ESCÁNDALO FINANCIERO EN TIEMPOS DE BONANZA ECONÓMICA

La Corte se detiene con Financial Pacific

La Corte Suprema de Justicia acaba de superar los 100 días calendario de silencio respecto a la acción de amparo de garantías interpuesta por la casa de valores Financial Pacific (FP).

El 6 de noviembre de 2012 Alejandro Moncada, presidente de la máxima autoridad judicial, admitió el amparo, con lo cual se frenó el proceso de reorganización de la casa de valores iniciado por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), por un fraude cercano a los 14 millones de dólares y el hallazgo de varias fallas administrativas.

Tras la admisión de Moncada, y de acuerdo con el artículo 2624 del Código Judicial, la Corte debía fallar en máximo dos días después denegando o concediendo el amparo.

De eso hace exactamente 108 días calendario, y aún no se pronuncia.

La única vez que Moncada se refirió al caso fue el pasado 29 de enero en conferencia de prensa. Ante varios medios de comunicación dijo que por asuntos de ley no había fallado el amparo de garantías constitucionales.

Su justificación fue que el amparo lo presentan con un incidente de desacato, que por ley se debe resolver primero.

Además descartó la necesidad de una pronta respuesta. “No vemos por qué hay que sacar de abajo el caso de Financial Pacific y ponerlo de primero, cuando antes hay amparos de garantías que han interpuesto panameños que tienen el mismo derecho que las personas pudientes”.

Actores del sector financiero no admiten excusas ni más dilaciones en este caso. A juicio de varios ejecutivos y representantes de sectores económicos, la situación de Financial Pacific pone en riesgo la credibilidad del sistema financiero y su estabilidad judicial.

Se trata de una casa de valores denunciada por supuestos delitos de estafa, falsedad de documentos y lavado de activos.

“La seguridad jurídica requiere del cumplimiento de los términos para todas las partes en los procesos, incluido el juzgador”, asegura Carlos Barsallo, expresidente de la extinta Comisión Nacional de Valores (Conaval), ahora SMV.

La casa de valores acudió a la Corte Suprema de Justicia al considerar incongruente la orden de reorganización emitida por la SMV el 16 de octubre de 2012.

Un día antes, el regulador había empezado una investigación por presuntas violaciones a la ley de valores. Desde marzo de 2012 se venían haciendo algunas actuaciones de la SMV sobre Financial Pacific.

En este contexto, en el mercado financiero causa sorpresa y escepticismo la decisión de Moncada cuando le da trámite al amparo.

Según la defensa de Financial Pacific, el amparo intenta salvaguardar en la casa de valores su “derecho de defensa y la potestad de contradecir los hechos”.

Sin embargo, en su momento, Alejandro Abood Alfaro, superintendente de Valores, y hoy separado del caso Financial Pacific, dijo que los inversionistas no podían observar con buenos ojos que las empresas reguladas pasaran por encima de lo que dicta la SMV.

Advirtió de que el pleno de la Corte ni siquiera debió admitir el amparo porque, de acuerdo con la ley de valores, existen métodos para que una empresa regulada pueda recurrir una orden como la reorganización.

Roberto Brenes, gerente de la Bolsa de Valores de Panamá, respalda el planteamiento de Abood Alfaro tras 108 días de haberse admitido el amparo.

“Es un pésimo precedente” en el presente y para el futuro de la plaza a “partir del [hecho] de que la Corte está haciendo lo que ella considera correcto, pero en definitiva hace lo incorrecto porque sencillamente le está quitando el piso jurisdiccional a los reguladores”.

Rolando De León, excomisionado de la Conaval, observa otros riesgos ante la mora de la Corte.

A su juicio, la congelación de la reorganización permite la posibilidad de que se altere o se destruya material probatorio.

“Yo creo que esa es la parte que más afecta el proceso; el asunto de que la documentación necesaria que pueda ser usada por el regulador ya no esté disponible”.

ansiedad y zozobra

Las pruebas recabadas por la SMV indicaban las irregularidades de Financial Pacific. Algunas de estas consisten en la denuncia de un inversionista descontento con el manejo de su cuenta e incongruencias en los estados financieros.

Según los directivos de Financial Pacific, West Valdés e Iván Clare, la principal sospechosa del desfalco era una empleada de confianza, Mayte Pellegrini.

Contra ella presentaron una denuncia penal el 26 de julio de 2012 en la que se la acusa de ser la principal responsable de la pérdida de cerca de 11 millones de dólares.

La SMV consideró que era poco probable el desconocimiento, por parte de los altos ejecutivos, de la pérdida de sumas millonarias.

El silencio de la Corte respecto a Financial Pacific presenta un peligro apremiante de que se mantenga el caso sin definición alguna, hasta tal punto que no se pueda resolver en un tiempo perentorio, considera el economista Felipe Chapman.

“Casos de esta índole o de esta naturaleza en los mercados financieros tienden a resolverse con mucha rapidez. Y lo que se está demostrando en el caso de Panamá constituye una excepción a la regla frente a otros mercados”.

Chapman apunta que la indefinición empieza a crear “ansiedad en usuarios existentes y a potenciales clientes de la industria financiera de Panamá”.

¿Por qué?

“Porque los mercados de capitales descansan sobre bases fundamentales, de confianza y de predictibilidad por parte de clientes y usuarios de mercados financieros”.

“Uno de los asuntos que buscan ansiosamente dichos usuarios e inversionistas es la certidumbre, es decir, están dispuestos a tomar riesgos inherentes a las inversiones que realizan, mas no riesgos institucionales de mercado o de régimen institucional”.

Chapman, también presidente de la Bolsa de Valores de Panamá, argumenta que el inversionista está dispuesto a asumir el riesgo de invertir en una empresa, a asumir un riesgo de prestar dinero a una empresa o de invertir en el capital común o preferido.

Pero siempre parte de la premisa de que puede contar con instancias jurídicas ante las cuales puede acudir para defender sus derechos como usuario del sistema financiero.

La tardanza de la Corte puede repercutir en la imagen del país. Barsallo manifiesta que se puede intuir empíricamente y por experiencia que “ la mora judicial desalienta la inversión seria y de calidad en la mayoría de los países”.

En el sector bancario hay “muchísima preocupación” por el desenlace del amparo de garantías. Así lo considera el excomisionado De León.

Una situación como esta en la industria bancaria tendría severas repercusiones, dijo De León.

“Si el Órgano Judicial se entromete de una manera que no es clara, entonces afecta toda la credibilidad del sistema, porque acuérdese que este es un tema que se está viendo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional”.

Vinculación con el poder

El caso Financial Pacific alzó vuelo internacional cuando Pellegrini, acusada por el fraude millonario, aseguró en su ampliación indagatoria que las irregularidades en el manejo de la casa de valores incluían la existencia de una cuenta secreta llamada High Spirit, abierta para manipular acciones.

Pellegrini se refería a los instrumentos de valores de Petaquilla Minerals.

Reveló que los directivos de Financial Pacific, Iván Clare y West Valdés, habían dicho públicamente que la cuenta secreta “es del señor Ricardo Martinelli...”.

El relato de Pellegrini se dio entre el 22 y 28 de noviembre de 2012, y forma parte del proceso de la denuncia interpuesta el 26 de julio por los directivos de Financial Pacific, Clare y Valdés, ante el Ministerio Público, por un desfalco que pasó de 7 millones de dólares a rondar 14 millones de dólares, conforme avanzaron las investigaciones.

El pasado 3 de enero, voceros de Financial Pacific anunciaron la consignación de $12.2 millones en las cuentas de sus clientes.

Valdés y Clare lograron cubrir gran parte del faltante. Fuentes cercanas al caso aseguraron que la millonaria suma estaba contenida en un cheque de membrete de Banco Universal, entidad financiera vinculada a la familia Virzi.

Varios expertos en asuntos jurídicos y financieros consideran que la responsabilidad penal no se extingue con el reembolso del dinero extraviado, hecho por el cual se acusa a Pellegrini.

 

Pese al retorno de los 12.2 millones de dólares, la SMV fue enfática en ese momento al señalar que el aporte y los controles fijados en la casa de valores no bastaban para restituir la licencia de operaciones.

Esta le fue suspendida en cuatro oportunidades, la primera vez de forma provisional el 7 de noviembre de 2012 y la última de manera indefinida el 4 de enero del año 2013.

La suspensión impide a Financial Pacific hacer cualquier operación bursátil o financiera en el mercado panameño de capitales.

Pero, en cambio, la decisión de la Corte de acoger el amparo de garantías les devuelve a Valdés y Clare la administración del negocio.

De allí que el 6 de diciembre de 2012 hayan podido suscribir con el Grupo Mendo Sampaio, de Brasil, un supuesto acuerdo de compra venta por un monto de $13.8 millones. Nunca se tuvo información definitiva de la transacción.

A principios del presente mes de febrero otra vez corrieron rumores sobre un posible cambio accionario.

“Hasta antes de los carnavales había entendido que ya estaba el contrato [compra venta de Financial Pacific]. Estoy tratando de comunicarme con las autoridades que deban tener conocimiento de la operación, pero no he sabido más de eso”, comentó una fuente vinculada a la industria financiera.

En medio del escándalo de Financial Pacific, también salió a relucir la estrecha relación entre West Valdés y Salomón Shamah, administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá.

Valdés recordó que son “amigos desde hace mil años”. Aunque omitió la época en que Shamah fue su abogado y de Financial Pacific una década atrás, tiempo en que a la casa de valores se le impuso una multa de $20 mil por el ejercicio de actividades en el mercado de capitales sin el permiso de licencia de la SMV.

Estos antecedentes causaron suspicacias cuando se conoció del encuentro sostenido entre el directivo de la casa de valores y el administrador de la ATP, la noche del martes 8 de enero.

A las 8:00 p.m. de ese día, el administrador se saludó con Valdés en el lobby de un hotel del área bancaria, le entregó un sobre de papel manila y lo haló del brazo para que entrara a un automóvil.

El relevo

Durante los últimos 108 días, contados a partir de la aceptación del amparo, se ha presentado un contrapunteo entre la SMV y Financial Pacific en los estrados judiciales, otra de las causas que generan enorme preocupación en el mercado.

El 20 de noviembre de 2012, el regulador denunció ante el Ministerio Público a la casa de valores por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, estafa y falsedad de documento.

El 3 de enero amplió su denuncia en la misma fecha del reembolso de los $12.2 millones de dólares.

En la ampliación, el regulador tuvo en cuenta una inspección hecha a las oficinas de Financial Pacific. El informe le sirvió para caer en cuenta de un faltante importante de liquidez de la casa de valores que la llevó a su insolvencia, y en consecuencia a una liquidación forzosa. Mediante la inspección pudo conocer los detalles del desfalco de 14.2 millones de dólares.

El 9 de enero los directivos de la casa presentaron una querella penal ante el Ministerio Público (MP) en contra de Alejandro Abood Alfaro, por haber incurrido en la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes del servidor público.

Según fuentes del MP, la acción se sustenta en la decisión de Abood Alfaro de ordenar la reorganización en la casa de valores.

Una semana después de la querella, Alejandro Abood Alfaro fue retirado del caso Financial Pacific. La decisión fue tomada por la junta directiva de la SMV a solicitud del superintendente.

En su reemplazo, y solo en en lo concerniente al caso Financial Pacific, la junta directiva nombró a Juan Manuel Martans, secretario general de la SMV.

Falta ver si con la llegada de Martans al frente del caso, la Corte Suprema de Justicia fallará la acción de amparo de garantías, admitido desde hace 108 días.

O si habrá que seguir esperando una acción cuyo imperativo legal ordena un tiempo definitorio de máximo 48 horas.

El presidente de la Corte, Alejandro Moncada, no respondió sobre este particular al cierre de esta edición.

Condiciones para cambio accionario

El cambio de control accionario que pretenden realizar los directivos de Financial Pacific (FP) tendría que ser aprobado por la Superintendencia de Mercado de Valores.

Esto es ampliamente definido en el acuerdo No. 2 del 1 de abril de 2011, a través del cual “se desarrollan las disposiciones del título III del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, sobre casas de valores”.

En el artículo 25 del mencionado acuerdo se determina que todo cambio accionario deberá ser previamente autorizado por el regulador.

En la solicitud de

autorización, la casa de valores debe indicar las personas que, hasta el momento, son los propietarios efectivos de la empresa y a quien se lo transmiten; el porcentaje de acciones sobre el cual se ha realizado el cambio, y nombre de las nuevas personas que ejercerán el control de la empresa.

El secretario de la SMV, Juan Manuel Martans, indicó que hasta el 8 de febrero a las 10:00 a.m. no se había presentado “nada oficialmente”, respecto al traspaso de acciones de Financial Pacific.

Ese día aclaró que aun cuando se presentara eventualmente cualquier solicitud, ese proceso no detiene ninguna investigación. “Al contrario, las investigaciones siguen su curso y se concluirán con una decisión final de conformidad al debido proceso”. Este diario intentó conocer si finalmente se había registrado un cambio de control en la empresa, pero la SMV no respondió a las consultas. Las solicitudes de información, por escrito, se hicieron desde el pasado viernes 15 de febrero y hasta el cierre de esta edición.

Extraoficialmente se conoció que los directivos de Financial Pacific han presentado información referente al cambio de control de la empresa, pero este proceso se ha estancado ante la solicitud de que una vez entren los nuevos accionistas, la SMV les levante la suspensión de la licencia, con lo cual podrían negociar compra y venta de valores.

(Con información de Alfonso Acosta).

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