DICTADURA DE AUGUSTO PINOCHET EN CHILE

Conscripto confiesa 10 ejecuciones

’Llevábamos a varios de estos tipos a la pampa, les pegábamos un balazo, y no quedaba ni la sombra’, relató un exrecluta.

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En esta imagen del 11 de septiembre 2015, un hombre coloca la foto de una persona desaparecida fuera del palacio presidencial en el aniversario del golpe de Estado. En esta imagen del 11 de septiembre 2015, un hombre coloca la foto de una persona desaparecida fuera del palacio presidencial en el aniversario del golpe de Estado.

En esta imagen del 11 de septiembre 2015, un hombre coloca la foto de una persona desaparecida fuera del palacio presidencial en el aniversario del golpe de Estado. Foto por: Archivo

Augusto PinochetAP Augusto PinochetAP

Augusto PinochetAP Foto por: Archivo

Un conscripto chileno confesó que ejecutó a 10 personas de un tiro en la cabeza y luego dinamitó sus cuerpos para no dejar rastro de su existencia.

Esta última y sorpresiva confesión llegó a principios de diciembre y sucedió durante un programa de radio. Al aire y haciéndose llamar simplemente “Alberto”, el conscripto dijo que quería contarle a la audiencia su historia de amor.

Afirmó que es veterano del ejército y que en aquellos años de la dictadura de Augusto Pinochet se llevó a varias personas al desierto, les disparó en la cabeza y voló sus cuerpos a punta de dinamita. “Yo participaba de una misión especial y llevábamos a varios de estos tipos a la pampa [el desierto], les pegábamos un balazo en la cabeza, dinamita, y ‘paf’,’ no quedaba ni la sombra”, narró quien luego fue identificado como el recluta Guillermo Reyes Rammsy, ahora de 62 años, al programa “Chacotero sentimental”, de radio Corazón.

En su testimonio radial, que se extendió por 25 minutos, dijo que tras el golpe militar de 1973 se convirtió en francotirador y que cumplía órdenes superiores y admitió al menos 18 asesinatos. También reconoció que, aunque recibía órdenes, le gustó eso de matar. “Uno actuaba por maldad y después cachabas [entendías] que te gustaba y te volvías loco”, dijo.

Días después de revelar el secreto con el que vivió durante 42 años, Reyes fue detenido por orden del juez Mario Carroza, que investiga crímenes de lesa humanidad, y quedó bajo arresto domiciliario. No fue posible contactar a Reyes.

La confesión de Reyes no es la única hecha en 2015. En julio pasado, otro conscripto reconoció que la patrulla militar a la que pertenecía roció con gasolina a dos adolescentes y los quemó vivos.

Muchos conscriptos están dispuestos a contar las atrocidades en las que participaron cuando tenían unos 18 años y cómo el ejército, que los reclutó obligatoriamente, se transformó en una fuerza de ocupación y exterminio.

También podrían convertirse en la llave para abrir la puerta que permita saber dónde están cientos de desaparecidos y darían los nombres de los oficiales que participaron u ordenaron los crímenes, expresó Fernando Mellado, líder de un grupo organizado de conscriptos.

Ambas confesiones tienen a los chilenos sorprendidos con los detalles de los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1990) que cambió la historia del país. Grupos de derechos humanos y familiares de las víctimas creen que las confesiones indican la existencia de un pacto de silencio entre los militares sobre muchas de las atrocidades cometidas durante el régimen del general Pinochet.

“Siento que por fin se está rompiendo, porque los criminales ya no aguantan más”, manifestó Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas, quien murió quemado vivo en 1986, cuando tenía 19 años.

“Fíjate en el último, quienes realmente están rompiendo son todos hombres jóvenes que fueron obligados a cometer crímenes. Van a seguir cayendo, esto es como un dominó”.

Durante casi tres décadas, muchos de los autores de estas masacres han gozado de impunidad. Pero después de que un exsoldado testificara en julio pasado sobre el asesinato de Rojas, un juez acusó a siete exmilitares del crimen en el que también resultó gravemente quemada otra adolescente.

El Gobierno respondió este mes de diciembre con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que entre sus tareas tendrá establecer políticas públicas sobre las víctimas de la dictadura. Pero, la madre de Rojas dijo que cuando descubrió en una estación del metro un mural en homenaje a los jóvenes quemados, concluyó que el Gobierno “no tiene la más mínima intención de hacer justicia”.

Otro camino está en manos de la justicia, que podría aceptar el ofrecimiento de los conscriptos de decir la verdad a cambio de sentencias cortas que puedan cumplirse en libertad.

“Hoy día hay gente que está dispuesta a hablar, pero cuál es el temor, justamente lo que le pasó a Guillermo Reyes”, dijo Mellado en referencia al que confesó en la radio. “Si el Estado me libera de responsabilidad... yo creo que lo vamos a hacer [hablar] sin ningún problema, porque los responsables no somos nosotros”, añadió.

Cuando el golpe de Estado ocurrió, “éramos niños que fuimos brutalmente avasallados, para simplemente convertirnos en autómatas y hacer lo que se nos ordenaba”. Pero los conscriptos, además, alegan que son víctimas de militares de alto rango. “Al clase [cabo, sargentos, suboficiales] los dejaban a cargo de las dos o tres compañías [del regimiento de telecomunicaciones] el fin de semana... se curaban, se mimetizaban, se pintaban las caras con corchos y asaltaban la cuadra”, dijo Mellado. “Se metían por las ventanas, con pistola en mano, se iban donde los más chicos, les ponían las pistolas en la cabeza y los violaban”.

Las atrocidades relatadas por el líder de los soldados y uno de los pocos que logró recuperarse y estudiar una carrera, parecen infinitas.

La dictadura dejó un saldo oficial de 40 mil 18 víctimas, incluidos 3 mil 95 izquierdistas asesinados y más de mil 200 desaparecidos.

En 25 años de democracia, el Servicio Médico Legal chileno apenas ha identificado los restos de 166 personas.

El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior informó que al 1 de diciembre, mil 373 antiguos y actuales oficiales del ejército enfrentaron juicios, de los que 344 fueron condenados de manera definitiva y solo 163 recibieron una pena de presidio efectivo. Los 181 restantes recibieron condenas alternativas.

A la fecha, hay mil 48 causas abiertas por mil 762 desaparecidos y ejecutados.

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