Chavistas tratan de blindarse ante nuevo escenario

Human Rights Watch advirtió que nombrar 12 magistrados antes del 5 de enero busca copar la justicia de leales a Maduro.

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El presidente venezolano Nicolás Maduro participa en una asamblea popular frente al Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro participa en una asamblea popular frente al Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela.
El presidente venezolano Nicolás Maduro participa en una asamblea popular frente al Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela.

El oficialismo chavista, que sufrió el peor revés de su historia en las elecciones legislativas en Venezuela, empezó a tomar decisiones clave en la lucha de poder con la oposición, antes de entregarle el 5 de enero el control total del Parlamento.

En la primera sesión parlamentaria tras los comicios, la Asamblea Nacional, actualmente dominada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, aprobó una ley que transfiere a los trabajadores la propiedad del canal de televisión y la radio del Parlamento. También designó al nuevo defensor público y tiene previsto aprobar una ley de estabilidad laboral y nombrar a 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

La organización Human Rights Watch pidió a los presidentes latinoamericanos exigir a Venezuela que los legisladores salientes renuncien a su intención de copar el tribunal supremo con leales a Nicolás Maduro.

Amnistía va: oposición

La oposición venezolana está determinada a usar su nueva mayoría parlamentaria para aprobar una ley que abra las celdas de quienes considera presos políticos, aunque para ello deba pasar por encima del presidente Nicolás Maduro.

“La Ley de Amnistía va”, sentenció la diputada electa Delsa Solórzano, líder del equipo que redacta la ley que será presentada en el nuevo hemiciclo en enero.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganó las elecciones parlamentarias del domingo con la promesa de beneficiar a más de 4 mil 700 personas, procesadas o condenadas, como Leopoldo López, sindicalistas y manifestantes. Pero incluso antes de divulgado el borrador, Maduro prometió que vetará la norma.

“La ley establece que el Presidente de la República podría no estar de acuerdo e, incluso, devolverla a la Asamblea y, en ese caso, la Asamblea Nacional la aprobaría igualmente”, dijo la abogada Solórzano, anticipándose a una nueva serie de desencuentros.

La administración de Nicolás Maduro todavía podría apelar al Tribunal Supremo de Justicia para desacreditar la ley por inconstitucional, lo que analistas auguran como el inicio de un choque de poderes que mellaría la gobernabilidad.

“Me podrán enviar mil leyes, pero los asesinos del pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar”, dijo Maduro esta semana.

El presidente alega, a la usanza de su predecesor Hugo Chávez, que en su país no hay presos políticos, sino políticos presos.

“Vamos a ver si es verdad que el presidente decide, porque le da la gana, no acatar una ley que con base en la Constitución y que ha promulgado la Asamblea Nacional recién electa”, le respondió, desafiante, Henry Ramos, diputado opositor.

El fallecido Chávez creó un precedente cuando decretó en 2007 una amnistía buscando pasar la página tras feroces protestas que, en 2002, condujeron a su breve derrocamiento.

Una amnistía elimina el delito, y por lo tanto, la pena. En esta ocasión, Solórzano explicó que la MUD tiene la ley ya redactada y que solo afinan los detalles en espera del nuevo período legislativo. El líder opositor López y otros políticos purgan condenas o tienen procesos abiertos acusados de encender las protestas que dejaron más de 40 muertos a principios de 2014.

MONTAJE DE PRUEBAS

La defensa del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, a cargo de los abogados Omar Estacio y José Fernando Núñez, denunció ayer el uso por parte del Estado de un hacker para montaje de pruebas en contra del mandatario.

La defensa procedió a dar a conocer las irregularidades que envuelven al juicio, al ser suspendida una vez más la audiencia; en esta ocasión por motivos personales del juez, informó el abogado Omar Estacio.

Ledezma , de 60 años, fue detenido el pasado 19 de febrero y su audiencia debía tener lugar un mes y medio después, pero ha sido postergada con distintos argumentos que la defensa considera una maniobra deliberada para retrasar el proceso. El alcalde se encuentra con detención domiciliaria desde el 1 de mayo por motivos de salud, luego de ser operado de una hernia inguinal.

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