Ecuador

Congreso de Ecuador censura a excontralor Pólit

El funcionario, que renunció desde Miami, Estados Unidos, el pasado 20 de junio, es investigado por el caso Odebrecht.

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El asambleísta Daniel Mendoza fue el encargado de hacer la moción de censura. Tomado de @AsambleaEcuador El asambleísta Daniel Mendoza fue el encargado de hacer la moción de censura. Tomado de @AsambleaEcuador
El asambleísta Daniel Mendoza fue el encargado de hacer la moción de censura. Tomado de @AsambleaEcuador

El Congreso de Ecuador censuró, en un juicio político, al excontralor del Estado Carlos Pólit, envuelto en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, por el cual renunció desde Estados Unidos.

Según la legislación ecuatoriana, la censura implica la destitución del cargo. Sin embargo, Pólit renunció el pasado 20 de junio desde Miami, adonde acudió por una “afectación” de salud.

Tras 7 horas de juicio, al que asistieron 133 de los 137 diputados, se aprobó la resolución que censura la actuación de Pólit como ex contralor general.

La Asamblea Nacional también resolvió, con 132 votos a favor y una abstención, “remitir el resultado del juicio político a las unidades judiciales de los 12 países mencionados en el caso Odebrecht”, dado que Pólit tiene en Ecuador una investigación fiscal abierta en su contra relacionada con la trama de corrupción de la firma brasileña.

El presidente del Congreso, José Serrano, declaró ante la prensa que, “al existir la renuncia ya no surte como consecuencia la destitución, pero la censura se ha dado y eso se ha dado por unanimidad”.

Pólit alegó en su defensa que envió por escrito y fue leída durante casi dos horas, que se le pretendía sancionar con base en artículos de prensa y que no tenía “ninguna responsabilidad política” en los cargos imputados. Asimismo, señaló que el juicio político no ha respetado el debido proceso y tiene “vicios de fondo”.

El juicio político contra el exfuncionario fue planteado por el oficialismo y respaldado por la oposición, que busca una acción similar contra el vicepresidente de la República, Jorge Glas, por el mismo caso.

Al presentar los cargos, el diputado del oficialista Alianza País (AP), Daniel Mendoza, señaló que Pólit incumplió con sus funciones al delegar la firma de informes y no auditar los contratos suscritos entre el Estado y la constructora.

“Existió un favorecimiento a la empresa Odebrecht, existió un modus operandi en la Contraloría General del Estado”, aseguró Mendoza. “Independientemente de que haya delegado la firma, independientemente de que haya utilizado esta práctica nefasta de tratar de blindar su accionar, simplemente ha demostrado que ha incumplido con sus funciones”, adujo.

El presidente de la Asamblea destacó que este proceso era “una fase fundamental que requiere el país y es el control político que realizan los asambleístas”. Además, aseguró que se logró“cerrar una etapa del proceso”, y que “comienza una nueva fase en la lucha contra la corrupción”, consigna un comunicado del Órgano Legislativo.

Según el comunicado, Serrano también se refirió a la muerte civil que se plantea como castigo en materia anticorrupción. Dijo que se presentaron siete iniciativas por parte de diversos grupos sociales y algunos asambleístas y que existe la intención de trabajar en una reforma a varios artículos que fortalezcan la lucha contra la corrupción.

El excontralor se vio envuelto en la trama de corrupción el pasado 2 de junio, cuando las autoridades allanaron su vivienda en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.

Las indagaciones en curso y bajo reserva en Ecuador dejan una decena de detenidos, entre ellos el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera y un tío del vicepresidente Glas.

La Fiscalía abrió una investigación por el caso Odebrecht en Ecuador tras la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2016, de que la firma pagó entre 2007 y 2016 unos 33.5 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos. Como consecuencia, están bloqueados pagos por 40 millones de dólares a Odebrecht para garantizar una indemnización al Estado, y existe la prohibición temporal de hacer contratos estatales con la compañía.

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