SOCIEDAD CIVIL RECLAMA REVISIÓN DE FALLOS Y VOTOS SALVADOS DE EXMAGISTRADOS DE LA CORTE

Cigarruista y Spadafora, obligados a rendir cuentas

So pena de ser sancionados, los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Alberto Cigarruista y Winston Spadafora están obligados a rendir una declaración jurada de su estado patrimonial en un lapso no mayor de 10 días hábiles desde el momento en que abandonaron sus cargos -plazo que vence el 17 de este mes-, de acuerdo con lo que establece la Ley 59 del 29 de diciembre de 1999.

Esta norma obliga al Presidente y Vicepresidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema, los ministros, procuradores, jueces y al defensor del Pueblo a presentar su declaración ante la Contraloría.

La declaración debe hacerse mediante escritura pública ante un notario, y contener informes de los bienes muebles, inmuebles, títulos valores, instrumentos comerciales, a la orden, nominativos o al portador que sean de propiedad total o parcial de los funcionarios.

Además, debe incluir cuentas por pagar a entidades bancarias, financieras y personas naturales.

Pero, más allá del contenido de la ley, agrupaciones de la sociedad civil organizada, como la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, sostienen que la revisión de la actuación de los magistrados debe incluir sus fallos y salvamentos de votos.

Para Carlos Gasnell Acuña, vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, los magistrados de la Corte Suprema deben ser evaluados por las transformaciones administrativas positivas que logren a nivel institucional y por la calidad de sus sentencias como ponentes, e incluso por sus salvamentos de voto, lo cual muchas veces es reflejo de independencia.

Gasnell Acuña opina que se debe analizar en retrospectiva cómo fallaron Cigarruista y Spadafora en casos en los que había grandes intereses de por medio.

“En todo caso, no creemos que ninguno de los dos vaya a ser recordado ni como independiente ni como transformador de la realidad existente”, dijo.

Por su parte, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, reiteró que ambos magistrados deberían hacer un acto de rendición de cuentas y detallar sus actuaciones.

Castillo recordó, sin más, que por ley ambos exfuncionarios deben presentar un informe de sus bienes a la salida de su gestión.

Lo que dice uno

Este diario entrevistó a Cigarruista un par de semanas antes de que terminara su período, a mediados de diciembre pasado, y entre sus reflexiones reconoció que el Órgano Judicial “calla demasiado” sus acciones.

De acuerdo con su opinión, la directiva de la Corte Suprema debe explicar lo que allí se hace, ya que la comunidad desconoce cómo trabaja la administración de justicia y los obstáculos que enfrenta.

Cigarruista, cuya designación fue cuestionada al punto que originó una investigación por el supuesto pago de sobornos para su ratificación, opinó que el principal defecto de los magistrados y jueces es no explicar sus actuaciones.

“Aquel aforismo de que los jueces hablan a través de sus fallos ha quedado obsoleto, porque a veces ni los abogados entienden los fallos que emite el Órgano Judicial”, admitió.

También afirmó que no todo en el Órgano Judicial es bueno; por el contrario, se requiere un poco más de los funcionarios en cuanto a los horarios de llegada a los despachos, y de trabajo.

Según Cigarruista, existen aquellos que todos los días llegan tarde y para quienes no hay control por parte del Órgano Judicial.

“Aquí no se dicen las cosas buenas, tampoco se defiende lo que se hace. No se ha creado una entidad que defienda al juez o que aclare a la ciudadanía las situaciones que se producen”, acotó.

“Hay corrupción en el Órgano Judicial, como la hay en todas partes, desde la Iglesia hasta los clubes cívicos, el Órgano Legislativo, pero lo importante es que [los involucrados] son los menos y que el pueblo pueda denunciarlos y que exista un proceso de investigación transparente”, planteó.

No obstante, opinó que el sistema que se ha utilizado para investigar los casos de corrupción en los que el superior jerárquico juzga a sus inferiores en cuanto a faltas a la ética y faltas administrativas, no funciona.

Asimismo, atribuyó parte de la mora judicial al hecho de que los jueces están “atiborrados” de expedientes.

Detalló, en ese sentido, que en una semana se evacuan 25 expedientes, pero entran otros 40. “No es posible que haya tribunales con más de dos mil expedientes y solo cinco funcionarios”, indicó.

Otra parte de la mora la atribuyó al cúmulo de leyes que han creado más de 60 juzgados que, sin embargo, nunca se han instalado.

“Si se suma que no hay juzgados, funcionarios mal pagados y que el Estado le debe a los funcionarios judiciales grandes sumas de dinero, se comprende por qué muchas cosas no funcionan bien”, dijo.

Lo que no dijo el otro

Este diario también intentó entrevistar a Spadafora y lo trató durante más de cinco semanas continuas, desde noviembre pasado.

Para lograr la entrevista, se hizo la petición a través de la Secretaría de Comunicaciones de la Corte Suprema, a la que, además, se le entregó un cuestionario. Spadafora ni dio el visto bueno para el encuentro ni contestó las preguntas.

También se intentó entrevistar a su suplente, Jacinto Cárdenas, pero se informó que no hablaría porque está muy enfermo.

De cualquier forma, se buscó información relacionada con el magistrado Spadafora en los registros históricos del Órgano Judicial y en los de La Prensa.

De entrada, su designación también fue muy criticada por su cercanía con la administración de la entonces presidenta Mireya Moscoso.

De hecho, Spadafora ocupaba el cargo de ministro de Gobierno y Justicia cuando se le propuso ser magistrado de la Corte Suprema.

Ya en pleno ejercicio de funciones, Spadafora fue denunciado por la entonces diputada Balbina Herrera en relación con el supuesto pago de un soborno para que el pleno de la Asamblea lo ratificara junto con Cigarruista.

La denuncia de Herrera, sumada a la del diputado Carlos Afú por el pago de sobornos para la aprobación del contrato del Centro Multimodal, Industrial y Servicios (Cemis), produjo una investigación por parte del Ministerio Público.

En 2003, la Corte ordenó el cierre del caso Cemis, incluyendo las denuncias de Afú y de Herrera, pero luego en 2009 la procuradora Ana Matilde Gómez solicitó su reapertura.

En el reparto el expediente quedó en el despacho del propio Spadafora, que se declaró impedido y el sumario quedó en manos de su suplente, Jacinto Cárdenas, que elaboró un proyecto en el que recomendó el archivo del caso.

Dicho proyecto fue rechazado por el resto de los magistrados y se elaboró y aprobó un nuevo fallo, con el que se reabrió la investigación del Cemis y la del supuesto pago de sobornos para la ratificación de Spadafora y de Cigarruista.

Las sumarias del Cemis, en las que figuran Afú y el expresidente Martín Torrijos, quedaron en el despacho del magistrado Virgilio Trujillo, suplente de Cigarruista, y siguen abiertas. La denuncia de Herrera pasó a la Asamblea, que la archivó por falta de pruebas.

En su gestión, Spadafora también tuvo varias confrontaciones con medios de comunicación y periodistas.

En 2005, Estados Unidos le revocó la visa con base en la sección 212 (F) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que suspende el ingreso a ese país de personas “que han cometido, participado o se han beneficiado de la corrupción” (ver nota relacionada).

En 2011, la Asamblea archivó por falta de prueba sumaria una denuncia contra Spadafora, en la que se le acusaba de corrupción al supuestamente favorecer con sus fallos al empresario Jean Figali; y declaró sustracción de materia en otro caso, en el que se le señalaba por supuestamente liberar a personas ligadas con el narco.

Cigarruista corre para diputado

Apenas ocho días después de terminar su gestión como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Cigarruista anunció este domingo su candidatura a diputado en 2014 por el circuito 7-2 de Los Santos.

Cigarruista hizo el anuncio en la celebración del desfile de carretas de los Reyes Magos en Macaracas, en el que acompañó al vicepresidente, Juan Carlos Varela.

Cigarruista, que fue legislador por tres períodos, entre 1989 y 2001, informó que en abril próximo hará una inscripción masiva en el Partido Panameñista, para lo cual camina desde ya todo el circuito, que incluye Macaracas y Tonosí.

Por su parte, Varela lo calificó como un “gran dirigente y político santeño”.

Alcibiades Cortez

Spadafora y el ´sistema organizado de sobornos´

En por lo menos cinco cables de la diplomacia estadounidense, generados entre 2002 y 2005 y filtrados en 2011 por Wikileaks, se hace referencia a supuestas actuaciones ilícitas del entonces magistrado Winston Spadafora, informaciones que, sin embargo, no dieron pie a la apertura de ninguna investigación formal.

Se trata de comunicaciones enviadas al Departamento de Estado por la exembajadora Linda Watt, según las cuales esta poseía “información creíble y convincente” de que Spadafora “ha participado intencionalmente y ha obtenido ganancias económicas provenientes de un sistema organizado de sobornos, los cuales son frecuentemente solicitados y aceptados a reclamantes con casos pendientes ante los tribunal superiores”.

Según las notas de Watt, en algunos casos Spadafora solicitaba y aceptaba sobornos por su propia cuenta. “En muy pocas ocasiones Spadafora está solo; forma parte de un grupo que forman siete de los nueve jueces de la Corte Suprema. Este grupo acepta de forma rutinaria sobornos y emite decisiones judiciales contrarias a la razón. Él representa todo lo que está mal en la Corte, donde la avaricia y la corrupción han alcanzado nuevos límites”.

Según los cables, algunos casos irregulares fueron los del israelí Shimón Yelinek, señalado por tráfico de armas hacia Colombia, quien fue liberado por falta de pruebas; y el de la colombiana Lorena Henao Montoya, hermana del narcotraficante Jesús Arcángel Henao Montoya, liberada también por ausencia de pruebas.

Juan Manuel Díaz C.

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