sala tercera de la corte suprema de justicia

Condena millonaria al Estado

El Ministerio de Obras Públicas debe indemnizar a la empresa Arrocera Correntón, por provocar inundaciones en siembras de arroz en Chiriquí.
Según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el muro reconstruido por el MOP ocasionó las inundaciones que afectaron los terrenos de la productora. LA PRENSA/Archivo. Según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el muro reconstruido por el MOP ocasionó las inundaciones que afectaron los terrenos de la productora. LA PRENSA/Archivo.
Según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el muro reconstruido por el MOP ocasionó las inundaciones que afectaron los terrenos de la productora. LA PRENSA/Archivo.

El Estado panameño, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), fue condenado a pagar una indemnización de $1 millón 855 mil 669 con 90 centésimos a la empresa Arrocera Correntón, por los daños causados por el desvío del cauce del río Chiriquí Viejo, en la comunidad de Jacú.

La condena fue dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en fallo del 10 de septiembre pasado que tuvo como ponente al magistrado Víctor Benavides.

El MOP reconstruyó un muro en el río Chiriquí Viejo para proteger a las comunidades de Cuervito, Progreso, Santamaría, Almendro y Balsa, en Bugaba, en la provincia de Chiriquí, luego de las inundaciones de 2009.

Arrocera Correntón presentó la demanda en 2012, aduciendo que el muro desvió el cauce del río Chiriquí Viejo y provocó que el 5 de agosto de 2011 se le inundaran 17 hectáreas que estaban dentro de dos fincas de la empresa y donde tenían plantaciones de arroz. La cosecha se perdió y el terreno se llenó de piedras, quedando no apto para la siembra.

La empresa indicó en la demanda que el río es caudaloso y chocó con el muro, provocando que las aguas fuesen hacia la comunidad de Jacú.

afectó la producción

Además de Benavides, el fallo fue avalado por el magistrado Alejandro Moncada Luna.

Mientras que el magistrado Luis Ramón Fábrega emitió un salvamento de voto al no estar de acuerdo con lo decidido por Benavides. (Ver nota relacionada).

El fallo indica que el MOP violó la ley de Transparencia debido a que no realizó la consulta pública previo a la construcción del muro.

“No se puede soslayar el hecho de que la empresa reclamante, sufrió una merma en su actividad agrícola”, dijo Benavides.

Explicó que se violaron disposiciones del Código Administrativo y del Código Civil, porque el MOP, “debió explicar y sustentar la decisión técnica del levantamiento de esta infraestructura, frente a los grupos que se oponían a dicho proyecto”.

Arrocera Correntón exigía una indemnización de $3 millones 952 mil 500. Sin embargo, el MOP fue condenado a pagar $1 millón 855 mil 669 con 90 centésimos.

Basado en las pruebas aportadas, Benavides calculó los daños y perjuicios en $861 mil 169 con 90 centésimos.

Esta cifra surge de cálculos basados en los costos para desarrollar los dos terrenos, los gastos de las 17 hectáreas destruidas, el precio de venta por hectárea, la producción estimada y el precio de venta de la misma.

Mientras que el lucro cesante fue estimado en $994 mil 500, según el precio de venta del quintal de arroz, la cantidad de quintales que se generan por hectárea y el cálculo de cinco años de promedio en la pérdida de los ingresos de los accionistas.

Este medio intentó obtener una versión del MOP, a través de Relaciones Públicas, pero no hubo respuesta.

 ´El Estado no tiene culpa´

El magistrado Luis Ramón Fábrega manifestó en su salvamento de voto que no se logró probar el nexo causal entre la falla en que incurrió el Ministerio de Obras Públicas y el daño causado a las siembras de la empresa Arrocera Correntón, por la construcción del muro que provocó el desvío del río Chiriquí Viejo. Advirtió que el muro había sido edificado “años atrás por la empresa Chiriquí Land Company y fue reconstruido por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) debido a que había sido derrumbado por las inundaciones”. El propósito era salvaguardar algunas comunidades de las inundaciones. “No se logró determinar que el daño causado fuera producto de la reedificación del muro”, indicó. A pesar de que admite que no se hizo la consulta pública, Fábrega argumentó que “ello no implica que el Estado sea responsable del daño”.

Rubén Polanco

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