BIENES Y PROYECTOS DE LA POLICÍA NACIONAL

Comisiones por hacer compras fraccionadas

El exdirector de la PN Gustavo Pérez, además de fraccionar las compras, pagaba una comisión por manejo de fondos al PAN.

La Policía Nacional, durante la gestión de Gustavo Pérez, no solo fraccionó la compra de cientos de vehículos Ford modelo F150 para evadir la Ley 22 de Contratación Pública. El mismo patrón de evasión fue aplicado al momento de adquirir botas militares, varas policiales y hasta alimentos para los centros de formación policial por varios millones de dólares.

Las transacciones se hicieron amparadas en un convenio que firmó Pérez con Giacomo Tamburrelli –hoy exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN)– para realizar compras “expeditas” de equipos, y así “garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana”.

Pérez pagaba una “comisión” al PAN, equivalente al 3% del monto total de la compra cuando se adquirían equipos y alimentos.

En el caso de rehabilitación y construcción de instalaciones policiales, la “comisión” aumentaba hasta el 5%, porque el convenio incluía un pago adicional de 2% para sufragar los servicios de un inspector privado. Por ejemplo, una de las obras que emprendió Pérez fue la segunda etapa del proyecto de construcción de las instalaciones del Centro de Enseñanza Superior Justo Arosemena, a un costo de 13.7 millones de dólares.

Si se toma como referencia lo establecido en el convenio, Pérez pagó solo en este proyecto en comisiones unos 685 mil dólares, que se repartieron entre el PAN –en gastos de administración– y un inspector privado cuyo nombre se desconoce, que se habría quedado con unos 274 mil dólares, según el acuerdo firmado por Pérez.

Este proyecto se ejecuta actualmente a través del PAN, pese a que el propio Pérez se quejó previamente ante Tamburrelli por los trabajos de mala calidad que hizo una compañía contratada directamente para impermeabilizar la losa del techo de la sede de la PN, a un costo de más de 50 mil dólares.

Pérez se quejó de filtraciones de agua y que, pese a ello, los inspectores asignados al proyecto avalaron desembolsos significativos. Finalmente, la propia PN terminó realizando las reparaciones, según consta en notas que Pérez dirigió a Tamburrelli.

UNIFORMES Y BOTAS

El 22 de agosto de 2011, Pérez solicitó a Tamburrelli gestionar dos órdenes de compra de “camisas de asalto rápido, pantalón táctico y suéter manga larga”.

Cada orden fue por debajo de los 250 mil dólares, límite hasta el cual Pérez estaba autorizado a firmar, por instrucciones giradas por Mulino en una resolución emitida el 15 de febrero de 2011.

Al mes siguiente de esta solicitud –el 14 de septiembre de 2011–, Pérez volvió a pedirle a Tamburrelli que gestionara la compra de más de 2 mil pares de botas valoradas en 242 mil dólares. Es decir, por cada par de botas se pagarían 121 dólares, 27 dólares menos que los 148 dólares que pretendía pagar Mulino (ver nota relacionada).

Ese mismo día, Pérez también pidió tramitar la compra de mil 528 pares de botas color negro por un monto de 239 mil dólares. Además, ordenó gestionar una tercera orden de compra por la suma de 241 mil dólares mil para adquirir 2 mil pares de botas de selva.

La mayoría de estas compras las coordinó y ejecutó el teniente Jhonatan Alí, de la Dirección Nacional de Transporte y Mantenimiento, y Gladys Rodríguez, de la Dirección de Administración y Finanzas de la PN.

PRESUPUESTO Y RECHAZO

Pérez –elogiado por el presidente, Ricardo Martinelli, como el mejor director que ha tenido la PN– contó en su primer año como director de la entidad con un presupuesto de $382 millones (formulado en el último año de la administración pasada) informó en su momento su jefe y entonces ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino.

Cuatro meses después de que el presidente sacara a Pérez de la Policía, Mulino se enteró de la existencia del convenio entre Pérez y Tamburrelli. Al menos así consta en una carta fechada el 18 de julio de 2012, en la que el ministro de Seguridad Pública dejó sin efecto el pacto con el PAN ( ver facsímil).

Para entonces, Pérez ya había evadido la aplicación de la Ley de Contratación Pública en la compra directa –en diciembre de 2011– de 110 vehículos Ford valorados en más de 4.4 millones de dólares, a través de 19 órdenes de compra fechadas el mismo día.

Se desconoce si el ministro Mulino presentó alguna denuncia por esta situación o si ordenó una auditoría a las compras realizadas en la administración de Pérez, puesto que no aceptó una entrevista con este diario.

A juicio del excontralor Alvin Weeden estas compras son ilegales y debieron ser denunciadas ante las autoridades por el propio Mulino que –según opinó– es ahora “cómplice” del hecho.

“El PAN siempre ha sido una entidad que se ha prestado para los chanchullos y lo critiqué durante el período de Mireya Moscoso”, comentó Weeden.

COMIDA REFRIGERADA

Pero hay más. A través del convenio, la Policía también compró comida refrigerada (productos cárnicos) para las escuelas y centros de formación policial. Estas adquisiciones también fueron fraccionadas, ya que cada orden de compra fue inferior a 250 mil dólares.

Cada vez que se tramitaban órdenes de compras de comida, Pérez dejaba claro que los montos incluían el porcentaje de la administración para el PAN.

Pérez –que también se negó a hablar del asunto con este medio– defendió en su momento la compra de alimentos: “un aumento considerable de cursos y promociones en las diferentes escuelas y centros de formación policial...”, justificaba.

“Para que estos [cadetes] respondan a las exigencias físicas del entrenamiento, requieren de un apoyo alimenticio apropiado para el rendimiento que se espera”, subrayó Pérez en las peticiones que hizo a Tamburrelli.

Ordenan a Mulino invalidar licitación de botas

El  Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas ordenó revocar la adjudicación de un contrato de un millón 84 mil 51 dólares que el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, asignó a  

la empresa Mil-Spec International Corp., para proveer a la institución de 6 mil 800 pares de botas. A finales del año pasado esta licitación provocó que empresarios vinculados a la venta de artículos militares denunciaran que el Estado pagaría un precio elevado por cada par de botas –148 dólares– y que, además, el pliego de condiciones estaba hecho a la medida de dicha compañía. Pese a los duros señalamientos, Mulino defendió en ese momento  el precio de las botas, arguyendo que “la idea es que duren y que [en el pasado] se compraron muchas botas chimbas, pegadas con chicle”. Incluso, acusó –sin revelar nombres– a empresas de sabotear la licitación. “Son botas de cuero que se han pedido con tres niveles de suela que impiden la introducción de clavos…

Yo bien hubiese podido pedir la compra  directa y nadie se entera… hicimos una licitación”, reafirmó Mulino, quien se negó a hablar del tema. La decisión del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas –bajo la ponencia de la magistrada Anabelle Padilla– concluyó que la comisión evaluadora designada por el ministro Mulino había dado puntos a la empresa Mil Spec International Corp., en varios renglones, pero  sin merecerlos.

También determinó que la empresa favorecida presentó una garantía contra desperfectos de manufactura para un acto distinto y que, luego, la comisión evaluadora le permitió corregir este requisito, a pesar de que en el pliego de condiciones se estableció que su incumplimiento era insubsanable. 

En una nueva evaluación de las propuestas presentadas, se ponderó con mayor puntaje a la  Fábrica Internacional de Calzados, S.A., pero la Dirección de Contrataciones Públicas ordenó en marzo pasado declarar desierto el acto.

SANTIAGO CUMBRERA

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