ANAM REVELA informe

Contradicciones en EIA de proyecto en Corte Suprema

El documento aprobado para construir los estacionamientos presenta discordancias sobre la cantidad que se necesitan.

El estudio de impacto ambiental (EIA) del edificio de estacionamientos que se planea construir en el terreno anexo a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la falda del cerro Ancón, presenta contradicciones.

De acuerdo con el informe aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) el 9 de julio de 2010, y entregado ayer a este medio, la primera de estas discordancias trata sobre las dimensiones de la obra.

En el resumen ejecutivo del proyecto, específicamente en la página 1, se indica que el edificio tendrá una planta baja, un semisótano y cinco altos, para un total de 361 aparcamientos.

Más adelante, en la página 22, el EIA especifica que el edificio a construir tendrá 371 estacionamientos (10 más que el anterior mencionado), un semisótano y seis altos.

Una tercera y definitiva versión de este tema fue comentada ayer por voceros de la constructora Corcione & Asociados, empresa a cargo de la edificación de la obra.

“El proyecto de estacionamiento de la CSJ cotizado por nosotros tiene un semisótano con un piso sobre tierra y seis altos. Cuenta con 356 estacionamientos”, indicó Humberto Arellano, gerente de operaciones de esta empresa.

Las especies vegetales que se verán afectadas por esta construcción también son fuente de contradicción.

En la página 45 del EIA se indica que en el lugar hay palmeras ornamentales y se totaliza en 34 las especies vegetales (entre ellas árboles) que se afectarán.

Sin embargo, la Resolución ADRPM-AGICH 284- 2012 aprobada por la Anam el 20 de junio de este año, indica que en total la empresa constructora talará 29 árboles y 10 palmas reales, una especie protegida por la institución.

Al consultarle sobre este tema, Arellano indicó que con el EIA entregado por la CSJ “se tramitó el permiso de tala, el cual fue concedido. Nuestra empresa de manera responsable ha propuesto la resiembra de varios de estos árboles con la finalidad de afectar lo menos posible la flora del lugar”.

AFECTACIÓN DE LA OBRA

El EIA de este proyecto fue elaborado por la empresa Consultores Ecológicos Panameños (Cepsa) a petición del Órgano Judicial.

El lote de suelo donde se ejecutaría la obra es el AN-02-01 asignado en 1996 por la desaparecida Autoridad de la Región Interoceánica a la CSJ para usarlo como estacionamiento.

Sin embargo, no sería sino hasta el 30 de octubre de 2009 cuando, a través de la Resolución 117 del Ministerio de Economía y Finanzas, se asignó el uso y administración de este lote al Órgano Judicial.

De acuerdo con Orlando Bernal, director de Evaluaciones y Ordenamiento Ambiental de la Anam, esta institución aprobó el EIA del proyecto como categoría I, debido a que “los impactos ambientales negativos son mitigables. Entonces no hay ningún problema”.

El estudio indica que en la fase de construcción esta obra generará “alteración del estado de conservación de los suelos, generación o incremento de procesos erosivos a corto, mediano y largo plazo, además de pérdida de fertilidad de los suelos adyacentes a la acción propuesta”.

También en esta etapa el EIA aprobado advierte de que la edificación tendrá “acumulación de sales y/o vertido de contaminantes sobre el suelo”.

La clasificación como categoría I de este proyecto genera dudas entre residentes y ambientalistas.

A Raisa Banfield, directora de la Fundación Panamá Sostenible, le llama la atención que el EIA señale que en ninguna de sus fases habrá modificación en la composición del paisaje ni generación de nuevas condiciones para las comunidades.

“El plan habla de instalar grama en el techo y revegetación con plantas ornamentales y árboles frutales pequeños. Eso es insuficiente”, señala.

Una posición similar es compartida por Félix Wing, director del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam).

“Es evidente que la tala de árboles siempre modifica el paisaje. Si bien es cierto que se necesitan estacionamientos en el Palacio de Justicia, no es menos cierto que los vecinos han presentado otras opciones, las cuales debieron ser evaluadas en el EIA” , añade.

Para Wing, el conflicto se debe a que el EIA categoría I “no requiere de consulta pública”, agrega el ambientalista.

Sandra Tapia, vecina de Ancón, manifestó que en las últimas semanas representantes de la constructora Corcione & Asociados se han acercado a integrantes de la comunidad para hablar sobre la obra.

A su juicio, es el Órgano Judicial, como proponente del proyecto, el que debe reunirse con los residentes del lugar.

Culminada la tarde de ayer, ningún árbol del terreno había sido talado. Sin embargo, en cada tronco hay una marca de aerosol verde, anunciando el desenlace inminente.

La Corte seguirá con la obra

Pese a los reclamos de residentes de Ancón y de grupos de ambientalistas, las autoridades del Órgano Judicial seguirán adelante con la construcción de un edificio de estacionamientos en las inmediaciones del Palacio de Justicia. Dieron directrices a la empresa constructora Corcione & Asociados S.A., que ganó la licitación de la obra, para que cumpla con el contrato.

Así lo afirmó ayer la coordinadora de la presidencia del Órgano Judicial, Ana Bouche. Además precisó que la empresa debe cumplir con la Ley de Contrataciones Públicas y culminar la obra en los 18 meses acordados. Precisó que la iniciativa data de 2009, cuando el entonces presidente de la Corte Suprema Harley Mitchell, comisionó a la empresa F.G. Guardia & Asociados para la formulación de un estudio, anteproyecto, planos y especificaciones técnicas de un edificio de tres pisos, encargo que tuvo un costo de $227 mil.

Bouche sostuvo que el valor de la obra se incrementó debido alaumento en el costo de los materiales de construcción. Los grupos ambientalistas han dicho que costaría inicialmente $1.5 millón, pero información oficial del Órgano Judicial, de 2009, coloca esa cifra en $3.5 millones.

De cualquier forma, la licitación pública abreviada por mejor valor de la obra que construirá la actual directiva de la Corte, identificada con el número 2012-0-30- 0-08-

AV-003862, fue convocada el 27 de febrero de este año y las propuestas fueron presentadas y abiertas el 20 de marzo, con un precio de referencia de $7.4 millones. La obra fue adjudicada a la constructora Corcione & Asociados S.A. el 2 de abril, según información del portal PanamáCompra.

Además de esta empresa, participaron Heliopol SAU-sucursal Panamá; Ingeconser S.A.; Heymocol Procom; Constructores Profesionales de Ingeniería S.A.; Constructora Arco y Asociados; Constructora Nova; y A&J y Asociados.

La constructora Corcione & Asociados S.A. obtuvo de la comisión evaluadora 98.59 puntos, luego de presentar una propuesta por $6.9 millones. Le siguieron las empresas Consultores Profesionales (97 puntos y una propuesta de $6.6 millones); y A&J y Asociados (94 puntos y una propuesta de $6.6 millones).Entre los criterios de evaluación primaron la capacidad financiera de las empresas, su historial de reclamos, experiencia, personal técnico y metodología de ejecución. La comisión evaluadora estuvo integrada por los arquitectos Arelys de Caballini (hermana de Bouche), Farah Ureña Ducasa y José Córdoba.

Según Bouche, la construcción del edificio tiene su estudio de impacto ambiental categoría uno (IA-415- de 2010).

Planteó que para mitigar el impacto de la obra, la constructora prevé sembrar árboles.

Sobre la posible reubicación del proyecto, dijo que llevarlo al espacio del antiguo Tribunal Marítimo quedó descartado, porque allí se construirán nuevos juzgados, mientras que los espacios restantes están asignados al Ministerio de Salud y otro se comparte con una iglesia.

Juan Manuel Díaz C.

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