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Corte rechaza amparo contra obra vial en Panamá Viejo

El magistrado Harley Mitchell salvó su voto y opinó que el pleno debió conocer el fondo del proceso, por la trascendencia del tema.
DECISIÓN. El fallo se da ocho meses después de presentado el recurso y cuando la obra está terminada. LA PRENSA/Ana Rentería DECISIÓN. El fallo se da ocho meses después de presentado el recurso y cuando la obra está terminada. LA PRENSA/Ana Rentería
DECISIÓN. El fallo se da ocho meses después de presentado el recurso y cuando la obra está terminada. LA PRENSA/Ana Rentería

El pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías interpuesto en agosto de 2012 por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) contra el contrato firmado entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Instituto Nacional de Cultura (Inac) y la constructora Norberto Odebrecht, para el diseño y reconstrucción de la vía Cincuentenario.

La decisión del pleno, con el salvamento de voto del magistrado Harley Mitchell, destaca que el recurso del CIAM fue presentado tres meses después de expedidas las resoluciones suscritas por el MOP, el Inac y la compañía, “por lo que no satisface el principio de oportunidad, es decir, que no existe una gravedad de perjuicio inminente”.

Además, los magistrados sostuvieron que el recurso legal fue dirigido “contra dos resoluciones; una expedida por el MOP y otra por el Inac, lo que riñe con la técnica para la presentación de un amparo de garantías, pues se fundamentan en hechos diferentes”.

Asimismo, el fallo plantea que al presentar el amparo de garantías constitucionales, el CIAM “no supo señalar claramente cuál era la resolución impugnada, al tratar de presentar el recurso contra dos actos diferentes”.

Sin embargo, en su salvamento de voto, Mitchell señaló que “los contratos impugnados están relacionados, ya que giran alrededor de los proyectos de reordenamiento vial de la ciudad de Panamá, que se presume atentan contra el derecho de la colectividad a tener un ambiente sano, al desarrollo sostenible, conservación de la cultura y el patrimonio histórico”.

A su juicio, por la trascendencia del tema, el pleno debió analizar el fondo del recurso, “máxime cuando el argumento de la acción constitucional era evitar daños irreversibles a sitios históricos que forman parte del patrimonio mundial y al medio ambiente a través de este proyecto”.

Para Mitchell, la importancia de los “derechos fundamentales que se estimaban vulnerados exigía que al momento de escrutar los requisitos formales de admisibilidad se fuera flexible en cuanto al plazo de tres meses señalado para la presentación de estos recursos”.

El amparo fue presentado el 9 de agosto de 2012 por los abogados Félix Wing, Ania Arosemena y Washington Lum, que denunciaron la violación de los artículos 81 y 85 de la Constitución Política, que garantizan el derecho humano de la colectividad a un ambiente sano, a la conservación de la cultura y a la protección del patrimonio histórico.

Consultado sobre la decisión de la Corte, Wing opinó que es una verdadera lástima que el máximo tribunal del país se haya tardado ocho meses para pronunciarse sobre este caso, especialmente, porque la obra está terminada.

Aseguró que no hay ninguna ley que establezca un plazo de tres meses para la presentación de un amparo de garantías constitucionales, como lo afirma el fallo del pleno.

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Cortesía/Sinaproc

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