importante decisión hemisférica

Contienda por la Relatoría

La CIDH elegirá de seis candidatos al que liderará la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión a partir de este año.
El abogado chileno Francisco Cox cuestiona las leyes que puedan vulnerar la libertad de expresión. Tomada de Internet. El abogado chileno Francisco Cox cuestiona las leyes que puedan vulnerar la libertad de expresión. Tomada de Internet.
El abogado chileno Francisco Cox cuestiona las leyes que puedan vulnerar la libertad de expresión. Tomada de Internet.

En la carrera por presidir la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentran Francisco Cox y Miguel David Lovatón, dos abogados litigantes de Chile y Perú, respectivamente, que han llevado casos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta experiencia en el litigio internacional fue una de las cualidades que observó la CIDH para la preselección de los aspirantes al cargo, hecha en diciembre pasado. Pero la contienda será difícil, ya que otras figuras de Uruguay, Argentina, Guatemala y Ecuador se disputan el mismo puesto.

Los seleccionados tienen experiencia profesional y conocimiento demostrado en el manejo de procedimientos, precedentes legales y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desde el pasado jueves 1 de mayo, la CIDH puede recibir las observaciones que tengan los Estados miembros y la sociedad civil sobre los aspirantes al cargo que actualmente ocupa la colombiana Catalina Botero.

La persona designada tendrá bajo su responsabilidad representar a todos los periodistas, medios de comunicación social y miembros de la sociedad civil que, en la búsqueda de la verdad y la transparencia, hayan sufrido o se les haya violado su libertad de expresarse.

El reto del próximo relator (a) –que asumiría el cargo el 6 de octubre venidero– será continuar con la labor de vigilar la situación que enfrenta la libertad de expresión en la región, así como elaborar informes periódicos sobre posibles amenazas o violaciones que se presenten.

Recientemente, la Relatoría entregó un informe sobre las agresiones, demandas civiles por millones de dólares y ataques que han sufrido los periodistas al ejercer su profesión en Panamá, documento que incluye los ataques del presidente saliente, Ricardo Martinelli, al diario La Prensa, en particular.

EL PENALISTA

Conocido por asumir la defensa de casos polémicos en su natal Chile, el abogado penalista Francisco Cox busca la oportunidad de dirigir la Relatoría.

Entre sus casos más sonado están la defensa a una jueza lesbiana que buscaba la custodia de sus hijas tras un proceso de divorcio. En la demanda se aducía a que la condición lesbiana de la jueza impedía que asumiera el papel de madre, además de que ella ya vivía con su nueva pareja.

Tras un revés judicial para Cox, este decidió llevar el caso a instancias internacionales.

En 2012, la sentencia favoreció a Cox, ya que se consideró que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Para este abogado, el respeto a las libertades de las minorías es una prioridad.

“Creo que el matrimonio homosexual es igual al matrimonio entre un hombre y una mujer. No entiendo el fetichismo con la palabra “matrimonio”, dijo Cox a la revista Paula de Chile, en junio de 2012.

Cox considera que si ya la sociedad acepta que dos hombres vivan juntos, por qué no llamarle que son un “matrimonio” y que estos puedan adoptar hijos.

El abogado también asumió la defensa de un banquero acusado de haber violado a sus tres hijas, caso que Cox ganó en la Corte Suprema de su país. Sin embargo, el pasado 8 de abril la contraparte llevó el proceso ante la CIDH, donde aún se analiza.

Su contraparte considera que se vulneraron normas internacionales, como la Declaración de los Derechos del Niño, pero Cox opina que es “imposible que se acceda a condenar al Estado chileno y se repita el juicio” contra su defendido.

En cuanto a los temas relacionados a la libertad de expresión, junto con otros abogados de la Asociación Gremial Libertades Públicas, Cox asumió la defensa de un reportero gráfico de la Agencia EFE, quien perdió su ojo derecho en una manifestación, tras ser agredido por un oficial de los Carabineros.

“El Estado de Chile vulneró el derecho al debido proceso en el caso concreto y la libertad de expresión”, denunció Cox ante la CIDH.

En marzo pasado, el abogado señaló públicamente que espera que la CIDH –“y eventualmente la Corte [Interamericana de Derechos Humanos]–, nuevamente le ordene al Estado de Chile reformar la justicia militar” y que, además, indemnice por el daño al reportero gráfico que se vio obligado a abandonar su profesión.

También, en 2012, Cox criticó la aprobación de una ley promovida por el Gobierno de su país para “solucionar” el vandalismo que se da en las protestas atribuidas a las personas que cubren sus rostros. Sobre este tema, dijo que el único aporte de esta ley es el aumento del control sobre los movimientos sociales.

exponente en medios

Otro de los candidatos a cargo de Relator es el abogado y profesor universitario en Perú Miguel David Lovatón, uno de los mayores defensores del sindicalismo, aunque luego se decantó por la defensa de los derechos humanos.

Como uno de los voceros del Instituto de Defensa Legal (IDL), Lovatón es del criterio que “la libertad de expresión no es exclusiva de los periodistas ni menos aún de los dueños de los diarios y estaciones de radio o televisión. Ella le pertenece a la sociedad en su conjunto y a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas”.

Su criterio surge tras el debate de una nueva ley en Perú, que busca regular la “concentración de medios” de comunicación.

A su juicio, una clara posición de dominio en el mercado de los medios impresos puede afectar el panorama de los medios radiales, televisivos y digitales, con lo cual “se pondría en riesgo la pluralidad y diversidad de la información, condiciones indispensables para el libre ejercicio de la libertad de expresión en una sociedad democrática”.

Además, este peruano ha criticado que “existen importantes indicios sobre el modo de actuar del Gobierno y la manipulación arbitraria de los procedimientos administrativos sobre conceder o renovar las licencias de funcionamiento o de homologación de equipos” de medios de comunicación.

Asimismo, sobre “numerosas denuncias de corrupción” contra las altas autoridades en su país.

La Sociedad Interamericana de Prensa, en su último informe sobre el estado de la libertad de expresión en Perú, documentó un supuesto “patrón de acoso judicial” del que son objeto algunos periodistas que investigan a determinadas organizaciones ilegales y el intenso debate sobre la ley de medios.

La relatora en funciones, Catalina Botero, también se ha pronunciado sobre la libertad de expresión en Perú.

Durante una visita en mayo de 2013, Botero, dijo al diario La República: “Creo que en toda la región hay avances importantes, como en el Perú, pero creo que también hay que revisar las leyes penales, el marco jurídico en cuanto a acceso a la información para que esté de acuerdo con los estándares internacionales, si hay que adoptar medidas de protección para periodistas en riesgo”.

Agregó que “son grandes los desafíos que debemos asumir entre todos para avanzar a una región donde la prensa esté libre de violencia y del miedo a ser asesinado o encarcelado por pensar distinto y decirlo”.

>>> Francisco Cox

>>> Miguel Lovatón

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