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DERECHOS HUMANOS

Censarán a víctimas de Bocas

Las autoridades del Minsa y de la CSS aguardan la sanción del proyecto de ley 144, para iniciar el proceso de identificación.

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De acuerdo con los datos que maneja el Comité 8 de Julio, pasan de 700 las víctimas de los hechos y entre ellas hay algunas que perdieron la vista de manera parcial o total. De acuerdo con los datos que maneja el Comité 8 de Julio, pasan de 700 las víctimas de los hechos y entre ellas hay algunas que perdieron la vista de manera parcial o total.
De acuerdo con los datos que maneja el Comité 8 de Julio, pasan de 700 las víctimas de los hechos y entre ellas hay algunas que perdieron la vista de manera parcial o total.

Las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud (Minsa) aún desconocen la cifra de afectados por los hechos violentos registrados en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, durante el año 2010.

Censar a estas personas será una de las prioridades de ambas entidades, luego de que la Asamblea Nacional aprobara el proyecto de ley 144, que les garantiza medidas a su favor, incluyendo atención gratuita.

El ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, informó que también desconocen la cantidad de dinero y personal que requerirán para hacer cumplir la norma.

Según el titular del Minsa, “hay una comisión que va a elaborar un censo, para determinar la cifra de las personas afectadas y el tipo de atención que requieren”.

Hasta el momento, las autoridades no han fijado un tiempo límite para implementar este proceso, aunque también se creará una comisión médica interinstitucional, cuya sede estará en Changuinola, que determinará la condición de las víctimas y les dispensará medicamentos especiales no incluidos en la lista oficial del cuadro básico de medicamentos.

OTRAS ATENCIONES

La nueva normativa también crea una comisión para la atención de las víctimas adscrita a la Presidencia de la República y una clínica de atención especializada administrada por la CSS.

Por otro lado, establece una pensión mensual por la suma de $800. En este punto, se precisa que el subsidio será revisado cada tres años y se mantendrá vigente hasta la jubilación de la persona, siempre y cuando las evaluaciones médicas acrediten el grado de afectación.

Además, prohíbe a las empresas y oficinas públicas sancionar a los trabajadores afectados, debido a la disminución de sus capacidades laborales, y establece que los centros educativos y universidades deben tomar las medidas necesarias para que los estudiantes perjudicados en estos hechos tengan un trato adecuado para su educación.

PIDEN CASTIGO

Cinco años han transcurrido desde que cientos de indígenas se lanzaron a las calles para protestar contra la denominada “ley chorizo”, en la que se introducían reformas a los códigos Penal, de Trabajo y de Justicia. Sin embargo, los afectados sienten que la justicia aún no ha llegado.

Jacinto Quintero, presidente del Comité 8 de Julio de los afectados por los disturbios de Changuinola, expresó que aunque la aprobación del proyecto es un gran avance, también exigen “castigo para los autores materiales e intelectuales de los daños a esas personas”.

“Eso ha traído tanto dolor a nuestras familias y no bajaremos la guardia en ese sentido”, manifestó.

De acuerdo con los datos que maneja el Comité 8 de Julio, las víctimas podrían ser más de 700 personas.

“La aprobación de esta iniciativa es un tema humano y nada es justo en comparación con lo que sufrieron esos humildes panameños de Bocas del Toro”, dijo, por su lado, el presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama.

A su juicio, lo que ocurrió hace cinco años, durante la pasada administración gubernamental, no debe volver a ocurrir y “la Asamblea nunca debe aprobar más leyes de ese tipo”.

Uno de los proponentes del documento, Benicio Robinson, añadió que “es una responsabilidad del Estado reparar los daños ocasionados, ya que los mismos han traído consecuencias psíquicas, físicas, parciales y permanentes, a quienes fueron afectados”.

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