Contrato de hemodiálisis preocupa a pacientes

El contrato que refrendó recientemente la Contraloría General de la República entre la Caja de Seguro Social (CSS) y el Consorcio IBT Medical Outsourcing Services, por $126.3 millones, mantiene preocupados a algunos pacientes del programa de hemodiálisis.

David Ocálagan, presidente de la Fundación de pacientes con insuficiencia renal crónica, considera que el contrato viola el artículo 70 de la Ley Orgánica de la CSS, que advierte de la “prohibición de externalizar los servicios que la entidad se provee a sí mismo y a los asegurados, salvo en los casos en que la institución se encuentre temporalmente imposibilitada”.

Según Ocálagan, la CSS deberá pagar por los 52 meses que dura el contrato por el personal de salud, los insumos médicos y las instalaciones, además de los $126.3 millones que debe entregar a la empresa.

El contrato establece que la empresa debe habilitar trece salas de hemodiálisis y remodelar cuatro existentes e incorporar 311 máquinas nuevas. Pero, a pesar de las mejoras que se desarrollarán, Ocálagan considera que la CSS perderá recursos.

Desde hace más de tres años, los pacientes del programa de hemodiálisis –mil 59 personas– reclamaban mejoras en las instalaciones donde reciben tratamiento.

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