GUATEMALA

Congreso frena pesquisa contra Jimmy Morales

Se requerían 105 votos y solo 25 diputados votaron a favor. El Ministerio Público evalúa interponer un recurso ante la Corte de Constitucionalidad.

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Julio Ixcamey, presidente de la Comisión Pesquisidora, fue el único de los cinco miembros que analizaron la denuncia que votó por retirar la inmunidad a Morales. Julio Ixcamey, presidente de la Comisión Pesquisidora, fue el único de los cinco miembros que analizaron la denuncia que votó por retirar la inmunidad a Morales.
Julio Ixcamey, presidente de la Comisión Pesquisidora, fue el único de los cinco miembros que analizaron la denuncia que votó por retirar la inmunidad a Morales. Johan Ordóñez

El Congreso de Guatemala declaró “sin lugar” el retiro de la inmunidad al presidente Jimmy Morales, que había sido solicitada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) por considerar que había indicios de que durante su gestión como secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-NACIÓN) podría haber cometido el delito de financiamiento electoral ilícito.

Tras una jornada en la que fueron efectuadas dos votaciones —luego de que se cuestionara que se había apurado el proceso y que al menos dos diputados dijeran que su voto se había registrado de forma contraria a como lo habían emitido— el expediente contra Morales fue guardado en la Dirección Legislativa del Congreso, a disposición de los miembros del legislativo, tal como lo establece la ley de antejuicio.

La primera votación arrojó un resultado de 104 votos en contra de la solicitud de antejuicio, y 25 a favor; 29 curules estaban sin representante. La segunda terminó con 99 votos a favor del retiro de la inmunidad y 28 en contra; 31 diputados no votaron.

Para aprobar el antejuicio se requería 105 votos (2/3 partes) de un total de 158 diputados que conforman el pleno.

¿Se acaba todo con la decisión del Congreso?

Aunque la ley de antejuicio plantea el archivo del expediente si se declara “no a lugar la formación de causa de la solicitud de antejuicio”, la fiscal general Thelma Aldana dijo a este medio —antes de la votación en el Congreso— que de presentarse el escenario en el que se rechazara levantar la inmunidad al mandatario, el Ministerio Público presentaría un amparo ante la Corte de Constitucionalidad.

La decisión se produjo menos de 24 horas después de que el informe fuera consignado en el Legislativo, lo que fue efectuado a las 22:27 horas del pasado domingo, y horas después de que el presidente de la Comisión Pesquisidora nombrada para analizar la solicitud de antejuicio, Julio Ixcamey, presentara —en solitario— el resultado del trabajo realizado durante cinco días y que culminó con la recomendación de levantarle la inmunidad al mandatario para que pudiera “ ser puesto a disposición de la justicia común, en virtud de la probable participación en los hechos concernientes a la falta de presentación de informes y negativa a proporcionar información al órgano electoral, durante su gestión como secretario general” del partido, entre el 1 de enero de 2015 y el 9 de enero de 2016.

A pesar de la recomendación, de los cinco integrantes de la comisión solo uno, Ixcamey, votó en el pleno de conformidad con la postura planteada en el informe circunstanciado. Dos integrantes votaron en contra y los otros dos se ausentaron de la votación, según la lista.

“No hay un respeto a la institucionalidad. Están enviando un mensaje de impunidad”, dijo el diputado Mario Taracena, uno de los 25 que votó por retirar la inmunidad a Morales, tras la sesión.

Más temprano, durante el debate, el diputado Fernando Linares resaltó la coincidencia de tiempo en la que presentaron la denuncia en contra del presidente. La coincidencia lo hace político —añadió— hay suficientes elementos para asegurar que aquí hay una pelea política, que están buscando poder detrás del trono.

De hecho, lo señalado por Beltranena fue el argumento del representante del mandatario cuando declaró ante la Comisión Pesquisidora.

También hubo denuncias de negociaciones bajo la mesa. La diputada Sandra Morán dijo durante la sesión que los votos en contra fueron a cambio de obras en el presupuesto de 2018.

En tanto, el diputado Amílcar Pop calificó la decisión de espuria porque impide conocer la verdad. “Esas dudas se van a resolver si se le da trámite al proceso. ¿Qué más fortalecimiento institucional?”, indicó al efectuar su voto razonado, en alusión a los cuestionamientos de que el proceso era político.

Cuando la votación resultó favorable a Morales, oficialistas a los que se les permitió ingresar a un sector del hemiciclo para observar la sesión —y que vestían de blanco— cantaron el himno nacional.

El presidente del Congrego, Óscar Chinchilla, declaró a la prensa local que basaron su decisión en lo que señala el expediente de la pesquisidora. “(...) Es bien claro, aquí tengo copia del informe circunstanciado (...) encontramos dentro del expediente que hay razones políticas, que no existen indicios para decir que el presidente tuvo participación directa en los hechos, el expediente daba diversas opiniones”, alegó.

Y es que el argumento al que aludió Chinchilla de alguna manera se relaciona con lo que señaló durante el debate el diputado Mauro Guzmán: “Ahí tenemos un informe que quiso ser técnico, pero que [tiene] algunas disposiciones políticas.

También lo dijo el diputado Walter Félix, quien afirmó que el informe de la pesquisidora es ambigüo.

RECOMENDACIÓN CONFUSA

Y es que aunque la Comisión Pesquisidora emitió una recomendación de levantar la inmunidad a Morales, concluyó que el presidente no tenía responsabilidad personal y directa sobre el manejo de las finanzas y la presentación de los informes de su partido.

Es así que, señala el informe, la comisión consideró “ que ni el reglamento de la ley electoral, ni de partidos políticos, ni los estatutos vigentes en ese momento del FCN-Nación establecían que era función del secretario general llevar el control contable de dicha organización, por lo que no se puede atribuir que existía una participación directa en el control del mismo”.

Asimismo, señala el documento “ al no estar determinada la participación del sujeto motivo de la solicitud, esta comisión no considera que exista obstáculo para continuar con la investigación en contra de quienes hayan participado en los hechos antes descritos”.

Señala el texto en sus conclusiones que el proceso no fue promovido por razones espurias o ilegítimas, pero existen elementos que indican “ que se pudo promover por razones políticas en la forma, tiempo y modo en que fue presentada” la solicitud, ya que fue promovida cuando Morales se encontraba en Nueva York tratando con el secretario general de las Naciones Unidas temas relacionados con la Cicig.

De otro lado, el reporte consagra los incumplimientos por parte de Morales en la entrega de los informes, en permitir la fiscalización de los fondos y en que los argumentos y documentación presentada por el representante del mandatario no permitieron corroborar los argumentos que él esgrimía. Por ejemplo, su abogado entregó el día de su declaración unos documentos alegando que eran los libros contables. Sin embargo, el informe de la comisión establece que “ ninguno de los [documentos] está autorizado por el Tribunal Supremo Electoral [TSE], así como tampoco firmado o sellado por ninguna autoridad de la organización política por lo que no pudo comprobar la existencia de los mismos”.

También concluyeron los comisionados que FCN-NACIÓN “ de manera reiterada y sistemática omitió la presentación de todos los informes que era obligación presentar, máxime durante el año electoral, sin identificar causa fundada que justifique tal omisión”.

Asimismo, que “ en las cuentas abiertas por el partido no se reportaron valores en su oportunidad por un monto de 2 millones 335 mil 252.22 quetzales [unos $320 mil], cifra esta que se colige porque existe un valor mayor depositado que el que se reportó” y que consta en dos tipos de reportes del TSE que están consignados en la denuncia de los meses de mayo a agosto de 2015, “ meses y años que coinciden con los montos depositados y las transacciones en las cuentas del partido. Sin embargo, la comisión no pudo confirmar o desechar dichos montos en vista de que se confirmó que no existe auditoría concluyente”.

De acuerdo con la solicitud de antejuicio interpuesta por el MP y la Cicig, durante la gestión de Morales como secretario general, el FCN-NACIÓN habría manejado de forma ilícita al menos 6.7 millones de quetzales (unos $923 mil 520 al cambio actual), de los cuales unos $602 mil corresponderían a gastos de campaña electoral no reportados y fuentes de financiamiento no identificadas, y unos $320 mil 853 vinculados a depósitos en las cuentas del partido en 2015 no reportados al TSE. Lo anterior, señala la denuncia, implica que Morales, en su condición de secretario general, pudo haber recibido contribuciones en forma anónima, que no fueron registradas y cuya fiscalización impidió.

(Con información de ‘Prensa Libre’, ‘La Hora’ y ‘El Periódico’)

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