ALERTA: El río Juan Díaz se sale de su cauce en el centro comercial Los Pueblos.

La Corte debe decidir sobre futuro del ‘superblindaje’

Temas:

Pedro Miguel González impulsó la iniciativa de aprobar por insistencia el proyecto de ley. Pedro Miguel González impulsó la iniciativa de aprobar por insistencia el proyecto de ley.
Pedro Miguel González impulsó la iniciativa de aprobar por insistencia el proyecto de ley. Archivo

Luego de que el pleno de la Asamblea Nacional aprobara, por insistencia, en tercer debate el proyecto de ley conocido como “superblindaje”, corresponderá ahora a la Corte Suprema de Justicia decidir sobre la constitucionalidad o no de varios artículos de esta norma.

Se trata del proyecto 214 que modifica el Código Procesal Penal.

El Órgano Ejecutivo había devuelto sin sancionar a la Asamblea el proyecto con objeciones, particularmente en lo relativo a la admisión de denuncias en procesos especiales contra los miembros de la Asamblea, de la Corte y del Presidente de la República. La iniciativa fue impulsada por el diputado opositor Pedro Miguel González.

‘Superblindaje’, a la Corte

La Corte Suprema de Justicia tendrá que definir sobre la constitucionalidad o no de los artículos del proyecto 214 conocido como ley “superblindaje” objetados por inexequibles por el Órgano Ejecutivo, tras ser aprobado ayer en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.

El pleno legislativo aprobó por insistencia los artículos 1 y 10 de este proyecto que modifican el Código Procesal Penal en los requisitos para la admisión de las denuncias en procesos especiales contra los miembros de la Asamblea Nacional, de la Corte y del Presidente de la República.

En el numeral 4 del artículo 1 y el artículo 10 del proyecto 214, en el que se fija los requisitos para la admisión de denuncias contra estos funcionarios, se impone la necesidad de que el denunciante presente “ elementos de convicción que ofrezcan conocimiento cierto o probable que se haya cometido o se esté cometiendo un hecho punible, así como los elementos de convicción que permitan relacionar al denunciado o querellado con el presunto hecho punible".

El Ejecutivo consideró que esta norma atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso establecido en los artículo 22 y 32 de la Constitución.

También fueron objetados por inexequibles los artículos 5 y 12, en los cuales se establecía un período de investigación de dos meses antes de la formulación de la imputación y dos meses posteriores para concluir con la instrucción del sumario.

En el veto presidencial se planteaba que el Código Procesal Penal establece en el artículo 291 que a partir del plazo de la formulación de imputación, la investigación concluirá en un plazo máximo de seis meses para el resto de los ciudadanos.

El veto calificó estos plazos como “limitativos y en todo caso discriminatorios” puesto que trata específicamente del Presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o diputados de la República, y para el resto de la sociedad el plazo es de seis meses prorrogables.

En este caso los diputados aprobaron modificar los artículos 5 y 12 para fijar un plazo de seis meses en los procesos especiales.

Con la modificación se estableció que para el caso de la investigación contra diputados, magistrados de la Corte o el Presidente de la República, el fiscal designado dispondrá de un plazo de hasta dos meses calendario para formular la imputación. Mientras que a partir de la imputación empieza a correr un plazo de hasta dos meses para concluir la investigación para que el magistrado fiscal presente la acusación o solicite el sobreseimiento definitivo de la causa. Este plazo, según la norma aprobada, podrá extenderse hasta dos meses adicionales si la investigación es considerada compleja.

Ningún diputado intervino para referirse a la inconveniencia o no del proyecto y tras su aprobación ninguno de los diputados del partido Panameñista, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) ni de Cambio Democrático (CD) subieron a tomarse la foto oficial a pesar del pedido del diputado Pedro Miguel González, quien impulsaba la aprobación del proyecto. Solo González se fotografió con el presidente de la Asamblea Nacional.

El diputado panameñista Gabriel Soto fue el único que expresó su rechazo y su oposición a esta iniciativa de ley, tras señalar que no era el mecanismo idóneo para aprobar un proyecto que genera tantos cuestionamientos de parte de sectores de la sociedad y se apruebe por insistencia.

“Creo que no fortalecemos ni la institucionalidad ni la democracia en este país llevando adelante un proyecto de ley que en primer lugar fue vetado parcialmente por el Ejecutivo y no ha sido explicado a la ciudadanía”.

El presidente de la Asamblea, Rubén De León, manifestó de inmediato que como muestra de ejercicio democrático, la Constitución y el Reglamento Interno de la Asamblea establecen los mecanismos bajo los cuales se discuten las leyes.

“Quiero dejar claro que no se ha hecho nada al margen de la ley”, dijo.

Agregó que ahora corresponderá a la Corte decidir sobre la constitucionalidad o no de la ley aprobada.

Más noticias de Panorama

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

16 Ago 2017

Primer premio

7 8 9 4

DBDC

Serie: 14 Folio: 7

2o premio

6122

3er premio

5195

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código