Corte rechaza amparo a Valdés Carrasquilla

El Tribunal de Cuentas llamó a juicio al actual diputado de CD y exalcalde de San Miguelito por posible lesión patrimonial.

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Héctor Valdés Carrasquilla. Héctor Valdés Carrasquilla.
Héctor Valdés Carrasquilla.

La Corte Suprema de Justicia negó un amparo de garantías constitucionales al diputado del partido Cambio Democrático (CD) Héctor Valdés Carrasquilla, que busca dejar sin efecto la resolución No. 4-12 de 11 de enero de 2012 dictada por el Tribunal de Cuentas en la que se dispuso llamarlo a juicio por una presunta lesión patrimonial al Estado de 220 mil 116 dólares.

Se trata de un proceso abierto a Carrasquilla por su gestión como alcalde del distrito de San Miguelito en los años 2006, 2007 y 2008 por presuntas anomalías en el manejo de fondos en esa comuna.

La investigación se originó a raíz de un informe de auditoría realizado por la Contraloría en el año 2009 relacionado con cheques emitidos para el pago de impuestos municipales girados por Importadora Ricamar S.A., el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas a favor del Municipio de San Miguelito y de la empresa Capacitaciones Centrales S.A., que se encargaba de la sistematización de la tesorería municipal.

Como resultado de la auditoría se determinó un faltante de 250 mil 251 dólares, producto de cheques recibidos, en concepto de ingresos tributarios y apoyos sociales, los cuales fueron cambiados en el fondo de recaudación diaria y depositados como parte de los ingresos tributarios.

Carrasquilla presentó un amparo ante la Corte bajo el argumento de que en la investigación se dieron violaciones al debido proceso, ya que la causa en su contra se inició al amparo de la Ley No 36 de 10 de febrero de 1990, que creó la Dirección de Responsabilidad Patrimonial y se confirma el llamado a juicio patrimonial a la luz de la Ley No 67 de 2008 que creó el Tribunal de Cuentas.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia desestimó el argumento presentado en el amparo, ya que las actuaciones efectuadas en la jurisdicción de cuentas se ajustaron al debido proceso y que el investigado pudo ejercer su derecho a la defensa.

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