EL REGRESO DEL EX HOMBRE FUERTE DE PANAMÁ Y SUS IMPLICACIONES LEGALES

Conflicto de jurisdicción con arribo de Noriega al país

El exdictador tiene seis condenas y tres procesos tanto en Panamá como en Chiriquí. Los tribunales darán la última palabra.

Aunque los reportes del Órgano Judicial y el Ministerio Público coinciden en que al exdictador Manuel Antonio Noriega le esperan en el país seis condenas por 67 años y medio de prisión, y pese a que diferentes voceros del Gobierno han reiterado que será la cárcel de El Renacer donde purgará el tiempo que pase en prisión a partir de hoy, el escenario judicial del ex hombre fuerte de Panamá no es tan claro como parece.

Según revelaron ayer fuentes del Ministerio Público, tras la llegada al país de Noriega se plantea un conflicto legal de jurisdicción relacionado con las seis condenas ya dictadas en su contra y con los tres procesos que tiene pendientes.

Las condenas que pesan sobre Noriega empiezan con el caso del asesinato de Hugo Spadafora, en 1985, dictada el 20 de octubre de 1993 por el Primer Tribunal Superior de Chiriquí, de 20 años de prisión.

Le sigue la del homicidio del mayor Moisés Giroldi, en 1989, también de 20 años, emitida el 2 de marzo de 1994 por el Segundo Tribunal Superior, con jurisdicción en Panamá.

En octubre de 1994, el Juzgado Segundo Penal de Panamá lo condenó a tres años más de cárcel por la privación de libertad del mayor Humberto Macea, implicado en el fallido golpe de Estado del 16 de marzo de 1998. Y en julio de 1996 el Segundo Tribunal Superior de Justicia lo volvió a condenar, esta vez a 15 años de cárcel por la masacre de Albrook (1989).

Las dos condenas restantes datan de septiembre de 1996 y septiembre de 2001. La primera, a un año y medio de prisión, del Juzgado Cuarto Municipal por corrupción y aprovechamiento de bienes provenientes del delito. La segunda, suscrita por el Juzgado Noveno Penal de Panamá, a ocho años más de cárcel, por peculado.

De todas esas condenas, sin embargo, Noriega solo deberá pagar una de 20 años, por cualquiera de los dos homicidios indicados, de acuerdo con el principio de derecho universal según el cual la “ley favorable al imputado se aplicará retroactivamente”.

Según ese principio, al exdictador se le aplicarán los artículos 47 y 64 del Código Penal de 1982 –vigente cuando fue procesado y condenado–, que establecen como pena máxima 20 años.

En tanto, los procesos vigentes en su contra son uno por homicidio y dos por delitos de lesa humanidad.

En el primer caso se trata de la desaparición y muerte del dirigente Heliodoro Portugal (1970), por el cual el Segundo Tribunal lo llamó a juicio en enero de 2010. En el segundo, el Primer Tribunal Superior de Chiriquí lo procesa por las desapariciones de Everett Clayton Kimble Guerra, en 1968, y Luis Antonio Quiroz, en 1969.

El conflicto

La Corte Suprema de Justicia ha dicho en diferentes fallos que si a una persona se le ordena la detención preventiva o se le condena, debe estar detenida donde está la fiscalía que la procesó y el tribunal que la sentenció.

Inclusive, varios fallos de la Corte Suprema de Justicia –lo que supone el establecimiento de jurisprudencia– han llamado la atención al Ministerio Público por no ordenar que los implicados en procesos o condenados estén en la jurisdicción que les corresponde.

Noriega tiene dos condenas por homicidio, una dictada en Chiriquí y la otra en Panamá. Entonces, ¿dónde deberá quedar detenido?

En el caso de los procesos pendientes, uno corresponde a la jurisdicción capital y los otros dos a Chiriquí, estos últimos por delitos de lesa humanidad, que dicho sea de paso no permiten el otorgamiento de medidas cautelares diferentes a la detención preventiva o de depósito domiciliario u hospitalario.

Según las fuentes, para resolver el conflicto se deberá esperar que los abogados defensores del exdictador acudan a los tribunales para solicitar la prisión domiciliaria, según lo establecido en el Código Penal, y en ese momento el juez o magistrado que conozca de dicha causa tendrá que pronunciarse al respecto.

El artículo 107 del Código Penal dice: “cuando el sancionado sea una persona de setenta años de edad o más, una mujer grávida o recién dada a luz, una persona que padezca enfermedad grave científicamente comprobada que le imposibilite el cumplimiento de la pena en el centro penitenciario, o que tenga una discapacidad que no le permita valerse por sí misma, el juez, siempre que sea posible, y atendiendo las circunstancias del caso, podrá ordenar que la pena de prisión, de arresto de fines de semana o de días-multa se cumpla en prisión domiciliaria. En el caso de enfermedad o discapacidad, se aplicará la medida sobre la base de un dictamen médico-legal. Esta disposición no será aplicable cuando se trate de delitos contra la humanidad o del delito de desaparición forzada de personas”.

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