RECURSOS NATURALES

Cierra capítulo legal de embalse

La concesión para el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, en el río Tabasará, fue otorgada en 2006 y desde ese momento generó uno de los conflictos ambientales más acentuados de la última década.

Un proceso de expropiación forzosa

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El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco se ubica entre la comarca Ngäbe Buglé y la provincia de Chiriquí. El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco se ubica entre la comarca Ngäbe Buglé y la provincia de Chiriquí.
El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco se ubica entre la comarca Ngäbe Buglé y la provincia de Chiriquí. Archivo

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo el pasado 27 de diciembre en el que declaró que “no es ilegal” la resolución AN No. 6103-Elec del 22 de abril de 2013 dictada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), sobre la hidroeléctrica Barro Blanco, ubicada entre Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

Por medio de esa resolución, la ASEP declaraba de “interés público” y de “carácter urgente” la construcción de esta represa, propiedad de la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa). Además, autorizaba a la compañía a “ingresar” a varias fincas en el área indígena para seguir con la construcción.

A raíz de esto, moradores de la comarca afectados por la inundación de sus propiedades presentaron una demanda en la Sala Tercera contra la decisión de la ASEP, por considerarla ilegal, ya que supuestamente no se cumplió con el proceso de consulta y, además, permitía la expropiación de sus tierras.

Según el fallo, bajo la ponencia del magistrado Abel Zamorano, la obligación del Estado es garantizar la participación ciudadana y la adopción de las medidas necesarias para evitar el desmejoramiento de las comunidades indígenas, previamente a las decisiones que se tomen relacionadas con los proyectos eléctricos y a la emisión de actos administrativos, como es la resolución citada anteriormente.

Se intentó conocer una posición de Genisa en este caso, pero explicaron que correspondía a la ASEP pronunciarse por tratarse de una resolución que compete a esa entidad.

No obstante, consideró que dicha resolución es un elemento “accesorio” de la concesión, y que tal consulta debió llevarse a cabo antes de que se otorgara la misma.

En ese sentido, la concesión para el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, en el río Tabasará, fue otorgada en 2006 y desde ese momento generó uno de los conflictos ambientales más acentuados de la última década.

Con este fallo se cierra el capítulo legal de Barro Blanco, ya que se habían presentado varias demandas contra el embalse, pero ninguna logró detenerlo.

Para Susana Serracín, miembro de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, esa resolución le da poder a la ASEP para que pueda expropiar cualquier finca o terreno, sin pasar por un proceso formal en el que, por ejemplo, goce del aval del Consejo de Gabinete.

La activista también cuestionó que en este caso se trataba de un proyecto privado y no público. “No es como cuando una entidad del Estado requiere servidumbre para construir una vía o autopista. Este es un precedente peligroso”, acotó.

Mientras, Ricardo Miranda, uno de los afectados por la inundación, mencionó que es “lamentable” que este tipo de decisiones se tomen contra los pueblos más vulnerables del país y que se expropien tierras para proyectos privados, como lo es una hidroeléctrica. “Hoy podemos ser nosotros los indígenas, mañana puede ser cualquier particular”, acotó.

En tanto, María Soledad Porcell, miembro del Centro de Incidencia Ambiental, manifestó que no aceptan este fallo, porque alegando uso público le pueden quitar a cualquiera su propiedad.

“Además, se trata de tierras indígenas y para ese tipo de casos se requiere una amplia consulta”, aportó.

Se intentó conocer una posición de Genisa en este caso, pero explicaron que correspondía a la ASEP pronunciarse por tratarse de una resolución que compete a esa entidad.

Por su parte, la ASEP se limitó a responder que como no han recibido copia del fallo, no emitirían por el momento ningún comentario.

Actualmente, el Gobierno y las autoridades del Congreso General Ngäbe están en conversaciones del acuerdo presentado sobre Barro Blanco en 2016. Inicialmente, Barro Blanco era una hidroeléctrica que generaría 19 megavatios, pero en el gobierno pasado se amplió la capacidad a un poco más de 28 megavatios. Esto motivó la inundación de tierras indígenas.

Un proceso de expropiación forzosa

RODRIGO NORIEGA*
rodrigo.noriega@prensa.com

TIERRAS. Con la  Ley 18 de 2013, se estableció un proceso sui generis de expropiación forzosa de tierras por parte de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos para facilitar  proyectos energéticos. El propietario debería aceptar la indemnización propuesta, ya que no tendría forma de oponerse; en caso contrario, el dinero sería depositado judicialmente y el propietario tendría  que ser removido. Este es el único caso de expropiación extraordinaria que existe en Panamá y que es distinto al que dicta la Constitución. La Sala Tercera  perdió la oportunidad de anular uno de los exabruptos jurídicos más cuestionables del derecho administrativo. Este es el último de los casos sobre  Barro Blanco que vio  la Corte Suprema de Justicia y  todos  fueron fallados en contra de indígenas y campesinos.

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