HACINAMIENTO DE 82.9% E INSALUBRIDAD AGOBIA A INTERNAS

Crisis en cárcel de mujeres

La defensora del Pueblo, Patria Portugal, elaboró un informe sobre la situación del penal en febrero pasado.

La calma habitual del Centro Femenino de Rehabilitación se rompió esta semana, luego de que decenas de presas se treparon a los techos del penal para protestar por las condiciones de hacinamiento e insalubridad en que purgan sus condenas.

Mediante llamadas telefónicas a este diario, algunas internas explicaron que la causa de todos los problemas en esa cárcel es el hacinamiento, que asciende a 82.9% si se toma en cuenta que su capacidad es para 433 mujeres y hasta el pasado jueves había 792.

Este es solo un ejemplo del hacinamiento que existe en el sistema penitenciario, que tiene una población de 13 mil 207 cuando la capacidad física solo alcanza para albergar a 7 mil 303 personas (ver gráfica).

Las prisioneras advirtieron de que el deterioro de la infraestructura de la cárcel de mujeres, construida en 1964, es tal, que hay filtraciones de aguas limpias y negras en las celdas, lo que trae consigo la proliferación de animales e insectos.

Por otra parte, denunciaron que hay reclusas con hasta 28 meses sin ir a juicio, en algunos casos por la mora judicial, pero en otros por retardo en los traslados.

Al mismo tiempo, las internas se quejaron por la falta de atención médica.

Confirmación

La situación denunciada por las reclusas está corroborada en un informe elaborado por la defensora del Pueblo, Patria Portugal, tras hacer una inspección en el penal el 27 de febrero.

Según Portugal, las condiciones en el centro son infrahumanas y degradantes.

En el informe se incluyen estas anomalías: filtraciones; inodoros insalubres, dañados y tapados; desbordamiento de aguas servidas; proliferación de insectos y roedores; tuberías rotas y grifos dañados; tomacorrientes sobrecargados.

Luego de visitar el penal, Portugal envió notas al ministro de Gobierno, Jorge Fábrega, y al director del Sistema Penitenciario, Ángel Calderón, exhortándolos a buscar correctivos, pero no le han respondido.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Herrera Morán, informó haber constatado la semana pasada las irregularidades denunciadas por las presas.

Morán hizo hincapié en los casos de cuatro reclusas, dos de ellas embarazadas y las otras dos en período de lactancia materna, que, según dijo, no deben estar en prisión, como lo indica el artículo 75 del Código Judicial.

Detalló que estas internas son procesadas por delitos de drogas y están a órdenes del fiscal primero Javier Caraballo, contra quien presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia.

Según el jurista, las reclusas embarazadas no reciben atención médica adecuada y ello pone en riesgo su integridad y la de sus hijos.

También denunció que a causa de las protestas, las autoridades del centro suspendieron las visitas, lo que atenta contra los derechos humanos de las presas.

Pero, según Calderón, la cárcel de mujeres es de los penales que están en mejores condiciones en el país, con una población en buenas condiciones de salud y atención médica garantizada.

Calderón detalló que las internas son asistidas por un médico entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m., y entre las 4:00 p.m. y las 9:00 p.m., y en situaciones que ameriten atención especializada son llevadas al hospital Santo Tomás o al hospital San Miguel Arcángel.

Aclaró que una de las razones de las protestas es que las reclusas estaban acostumbradas a cocinar dentro del centro en el tiempo que querían y la comida que querían, pero esto fue controlado y no les gustó.

Las reclusas ceden

Luego de varios días de protestas, las reclusas de la cárcel de mujeres aceptaron deponer su actitud el pasado jueves, tras la firma de una serie de acuerdos con las autoridades del Sistema Penitenciario.

Liseth Henríquez, representante de la Comisión de Justicia y Paz, que actuó como mediadora en el conflicto, dijo que el sistema se comprometió a construir dos nuevos hogares y a conseguir un médico adicional para la atención de las enfermas.

Por su parte, la comisión y las iglesias evangélicas que hacen trabajo social en el penal se comprometieron a gestionar una gira médica con el Ministerio de Salud.

Según Henríquez, además del hacinamiento, las reclusas denunciaron que uno de los principales problemas en el centro es que más del 80% de las internas no está condenado.

Juan Manuel Díaz C.

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