POLÉMICA AMBIENTAL

Centralizan procesos sobre mina de cobre

En la concesión, ubicada entre Colón y Coclé, se producirían 320 mil toneladas de cobre al año durante los 34 años de vida útil del yacimiento.

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El contrato de Minera Panamá con el Estado panameño está vigente desde 1997, tiene una duración de 60 años y establece revisiones a sus cláusulas cada 20 años. El contrato de Minera Panamá con el Estado panameño está vigente desde 1997, tiene una duración de 60 años y establece revisiones a sus cláusulas cada 20 años.
El contrato de Minera Panamá con el Estado panameño está vigente desde 1997, tiene una duración de 60 años y establece revisiones a sus cláusulas cada 20 años. Archivo

El Ministerio de Ambiente emitió una resolución que “inhibe” a la Dirección Regional de Coclé para “conocer” y “dar seguimiento” a los procesos administrativos relacionados con la empresa Minera Panamá, S.A., que impulsa el proyecto Mina de Cobre Panamá.

Según la entidad ambiental, la concesión se encuentra localizada geográficamente entre dos regionales: Coclé y Colón, razón por la cual ambas estaban facultadas para velar por el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y de los procedimientos administrativos vinculados con el proyecto.

No obstante, por medio de la Resolución No. 0290-2017 del 20 de junio de 2017, que fue publicada la semana pasada en Gaceta Oficial, se le quitó esa facultad a la regional del Ministerio de Ambiente de Coclé y se le adjudicó a la de Colón.

Sin embargo, la Dirección Regional de Colón solo podrá conocer de procesos administrativos sobre Minera Panamá“siempre que el ministro de Ambiente (Emilio Sempris) haya facultado” a dicha dependencia mediante “disposición legal”.

Esta sería la segunda ocasión en un mes en que el Ministerio de Ambiente emite una normativa que resta competencias a sus regionales. Ya lo hizo hace 15 días, cuando “inhabilitó” a sus directores regionales para conocer de procesos administrativos en obras estatales.

Para el biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) Isaías Ramos, la medida del Ministerio de Ambiente es un “notable retroceso” en materia ambiental y “centraliza” las competencias en el ministerio.

“No es aceptable que todo el marco jurídico ambiental que reconoce a las unidades ambientales sectoriales, las administraciones regionales y la descentralización sea congelado en un plumazo. Mucho menos que se le quite competencias en función privada, sea la empresa que sea”, acotó.

Ramos subrayó que en el caso del seguimiento a ese proyecto minero siempre se realizó de manera conjunta entre ambas regionales, sin embargo, explicó que la de Coclé tenía mayor relevancia, porque la movilización por Penonomé y La Pintada es más fácil que salir de la ciudad de Colón y viajar hasta Donoso.

DETALLES DEL PROYECTO

Datos del propio Ministerio de Ambiente dan cuenta de que el proyecto minero consiste en el aprovechamiento de tres yacimientos para la extracción de minerales metálicos, como cobre (en su mayoría), oro y plata.

El estudio de impacto ambiental categoría III, aprobado para la mina en 2011, señala que para esa actividad se requiere de la construcción y operación de una serie de infraestructuras, entre ellas, tina de relave, botaderos de material estéril, campamentos, subestación eléctrica y sitios de almacenamiento de combustible.

También demanda de una presa para el abastecimiento de agua del complejo industrial, una planta de generación termoeléctrica, un puerto de alto calado, una línea de transmisión eléctrica y una carretera de 130 kilómetros que permita la interconexión del complejo minero y el puerto.

Todo eso se desarrollará en 5 mil 900 hectáreas de terreno y se producirían 320 mil toneladas de cobre al año, en los 34 años de vida útil del yacimiento. El contrato de Minera Panamá con el Estado panameño está vigente desde 1997, tiene una duración de 60 años y establece revisiones a sus cláusulas cada 20 años.

De acuerdo con Susana Serracín, representante de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, el ministerio está actuando de manera “arbitraria” al adoptar “abierta discrecionalidad” sin fundamento.

También sostuvo que con esta medida se anteponen los intereses empresariales por encima de la legalidad.

Mientras, Carlos Cambra, del Frente Santeño contra la Minería, indicó que esto traerá como resultado “impunidad”. “Nunca pensé que el Ministerio de Ambiente llegaría a estos extremos”, puntualizó Cambra.

En tanto, Harley Mitchell hijo, exdirector de Legal de la desaparecida Autoridad Nacional del Ambiente, señaló que el impacto directo de aquellas actividades por la extracción de recursos minerales se da en Colón, aunque aclaró que para llegar al sitio se debe atravesar Coclé.

“Este es un intento del ministerio de reordenar cuál es la entidad que le corresponde atender este proyecto, aunque se debe tener cuidado en restarle facultades a sus autoridades regionales”, concluyó.

Al respecto, Yamil Sánchez, viceministro de Ambiente encargado, manifestó que la entidad encamina sus actuaciones administrativas con apego a la economía, celeridad y eficacia, para garantizar la realización oportuna de sus funciones, sin menoscabo del debido proceso legal y técnico que deba tener cualquier trámite con objetividad.

“La presente resolución busca hacer más eficaz la fiscalización y tramitología, mientras se automatiza el sistema de gestión ambiental en línea y hacer expedita la respuesta a los usuarios”, afirmó.

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