edificio de ESTACIONAMIENTOS

Corte cancela el contrato, pero no descarta proyecto

En abril pasado, la Sala Cuarta finalmente rescindió el contrato suscrito con Constructora Corcione, por un monto de $6.9 millones.

El magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, aclaró que la decisión unilateral de esa institución de rescindir el contrato para construir un edificio de estacionamientos en los predios del Palacio de Justicia Gil Ponce, en el cerro Ancón, no implica que se haya renunciado a ejecutar el proyecto.

Díaz dejó plasmadas estas consideraciones al razonar su voto de apoyo a la decisión adoptada por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte, mediante acuerdo 304 del 11 de abril de 2013, que canceló el contrato de la obra, por $ 6.9 millones, adjudicada en licitación pública a Corcione & Asociados.

La rescisión del acuerdo se concretó más de dos meses después de que el presidente de la Corte, Alejandro Moncada, anunciara en conferencia de prensa que no se haría la obra.

El acuerdo de Sala Cuarta, al que este diario tuvo acceso, contó con los votos favorables de Moncada y de Díaz, este último razonado. El magistrado Harley Mitchell, que se opuso a la obra, salvó su voto.

El Órgano Judicial ya había desembolsado como anticipo a Corcione & Asociados más de un millón de dólares, monto no se puede recuperar, según explicaron fuentes de la entidad.

La constructora es propiedad de Nicolás Corcione, miembro de la junta directiva del Canal de Panamá (ACP), de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y socio del presidente, Ricardo Martinelli.

De acuerdo con otras fuentes consultadas, con la suma que ya pagó el Órgano Judicial se hubiesen podido construir siete edificios similares al del Juzgado Municipal de Los Pozos, en Herrera, inaugurado el pasado 25 de abril, a un costo de 129 mil 218 dólares.

´FUERZA MAYOR´

En su voto razonado, el magistrado Díaz argumentó que apoyó la revocatoria del contrato porque la situación de rechazo de los ambientalistas y residentes de Ancón constituyeron motivos de fuerza mayor.

Aclaró que la decisión “no implica una renuncia del Órgano Judicial a construir en un futuro el edificio de estacionamientos en el referido lote”.

Según Díaz, la alternativa de edificar los estacionamientos en un terreno del Ministerio de Salud (Minsa), sugerida por los residentes de Ancón, los ambientalistas y por su colega Mitchell, “resultó ser una mera expectativa fallida”.

Y es que, puntualizó, el titular de Salud, Javier Díaz, envió una nota el 22 de marzo pasado al magistrado Moncada y le explicó que no era posible el plan de los estacionamientos de manera conjunta, porque el Minsa tiene su propio proyecto.

Díaz agregó en su voto razonado que “la terminación contractual resuelve el estado de incertidumbre jurídica en que estaba Corcione & Asociados.

Hemos quedado en la misma situación de falta de estacionamientos que se viene padeciendo en el Órgano Judicial desde hace lustros”, advirtió.

Sustentación

El acuerdo 304 de la Sala Cuarta hace un resumen sobre el tema, desde que en 1996 la extinta Autoridad de la Región Interoceánica adjudicó el terreno para los estacionamientos del Órgano Judicial, pasando por la asignación del lote para el proyecto en 2009, el estudio de impacto ambiental de 2010 y la licitación en 2012.

El acuerdo señala que la oposición de los grupos ambientalistas y moradores del lugar, y su constante presencia en los predios del área de construcción, imposibilitaron el inicio de la obra.

Los moradores se opusieron radicalmente al proyecto porque afectaría la flora y fauna del lugar, ya que se talarían 29 árboles y 10 palmas reales. Además, porque el cerro Ancón es un área protegida y patrimonio de la nacionalidad.

OTRO SALVAMENTO

Por su parte, Mitchell manifestó en su salvamento de voto que la rescisión del contrato debe ser responsabilidad de los que aprobaron el contrato, autorizaron los pagos correspondientes y decidieron cancelarlo, debido a que no participó en ninguna reunión para la aprobación del proyecto.

Según Mitchell, el acuerdo debió ir acompañado de una copia del contrato, el cual desconoce.

Alegó que se hubiesen podido hacer mejores esfuerzos para estudiar todas las alternativas presentadas por él y los ambientalistas.

En ese sentido, consideró que se omitió celebrar conversaciones formales con Corcione & Asociados para oír sus observaciones en cuanto a esas alternativas.

Las fuentes consultadas revelaron que la empresa ya fue notificada de la rescisión del contrato y hasta la fecha no ha presentado una demanda ni solicitado indemnización a la Corte.

Este diario contactó a Corcione & Asociados para obtener una opinión al respecto, y le envió un correo electrónico a Roberto Samaniego, director de proyectos de la constructora.

Samaniego confirmó la recepción del correo electrónico, pero indicó que no haría comentarios sobre el asunto que ya manejan sus abogados.

Por su parte, la ambientalista Raisa Banfield señaló que a pesar de que la decisión era lo que se esperaba, ese pronunciamiento no es suficiente si no va ligado a la solución del problema de la falta de estacionamientos.

Consideró que se debe seguir un procedimiento para encontrar la solución urbanística al problema de los estacionamientos con las alternativas planteadas.

“No se trata de no hacer, sino de hacerlo bien”, dijo.

Sobre el pago de más de un millón de dólares que se le hizo a Corcione & Asociados, Banfield destacó que cada vez que se dan “decisiones improvisadas e inconsultas, el Estado pierde y perdemos todos los panameños”.

En tanto, Sandra Tapia, vocera de los residentes de Ancón, aseguró que con la rescisión del contrato espera que se cumpla la palabra del magistrado Moncada.

“No es que ahora que rescinden el contrato van a intentar construir de nuevo”, indicó.

Añadió que estarán en espera y vigilantes de lo que ocurra en el Palacio de Justicia, porque, a su juicio, “hoy dicen una cosa y mañana cambian todo”.

Historia de un plan fallido

La idea de un proyecto de edificio de estacionamientos en la Corte Suprema de Justicia comenzó en 2007, durante la presidencia de la entonces magistrada Graciela Dixon.

Pero no fue sino hasta 2009, en la gestión de Harley Mitchell, cuando se hizo una consultoría para determinar la viabilidad de un edificio de tres niveles.

Incluso, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas cedió gratis el terreno para la obra.

Sin embargo, Mitchell lo suspendió por las objeciones de la comunidad.

En 2010 se reanudó bajo la presidencia del entonces magistrado Aníbal Salas, y la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) aprobó el estudio de impacto ambiental.

El 7 de marzo de 2012, el actual presidente de la Corte, Alejandro Moncada, convocó a una licitación pública abreviada por mejor valor, y ocho empresas entregaron sus propuestas.

El 2 de abril del mismo año, la Corte adjudicó la obra a Constructora Corcione, S.A., que ofertó 6 millones 988 mil 540 dólares con 51 centésimos para hacer un edificio de cinco pisos con 356 aparcamientos.

La obra debió comenzar el 11 de junio de 2012, pero la protesta de ambientalistas y residentes de Ancón lo impidió, por lo que el proyecto fue suspendido el 8 de agosto del mismo año.

El 13 de diciembre, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte autorizó el reinicio de este y comunicó la decisión a la empresa el 26 de diciembre.

La construcción, sin embargo, nunca se inició y luego de una reunión el 29 de enero pasado con grupos de ambientalistas y residentes de la zona, el magistrado presidente Moncada anunció la cancelación del plan.

Rubén Polanco

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