FALLOS DE LA SALA PENAL DE LA CORTE DICTAN JURISPRUDENCIA SOBRE LOS CASOS DE LA DICTADURA MILITAR

Crímenes no prescriben

La Sala II y el Tribunal Superior de Chiriquí han suscrito ocho dictámenes en contra y dos a favor de la prescripción a partir del año 2003.

El regreso al país del exdictador Manuel Antonio Noriega expone de nuevo ante la opinión pública nacional e internacional la discusión acerca de la prescripción o no de los crímenes cometidos por él y sus militares durante la dictadura.

Dos días después de que Noriega llegó a Panamá extraditado desde Francia, el equipo de su defensa jurídica anunció que no revelaría ninguna estrategia de esta, pero antes se había escuchado a sus abogados hablar de la posibilidad de presentar recursos de nulidad y prescripción contra las seis condenas en su contra por 67.5 años de prisión.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Chiriquí y Bocas del Toro, sin embargo, han dictado al menos 10 fallos sobre la prescripción de los crímenes de la dictadura, ocho de los cuales se oponen a esta, y según los entendidos, ya han establecido jurisprudencia.

La primera de esas sentencias data del 16 de diciembre de 2003; tuvo como ponente al magistrado César Pereira Burgos –ya fallecido–, el respaldo del magistrado Aníbal Salas, y negó una solicitud de la Fiscalía Superior Especial para declarar prescrita la acción penal del proceso por la muerte de José Tuñón Betancourt, en 1969.

La decisión estuvo fundamentada en el hecho de que la fiscalía pidió la prescripción sin haber efectuado gestiones para comprobar si los hechos constituían o no conductas delictivas. Graciela Dixon salvó su voto.

Tres meses después, el 2 de marzo de 2004, la Sala Penal volvió a abordar el tema con otra ponencia de Pereira Burgos, que fue avalada por Salas y Roberto González, este último suplente de Dixon. En ese fallo la sala revocó la decisión del Segundo Tribunal Superior que había declarado un sobreseimiento por la desaparición forzada del dirigente Heliodoro Portugal, en 1970, basado en la prescripción.

El argumento de los magistrados fue que no cabía la prescripción porque para la fecha de la desaparición de Portugal “imperaba un régimen que impedía el libre acceso a la justicia”.

La misma postura legal primó en otro fallo dictado por la Sala Penal en 2004, esta vez sobre el homicidio del dirigente sindical José del Carmen Tuñón, cometido en julio de 1969 en la desaparecida Cárcel Modelo. Una vez más, el dictamen fue que el caso no prescribía.

Otros dos homicidios

En dos sentencias subsiguientes, Pereira Burgos, Salas y González coincidieron en el tema de la prescripción. El 27 de abril de 2004, con ponencia de González, la sala revocó una decisión del Segundo Tribunal que negaba la solicitud de reapertura de la investigación del crimen de Rubén Miró, en 1969.

Al ordenar la reapertura del caso, González dijo que constituía un hecho público y notorio que en el momento en que se produjo el homicidio de Miró, así como la decisión jurisdiccional que ordenó el cierre provisional del proceso penal, una alta porción de las instituciones públicas estaba bajo el régimen militar.

El 30 de abril de 2004, González volvió a revocar una decisión del Segundo Tribunal y ordenó la reapertura de la investigación por la muerte de Félix Serrano, en 1983. Su decisión fue apoyada por Pereira Burgos y Salas.

Y este último mantuvo los mismos criterios en un fallo de enero de 2007, en el que negó un recurso contra una decisión del Tribunal Superior de Chiriquí y Bocas del Toro, que no admitió una petición de prescripción del proceso por la muerte de Cruz Mojica Flores.

Luego, en marzo de ese mismo año, Salas y González apoyaron una decisión del Tribunal Superior de Chiriquí y Bocas del Toro, que declaró que el caso de la desaparición y muerte de Mojica, ocurrida en Chiriquí en 1968, no prescribía.

Este dictamen se fundamentó en convenios internacionales ratificados por Panamá –entre estos el Estatuto de Roma de 1998–, en los que se destaca que estos casos no prescriben; así como en leyes aprobadas en el país después del régimen militar.

Esmeralda de Troitiño salvó su voto; señaló que las normas internacionales y locales que rigen la materia deben estar sustentadas en la comprobación del hecho punible, y advirtió de que ni la muerte ni la desaparición de Mojica fue probada.

En 2009, el Tribunal Superior de Chiriquí y Bocas del Toro aplicó la misma norma internacional para declarar la no prescripción de los homicidios de Héctor Manuel Candanedo y Candelario Torres Sánchez, también ocurridos durante el régimen militar. La ponencia en ambos casos fue del magistrado Salvador Domínguez Barrios.

Avales

Mientras tanto, los dos fallos a favor de la prescripción datan de 2006 y 2008. El primero tuvo como ponente a la magistrada de Troitiño, que declaró la prescripción de los casos de Gerardo Olivares, Reinaldo Sánchez Tenas y Félix González Santizo, todos ocurridos en la dictadura militar.

“El hecho de que los delitos de lesa humanidad estén reconocidos desde mitad del siglo XX no lleva necesariamente a determinar que a estos se les haya otorgado en el derecho panameño la condición de imprescriptibles”, argumentó Troitiño. Salas salvó su voto y Dixon hizo mayoría.

Dos años después, en abril de 2008, la Sala Penal ratificó una sentencia del Segundo Tribunal de Justicia, en el que se declaró prescrita la acción penal contra Manuel Antonio Noriega, Rubén Darío Mascuñana, Nivaldo Madriñán Aponte y Melbourne Walker, acusados por la desaparición del dirigente popular Alcibiades Betancourt, en 1971.

Según el fallo, que tuvo a César Pereira Burgos como magistrado sustanciador, la petición de reapertura del proceso penal hecha por los directivos de la Comisión de la Verdad no fue procedente, pues el caso ya había sido analizado y resuelto previamente por la propia Sala Penal, por lo que se trataba de materia ya juzgada.

Además, el dictamen estableció que mediante resolución judicial del 27 de febrero de 1991, la Sala Penal concluyó que en el proceso penal seguido a Noriega, Mascuñana, Madriñán y Walker, había ocurrido la prescripción.

Condenas y procesos

El exdictador Manuel Antonio Noriega ha sido condenado seis veces en Panamá: por los homicidios de Hugo Spadafora en 1985 y Moisés Giroldi en 1989; por la masacre de Albrook, también en 1989; por la privación de libertad del mayor Humberto Macea en 1988; por corrupción y peculado.

En tanto, los tres casos que tiene pendientes son por los homicidios de Heliodoro Portugal en 1970, de Everett Clayton Kimble Guerra en 1969, y de Luis Antonio Quiroz Morales en 1969, estas últimas en Chiriquí.

En el primer proceso, investigado por la Fiscalía Tercera Superior de Panamá, Noriega fue llamado a juicio por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en enero de 2010, que ha fijado tres fechas de audiencia, todas suspendidas. Las dos primeras se realizarían en marzo y mayo de 2010, y la tercera en julio de 2011. Todas fueron suspendidas por la falta de notificación de Noriega, proceso que sigue pendiente.

Los otros dos casos fueron instruidos por la Fiscalía Primera Superior de Chiriquí.

El sumario del caso de Quiroz Morales se inició el 27 de mayo de 2004, basado en una denuncia de la Comisión de la Verdad.

Mediante vista fiscal del 23 de agosto de 2007, el Ministerio Público pidió el llamamiento a juicio de Noriega; sin embargo, el 16 de noviembre de ese mismo año el Tribunal Superior de Chiriquí y Bocas del Toro decretó un sobreseimiento provisional del caso.

En 2008, la fiscalía apeló esa decisión y el expediente fue remitido a la Sala Penal de la Corte Suprema. Los abogados de Noriega presentaron un escrito de oposición a esta apelación el 5 de diciembre pasado.

Mientras, el expediente de la muerte de Kimble Guerra se inició el 4 de febrero de 2004.

Siete meses después, en septiembre de 2004, el Tribunal Superior de Chiriquí cerró provisionalmente el caso, decisión que fue confirmada por la Sala Penal el 24 de noviembre de 2005.

No obstante, en 2006 las sumarias fueron reabiertas y el 24 de septiembre de 2008 la Fiscalía Primera Superior solicitó el llamamiento a juicio para Noriega, el capitán Abundio Moreno y el mayor Aristóteles García.

El 28 de septiembre de 2009, el Tribunal Superior de Chiriquí abrió causa criminal contra los tres imputados, y mediante auto del 20 de enero de 2010 el mismo tribunal decretó en rebeldía a Noriega y García, y ordenó su detención.

El 14 de septiembre de 2011 se efectuó la audiencia del caso, en la que solo estuvo presente el capitán Moreno, quien se acogió a un proceso en derecho, por lo que está pendiente la sentencia. La detención preventiva contra Noriega y García se mantiene vigente. El nuevo juicio fue fijado para el 13 de marzo de 2012.

No prescripción, un tema internacional

Cada vez son más los ejemplos en el mundo sobre la no prescripción de los crímenes contra la humanidad cometidos durante regímenes militares.

El último de esos ejemplo fue dado la semana pasada por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que condenó a cadena perpetua al expresidente y exvicepresidente del disuelto Movimiento Republicano Nacional por la Democracia y el Desarrollo (MRND), acusados de ser responsables en parte del genocidio cometido en esa nación africana entre abril y junio de 1994, que dejó al menos 800 mil muertos.

El expresidente del MRND, Matthieu Ngirumpatse, y el exvicepresidente de ese colectivo, Eduard Karemera, fueron condenados por los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, todos incluidos en el Protocolo de Roma, que dio paso a la creación del Tribunal Penal Internacional.

Se les responsabilizó por “no haber prevenido y condenado las ejecuciones cometidas en 1994 por los jóvenes del MRND, los Interahamwe”, dijo la agencia de noticias AFP.

Según el dictamen del tribunal internacional, anunciado por el juez Dennis Byron, la mayoría hutu de Ruanda decidió exterminar a la minoría tutsi a partir de abril de 1994, y desde el 11 de ese mes se distribuyeron armas a los Interahamwe en el Hotel de los Diplomáticos, en Kigali, con el consentimiento de Ngirumpatse.

“En esta etapa del genocidio era previsible que las armas serían utilizadas para matar a los tutsis”, escribieron los magistrados en su declaración.

La matanza de tutsis se desarrolló “con la participación de responsables del gobierno interino, dirigentes políticos y líderes de Interahamwe y empresarios influyentes”, y continuó “hasta mediados de julio de 1994”, añadieron los jueces en el fallo, citados por la agencia de noticias AFP.

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