ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Corte admite demanda contra requisas policiales

Al magistrado Jerónimo Mejía le correspondió conocer el recurso interpuesto contra el artículo 325 del ´Código Procesal Penal´.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de inconstitucionalidad interpuesta en 2012 por el abogado Ángel Luis Álvarez Torres contra el artículo 325 del Código Procesal Penal, que otorga potestad a la Policía Nacional (PN) para registrar a personas y vehículos en retenes y puestos de control móviles.

Fuentes del Palacio de Justicia confirmaron que el pleno, en fallo del 2 de enero pasado, designó al magistrado Jerónimo Mejía ponente del proceso y envió el expediente a la procuradora de la Nación, Ana Belfon, para que emitiera su opinión al respecto, lo cual hizo 19 días más tarde.

La demanda, interpuesta por Álvarez Torres a título personal en mayo de 2012, sostiene que el artículo 325 del Código Procesal Penal [Ley 63 del 28 de agosto de 2008] viola los artículos 26, 27 y 29 de la Constitución.

El primero de estos ar-tículos se refiere a la inviolabilidad del domicilio; el segundo garantiza el libre tránsito de las personas por el territorio nacional, y el tercero hace referencia a la inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados, que “no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos”.

El artículo 325 del Código Procesal Penal, inherente, como se explicó, a la requisa de personas y registro de vehículos dice: “Cuando existan motivos suficientes para presumir que una persona oculta entre sus ropas o lleva adheridos a su cuerpo objetos relacionados con un delito, los miembros de la Policía Nacional podrán realizar la requisa de la persona [...] el registro de vehículos deberá realizarse en presencia del conductor cuando existan motivos suficientes para presumir que dentro de este se oculta algún objeto relacionado con un delito...”.

Fundamentos

De acuerdo con la demanda de Álvarez Torres, a la que este diario tuvo acceso, ese artículo es un claro atentado al estado de derecho, porque faculta a agentes de la Policía Nacional “para que por sí y ante sí mismos [sin orden de autoridad competente] tomen la decisión de romper o no una garantía fundamental, basados en una mera sospecha [y] con límites desconocidos”.

“Esta acción es peligrosa, porque da a los uniformados la potestad de decidir sobre la invasión íntima, sin necesidad de exponer los motivos ni los fines ni el argumento o el razonamiento que empuja a la adopción de la medida”, detalla la acción admitida por el pleno.

Resalta, asimismo, que una actuación como la descrita “trae como consecuencia para cualquier ciudadano inocente una revisión injustificada de su cuerpo por parte de un extraño”, acción policial que “genera vergüenza o deshonra”.

“De realizarse en lugar público, esta acción inducirá a especulaciones despectivas en los testigos u observadores presenciales de la escena, pese a que dicho registro no esté generado por motivados reales o alguna prueba”, dice.

Para el demandante, el artículo 325 del Código Procesal Penal rompe, además, el derecho fundamental de libre circulación, porque “la requisa corporal y vehicular implica la facultad de detener, retener o interrumpir la marcha, el paso o tránsito peatonal o vehicular de cualquier persona que sea sometida a ella”.

Agrega que el artículo 325 “deja en libertad a la Policía Nacional para hacer uso de sus facultades en chequeos masivos o generales, materializados en los llamados retenes policiales o interceptaciones vehiculares, que en los últimos años se han intensificado arbitrariamente en nuestro país”, concluye la demanda.

RECHAZO

No obstante, para la procuradora, Ana Belfon, la norma aludida no infringe ninguno de los artículos citados de la Constitución.

De acuerdo con la funcionaria, “los registros que realiza la Policía Nacional son a personas en la víapública y a los automóviles, no a las residencias o moradas de estos”.

En función de ello, justifica la acción policial señalando que “todas las normas constitucionales prescriben en la reserva legal, lo que limita su ejercicio, para que el Estado pueda asegurar la convivencia pacífica de todos los panameños de manera temporal o permanente”.

“Lo que establece la parte dogmática de la Constitución no son absolutos o totales, con excepción del respeto al derecho a la vida humana, pues aquellos son susceptibles de limitaciones, siempre y cuando la ejecución de dichas restricciones se ejecuten siguiendo los parámetros constitucionales y legales”, argumentó.

Belfon opinó que la función de la PN es de carácter preventivo y disuasivo, “que se manifiesta en medidas lícitas, razonables y proporcionadas, con el fin de conservar el orden público”.

Para la Procuradora, “el registro corporal superficial realizado por los agentes policiales no vulnera la libertad de circular libremente, siempre y cuando las autoridades lleven a cabo los procedimientos adecuados”.

Al expresar su opinión al magistrado ponente del proceso, Belfon precisó que “el registro de los vehículos a motor es necesario para los controles preventivos que por mandato constitucional le corresponde ejercer a la Policía Nacional, con miras a mantener el orden público”.

Además, “se trata de actos momentáneos, breves o transitorios que permiten identificar al conductor, a los pasajeros, la propiedad del automóvil, etc”.

Finalmente, recomendó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia declarar improcedente la demanda, por cuanto, insistió, el artículo 325 del Código Procesal Penal no viola la Constitución.

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