MANEJO DE DINERO PÚBLICO

Contraloría no audita la compra de Gálvez

El excontralor Weeden dijo que podría haber ´peculado de destino´ porque se le dio un final distinto al dinero de la junta comunal.

El escándalo generado por el uso de $675 mil de fondos públicos por parte del diputado oficialista y presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, para comprar 30 mil jamones, por el momento no será investigado por la Contraloría General de la República, encargada de fiscalizar las finanzas del Estado.

La contralora, Gioconda Torres de Bianchini, que laboró durante 15 años en Importadora Ricamar, propiedad del presidente, Ricardo Martinelli, dijo a través de una fuente de esa institución que no auditará al político del partido oficialista Cambio Democrático. No explicó los motivos.

Gálvez, que también funge como representante de corregimiento de El Chorrillo, no ha justificado cómo llegaron los $675 mil a la junta comunal de El Chorrillo, ni por qué reparte jamones comprados con dinero del Estado. “La entrega de jamones la paga Dios; el hombre no paga obra”, es lo que ha dicho Gálvez, que el pasado viernes recibió el respaldo, por este caso, del presidente, Ricardo Martinelli.

Se debe abrir investigación

Ante este panorama, el excontralor Alvin Weeden opinó que ya la Contraloría debió abrir una investigación a Gálvez porque, dijo, está claro que ha utilizado recursos del Estado de manera política.

Lo primero que debe hacer la Contraloría, según Weeden, es una auditoría no solo para establecer con qué dinero se adquirieron los jamones, sino también para determinar la facultad legal que tenía la funcionaria de la junta comunal de El Chorrillo para comprar bienes y enviarlos a otros corregimientos del cual esta junta no forma parte.

Documentos disponibles en la página web de PanamáCompra dan cuenta de que la junta comunal de El Chorrillo, a cargo de Keira Navarro, suplente de Gálvez, a través de un proceso de licitación abreviada compró 30 mil jamones a Proveedora Táchira, S.A. para ser distribuidos en el circuito 8-7 [San Felipe, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo].

¿PECULADO?

“Eso se llama peculado por destino. Cuando se le da a los fondos públicos un destino distinto al que la ley autoriza, y por otro lado si efectivamente eso se entregó”, consideró Weeden.

El excontralor sostiene que el diputado no puede disponer de fondos públicos para repartir sin que haya un estudio socioeconómico y sin que existan las 30 mil personas que se beneficiarán con la entrega de jamones. Considera que Gálvez debe dar detalles sobre los destinatarios de los jamones, y el lugar y fecha del reparto.

El analista político Ebrahim Asvat, en su columna La bitácora, opinó que “en cualquier país decente, ya se hubiese iniciado una investigación tanto de la Contraloría como de las autoridades judiciales”.

El expresidente de la Asamblea, el panameñista José Luis Varela, dijo que la inacción de la Contraloría demuestra que esta institución no está haciendo el trabajo de fiscalización que le manda la Constitución.

“El traslado de fondos a las juntas comunales es escandaloso”, afirmó tras agregar que la danza de los millones en el gobierno comenzó este año y lo que se ve es un claro abuso de recursos millonarios del Estado.

El papel de un diputado, nuevo debate en caso Gálvez

El uso de $675 mil del erario para la compra de 30 mil jamones que el presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez, repartió a moradores de su circuito, abrió el debate sobre el papel que debe ejercer un diputado y pone en agenda, una vez más, los viejos vicios de la política.

La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda Arosemena de Troitiño, y quien formó parte del grupo de notables que elaboró el paquete de reformas constitucionales, señaló que realizar obras sociales y repartir jamones no son funciones de los diputados de la Asamblea. “En la Constitución eso no está”, manifestó.

Arosemena de Troitiño destacó que con los cambios constitucionales presentados al presidente, Ricardo Martinelli, el pasado 30 de enero y que fueron ignorados por el mandatario, se plantea que los diputados no manejarían partidas para obras sociales.

Eduardo Mendoza

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