Gabinete decide descartar la vía de la ´Expropiación sin indemnización´

Cesión provoca fricciones

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El cuestionado proceso de adjudicación, a título gratuito, del terreno de poco más de una hectárea frente a la bahía de Panamá a César Segura, un exvendedor de flores, provocó un nuevo enfrentamiento entre miembros de los partidos de la alianza gubernamental.

El administrador de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) y miembro de Cambio Democrático (CD), Alejandro Castillero, se quejó ayer formalmente ante Juan Carlos Varela, presidente del partido Panameñista, luego de que Alberto Vallarino y José Blandón Figueroa, ministro de Economía y Finanzas, y diputado, respectivamente, cuestionaron duramente la adjudicación del terreno, cuyo valor catastral es de $11.3 millones.

Castillero, en declaraciones ayer a RCM, dijo sentirse “dolido” porque el ministro Vallarino sostuvo no haber estado de acuerdo con la creación de la Anati, y debido a que “insinuó que había sido creada para hacer irregularidades”.

“Estas declaraciones pueden atentar contra la seguridad institucional de una de las promesas imperdonables del presidente [Ricardo Martinelli], que es la titulación masiva de tierras”, agregó Castillero.

El administrador de la Anati alegó que, durante la reunión del pasado lunes, en la que el Consejo Nacional de Tierras analizó la polémica adjudicación, Vallarino se “responsabilizó legalmente” por la actuación de la Dirección de Catastro.

En efecto, el 12 de julio pasado, fecha en que la directora de Catastro, Anabelle Villamonte, firmó la resolución de adjudicación, no había culminado el período de transición establecido para el traspaso de las competencias de Catastro del MEF a la Anati.

Sin embargo, esta declaración de Castillero contrasta con lo expresado al salir de la citada reunión del consejo de Anati. “Me responsabilizo de todo lo ocurrido y por ello le doy un espaldarazo a la directora de Catastro, Anabelle Villamonte”, fueron sus palabras la noche del pasado lunes.

Tres días después, Castillero parece tener otra posición. “No puedo seguir aguantando y poniendo el pecho por algo que no es mi responsabilidad legal, y cómo es posible que él [Vallarino] me siga atacando personalmente e institucionalmente. Pongo las cartas sobre la mesa y que sea el presidente Martinelli quien decida”, agregó el funcionario.

Castillero también acusó al diputado Blandón de “querer limpiarse las manos”, a pesar de haber aprobado la Ley 80 de titulación de tierras y de “querer desvirtuar una institución tan noble como la Anati”.

Fuerte respuesta

Las reacciones del ministro Vallarino y del diputado Blandón Figueroa no se hicieron esperar.

El titular del MEF dijo tener las cosas claras y la conciencia tranquila. “Me referí a que legalmente Catastro me reportaba cuando la directora, dentro de las facultades que le da la Ley 80, directa e indirectamente, realizó la adjudicación. En ello me basé para pedirle copia del expediente en agosto, cuando ya no le reportaba al MEF”, explicó Vallarino.

“¿A quién le prometieron titularle gratuitamente en la bahía de Panamá más de una hectárea de relleno sobre fondo de mar?”, fue la reacción de Blandón.

“Yo no recuerdo que Martinelli ni Varela hayan prometido eso en campaña. Yo expuse claramente mis objeciones a los criterios que defendían él [Castillero] y otros promotores de la titulación indiscriminada en las costas”, agregó el diputado panameñista.

“Que se vaya a quejar donde quiera y con quien quiera, pero no voy a dejar de señalar que se violó la Constitución y la ley, y que los funcionarios responsables deben ser destituidos por complicidad o negligencia ante un atraco millonario que se pretendía hacer al patrimonio de la Nación”, concluyó.

´Todo legal´

Durante su intervención en RCM en la mañana de ayer, el director de la Anati se mantuvo en su defensa a la legalidad del proceso, advirtiendo que “mientras no me demuestren que hubo una irregularidad o falsedad documental o testimonial, voy a seguir apoyando a la directora de Catastro, Anabelle Villamonte”.

Castillero agregó que, durante la reunión del pasado lunes, Villamonte mostró certificaciones de dos administraciones del Municipio de Panamá que certificaban que Segura tenía su quiosco de venta de flores en el área, además de un recibo de pago de agua que lo probaba.

Sin embargo, el recibo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) al que alude Castillero establece claramente que la ubicación del quiosco de Segura era, en 2004, en la avenida Italia de Punta Paitilla.

Es decir, el quiosco que sirvió de sustentó para solicitar la cesión de los 11 mil 379 metros cuadrados frente al mar, estuvo ubicado en la acera de una avenida separada por varios metros y una cerca del lote adjudicado (ver facsímil).

Segura también dijo, durante una entrevista concedida a Telemetro, que cuando se construyó la cinta costera negoció la construcción de una entrada al terreno a cambio de que “se conectaran a su agua”.

Esta afirmación fue categóricamente desmentida por el ministro de Obras Públicas de la época, Benjamín Colamarco. “Ese hombre es un mentiroso... fue desalojado del lugar por intruso en 2005”, afirmó con evidente disgusto.

La historia sobre la conexión de agua de Segura tiene otra inconsistencia. A pesar de que ayer narró que el arreglo citado le dejó una deuda de más de $6 mil con el Idaan que tuvo que pagar, en la solicitud que presentó ante la directora de Catastro declaró que la deuda estaba vigente.

Confirman desalojo

Quien ocupara el cargo de corregidor de San Francisco en 2005, Damián Cigarruista, confirmó ayer el desalojo de Segura ese año, así como la presencia en el lugar del abogado Rodrigo Sarasqueta -hoy director ejecutivo de Seguridad del Ministerio de la Presidencia y aspirante a magistrado de la Corte Suprema-, quien “le advirtió” que si continuaba con la diligencia “tendría problemas legales”.

Y aunque Segura confirmó el desalojo, dijo que continuó “trabajando la tierra y limpiando el área”, con ayuda de su “cuadrilla de empleados”.

Villamonte, por el contrario, asegura no saber nada del desalojo. Ayer, durante su intervención en W Radio, comentó que “en el expediente no consta ningún documento que acredite esto... Si constara en alguna otra institución y me lo hubiesen llevado, sí estaría advertida de esa situación. Para esto se hicieron los edictos y fueron publicados en los diarios”, acotó Villamonte.

“Segura lleva más de 10 años reclamando este lote”, remató la hoy directora de Titulación de la Anati.

´No se pagará´

Horas antes de que el Gobierno desistiera de seguir la vía de la expropiación a través de la Ley 57 de 1946, y optar por una denuncia de bien oculto, el presidente, Ricardo Martinelli, dijo que el clamor de todos los panameños es que el terreno revirtiera o fuera expropiado.

“Yo no soy abogado, aquí no se le va a pagar un centavo a los supuestos dueños, pero eso hay que revertirlo, expropiarlo... yo no sé cuál es el término, pero eso va a ser un parque nacional, extensión de la cinta costera”, apuntó el mandatario, quien desde Europa abogaba por la expropiación.

Frente al anuncio de Segura de que peleará por sus tierras, Martinelli respondió que “ahí están los tribunales para que pueda pelear por lo que sea”.

“Hay 200 mil títulos en igual situación, este era el lote más obvio, más caro y más significativo” enfatizó, al tiempo que rechazó cualquier vinculación con la adjudicación del lote.

Investigación

En la tarde de ayer, los abogados Víctor Martínez y Rogelio Cruz presentaron ante el MEF una denuncia de bien oculto, con el objetivo de que el Estado recupere el terreno que fue cedido a la sociedad Segura Ventures, Inc.

Martínez y Cruz calificaron el terreno como un bien inadjudicable por ser un relleno de mar, según los establece la Constitución.

Ambos abogados presentarán además una querella penal por abuso de autoridad, extralimitación de funciones y peculado en contra de Villamonte y de todos los funcionarios que resulten responsables de esta acción.

Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá emitió un comunicado exigiendo una investigación sobre la cesión gratuita del terreno de Paitilla.

Se trata, en realidad, de un proceso ya en marcha, según explicó el procurador general de la Nación, José Ayú Prado, ya que el 12 de agosto pasado, la gobernadora de Panamá, Mayín Correa, denunció -a título personal- este hecho ante el Ministerio Público.

Se trata, comentó Ayú Prado a La Prensa, de una investigación por la supuesta comisión de un delito contra la administración pública.

“He estado recibiendo información del MEF desde hace días”, agregó el funcionario de instrucción.

(Con información de Ereida Prieto, Rubén Polanco e Isidro Rodríguez)

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