Otra denuncia, esta por supuesta calumnia e injuria y violación a las normas de carrera judicial, fue presentada por la exviceministra de la Presidencia María Fábrega en representación de su hermano, el magistrado Luis Ramón Fábrega.

Mientras que Alianza Ciudadana Pro Justicia anunció que hoy presentará a la Asamblea nuevamente la denuncia contra los magistrados Ayú Prado, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega por los viajes al extranjero y los excesivos viáticos cobrados.

También, representantes de Alianza Ciudadana se presentarán en la tarde de hoy a la sesión de la Comisión de Estado por la Justicia para exigir que se pronuncien sobre la crisis en la Corte.

Sobre las nuevas denuncias llegadas a la comisión, el diputado Arrocha indicó que no le ha dado trámite porque no han sido remitidas por la Secretaría General.

En tanto, un comunicado de la CSJ emitido en la tarde de ayer informó que ese órgano del Estado labora “normalmente” y los magistrados despachan sus asuntos en las salas y en el pleno.

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