versiones encontradas sobre dueños actuales de terreno en paitilla

Contradicciones oficiales

El ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, citó la Ley 57 de 1946 como sustento del procedimiento de ´expropiación sin indemnización´.
/deploy/DATA/laprensa/BBTFile/0/2014/12/02/0_20141202niSCPM.jpg /deploy/DATA/laprensa/BBTFile/0/2014/12/02/0_20141202niSCPM.jpg
/deploy/DATA/laprensa/BBTFile/0/2014/12/02/0_20141202niSCPM.jpg

Mientras Alejandro Castillero, administrador de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), aseguró en Telemetro que César Segura vendió sus derechos posesorios a “unos empresarios”, el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Salomón Shamah, decía en RCM que el exvendedor de flores mantiene “todas las acciones” de la sociedad Segura Ventures, Inc.

Las contradictorias versiones de estos funcionarios se dieron en la mañana de ayer, a pesar de que ambos integran el Consejo Nacional de Tierras, donde la noche anterior se analizó el caso de la polémica adjudicación gratuita aprobada por la hoy directora de Titulación de Anati, Anabelle Villamonte, de un terreno de 11 mil 379 metros cuadrados en Paitilla a Segura Ventures, Inc., sociedad anónima constituida el 31 de marzo de 2011 a la que el exvendedor de flores traspasó sus derechos posesorios.

Tras discutir por unas tres horas, los miembros del citado consejo que preside el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Carlos Duboy, avalaron la actuación de Villamonte, pero decidieron plantear al Ejecutivo la “expropiación sin indemnización”, siguiendo la recomendación del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, tras el escándalo que produjo el regalo de este relleno, que fue hecho en 1997 a instancias de la entonces alcaldesa Mayín Correa para hacer un parque.

¿Sin indemnización?

Ayer, el ministro Papadimitriu reiteró su defensa a la vía de la “expropiación sin indemnización”, asegurando que para ello se utilizaría la Ley 57 de 1946.

“Esto no viola la Constitución”, aseguró, rechazando así las posiciones de abogados como Guillermo Márquez Amado, Ebrahim Asvat, Miguel A. Bernal, Rogelio Cruz, el excontralor Alvin Weeden o el diputado panameñista José I. Blandón, que han advertido que esta vía es inconstitucional, además de que implica el reconocimiento de un derecho sobre la tierra.

La norma de 1946 citada por Papadimitriu, desarrollaba el artículo 46 de la Constitución vigente en esa época (1946), que fue sustituida por la de 1972.

Sobre la elección de la vía de “expropiación sin indemnización”, el diputado Blandón informó que procederá legalmente, junto a un grupo de juristas, contra esta decisión, porque “esta figura no existe”.

Mientras, el abogado Roberto Ruiz Díaz presentó ayer un solicitud ante Villamonte para que revoque el acto de adjudicación.

Ruiz sustentó su petición en el artículo 62 de la Ley 38 de 2000, que aprobó el estatuto orgánico de la Procuraduría de la Administración, que señala que una resolución en firme puede ser revocada o anulada si fuese emitida sin competencia para ello.

Según el abogado Ruiz Díaz, la Dirección de Catastro no tiene competencia para la citada adjudicación, porque se trata de un área destinada para uso público y, además, por las inconsistencias de los peticionarios que no concuerdan en tiempo y momento de la supuesta ocupación.

“Cualquier método de expropiación, lo único que hace es el reconocimiento tácito de un título traslaticio de dominio y por tanto deberán indemnizar”, agregó Ruiz.

Al respecto, el titular de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, quien se ha pronunciado firmemente en contra del proceso de “expropiación sin indemnización”, declaró ayer durante su comparecencia en la Asamblea Nacional, que esperaría la llegada a Panamá del presidente, Ricardo Martinelli, para analizar con él la situación.

Finiquito

Frente a los cuestionamientos al método sugerido por los directivos de la Anati, debido a que obliga a indemnizar al expropiado, Castillero descartó el peligro, asegurando que eso se evitaba con la firma de un finiquito.

“Es perfectamente viable expropiar sin indemnizar si las partes firman un finiquito declarándose conformes y renunciando a futuros reclamos”, aseguró Castillero.

Para ello, agregó, algunos funcionarios “se le están acercando” al representante de Segura Ventures, Inc. “para firmar un finiquito de común acuerdo”.

La tesis de Castillero tiene, al menos, un problema. En marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia –con decisión unánime de los tres magistrados de la Sala Tercera de la Corte, Alejandro Moncada, Winston Spadafora y Víctor Benavides– ignoró la existencia de un finiquito, y avaló la petición de una doble indemnización para un exconcesionario de la Autoridad Marítima de Panamá, Moshe Israel.

El fallo, que permitió una nueva indemnización por $3.5 millones al citado Israel, constituye un precedente que deja sin base el argumento del administrador de la Anati.

(Con información de Gustavo Aparicio y Edith Castillo)

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

21 Jun 2017

Primer premio

4 1 8 3

CBBB

Serie: 20 Folio: 9

2o premio

3006

3er premio

0364

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código