Confirman fallo absolutorio a agentes del SPI

Son los acusados por la golpiza a víctimas del dietilene glycol en 2007, entre estos el exdirector de la institución José Gómez.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó la sentencia que absolvió al exdirector del Servicio de Protección Institucional (SPI) José Gómez y a otros cuatro funcionarios de esa entidad por la golpiza propinada a pacientes y familiares de las víctimas del dietilene glycol en una protesta cerca de la Presidencia, el 19 de julio de 2007.

Mediante fallo del 26 de julio pasado, el magistrado ponente Wilfredo Sáenz confirmó la absolución dictada en primera instancia por el Juzgado Octavo Penal el 24 de febrero de 2012.

Además de Gómez, fueron incluidos en el fallo el mayor Ezequiel Carrizo y los agentes Omar Barrios, Jorge Peralta y Eric Espino.

Saénz concluyó que los acusados no actuaron con dolo (mala intención) y, de hecho, las pruebas aportadas en la investigación dejan dudas de su responsabilidad penal.

El juez argumentó que la inspección ocular al video aportado por un canal de televisión permite establecer que los miembros del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida fueron empujados de atrás hacia adelante contra los agentes del SPI, lo que produjo la violencia.

De acuerdo con el fallo, la conducta de Espino, Berrío y Peralta se ajustó a las normas de procedimiento establecidas en el Decreto 2 del 8 de julio de 1999, que limita el uso de la fuerza para los miembros del SPI.

En el caso de Espino, el fallo detalla que con el propósito de recuperar su vara policial le tiró una patada a Gabriel Pascual, presidente del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida, pero no le pegó.

Además, precisa que contra Berrío no constan pruebas de uso excesivo de fuerza, pese a que fue denunciado por Beatriz Villar de haberla golpeado en el estómago con la vara policial.

Y en cuanto a Peralta, la sentencia indica que este cumplió con el uso de la fuerza no letal, al rociarle gas pimienta a Ramsés García, quien le había arrebatado la vara policial a un agente y se resistía al arresto.

Al mismo tiempo, Sáenz agregó que Gómez y Carrizo estaban encargados de supervisar la protesta, pero que no hubo voluntad de causar daños a los pacientes afectados con el tóxico.

Advirtió de que los manifestantes estaban en un perímetro prohibido, a 147 metros de distancia de la Presidencia de la República, y no notificaron con anticipación a la Alcaldía de Panamá que iban a efectuar una manifestación ese día.

INMORAL

Consultado sobre la decisión, Pascual calificó el fallo de inmoral e inhumano y opinó que el sistema de justicia está politizado.

Anunció que llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “porque es evidente la falta de credibilidad de la justicia panameña, donde reina la impunidad”.

“Todo el país fue testigo de ese hecho, donde las armas las tenían los SPI, encabezados por José Gómez”, recordó.

Pascual informó que Adolfo Nieto, Salvador Broce y Ariel Póveda, afectados con el dietilene glycol y quienes participaron en la protesta en 2007, murieron en espera de justicia.

Espino, Berrío, Gómez y Carrizo fueron acusados del delito de abuso de autoridad, mientras que Peralta fue sindicado por delito de someter a un detenido a severidades.

Inicialmente, el Juzgado Octavo Penal archivó dos veces el proceso, en 2008 y 2009, y el Segundo Tribunal finalmente llamó a juicio a los acusados el 26 de julio de 2010. El juicio se realizó el 16 de septiembre de 2011.

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