PROCESO POR LIQUIDACIÓN ADICIONAL DE IMPUESTOS A DESARROLLO GOLF CORONADO, S.A.

´Cucalón no tiene competencia´

El empresario I. Roberto Eisenmann dijo confiar en el dictamen del Tribunal Administrativo Tributario, que ahora tiene jurisdicción sobre el caso.
ARGUMENTO. Eisenmann dijo que si bien la Corte Suprema de Justicia negó los recursos interpuestos por sus abogados, no se pronunció sobre el fondo del asunto. LA PRENSA/Archivo ARGUMENTO. Eisenmann dijo que si bien la Corte Suprema de Justicia negó los recursos interpuestos por sus abogados, no se pronunció sobre el fondo del asunto. LA PRENSA/Archivo
ARGUMENTO. Eisenmann dijo que si bien la Corte Suprema de Justicia negó los recursos interpuestos por sus abogados, no se pronunció sobre el fondo del asunto. LA PRENSA/Archivo

El administrador de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), Luis Cucalón, ya no tiene competencia para actuar en el proceso de liquidación adicional de impuestos seguido a la empresa Desarrollo Golf Coronado, S.A. cuyo presidente es I. Roberto Eisenmann.

Así lo aclaró ayer José Javier Rivera, uno de los abogados de Desarrollo Golf Coronado, S.A., quien precisó que, por tal motivo, no tiene explicación que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada, haya enviado a Cucalón una carta en la que le indicó que puede seguir con el proceso.

Rivera aclaró que no fue notificado formalmente de la carta y que se enteró de su existencia y contenido por lo publicado ayer en los diarios Panamá América y La Estrella.

De cualquier forma, explicó que a partir de las decisiones tomadas por el pleno de la Corte, que negó a Desarrollo Golf Coronado, S.A. dos advertencias de inconstitucionalidad y dos amparos de garantías constitucionales, lo que corresponde es que la ANIP envíe el proceso al Tribunal Administrativo Tributario, para que esa instancia se pronuncie sobre el caso.

Detalló que es este Tribunal el que debe resolver las apelaciones que Desarrollo Golf Coronado, S.A. presentó contra cuatro resoluciones dictadas en 2012 por la extinta Dirección General de Ingresos (DGI, ahora ANIP), las que le ordenan pagar un alcance fiscal por $3 millones 76 mil y las que secuestran 35 fincas de la empresa, operadora del hotel Coronado Golf & Beach Club.

“Esa carta está errada, porque Cucalón ya falló, no tiene competencia para actuar”, afirmó Rivera.

EN LA CORTE

En fallo del 11 de julio pasado, Moncada rechazó un recurso interpuesto por la defensa de Desarrollo Golf Coronado, S.A. para que aclarara la sentencia que dictó el 24 de abril y que, a su vez, negó el último amparo de garantías presentado por la empresa, decisión que fue notificada por edicto el 12 de este mes.

El plazo de notificación venció el pasado viernes 19 de julio y Moncada envió la carta a Cucalón este lunes.

Previamente, Moncada rechazó las dos advertencias de inconstitucionalidad y los dos amparos presentados por Desarrollo Golf Coronado, S.A. contra las resoluciones de la DGI.

Los fallos que rechazaron los amparos de garantías también fueron avalados por Harry Díaz, Víctor Benavides, Luis Ramón Fábrega, Hernán De León y Gabriel Fernández, este último suplente de José Ayú Prado.

A su vez, votaron en contra Jerónimo Mejía, Harley Mitchell y Oydén Ortega Durán.

A excepción de Benavides, los mismos magistrados avalaron los fallos que negaron las advertencias de inconstitucionalidad.

Después de conocerse estos fallos, el 7 de junio pasado, un panel integrado por los abogados Mario Galindo, Alvin Weeden, Iván Robles, Fernando Berguido y Ebrahim Asvat, asesores ad honórem de Desarrollo Golf Coronado S.A., divulgó un comunicado público en el que alertó sobre un evidente caso de denegación de justicia.

Los abogados alegaron que los fallos del pleno se apoyaron en tecnicismos, que ignoraron las infracciones cometidas por la DGI.

Además, indicaron que los salvamentos de voto de los magistrados Mitchell, Benavides, Ortega y Mejía advierten de que hubo una evidente vulneración del derecho a defensa, debido a que la DGI impidió la práctica de pruebas a la empresa.

Por ello, opinaron que la Corte debió admitir los amparos de garantías.

Según los juristas, esta situación abre la vía para que Desarrollo Golf Coronado, S.A. acuda a la justicia internacional.

Antes, en la asamblea general de noviembre de 2011, celebrada en Perú, la Sociedad Interamericana de Prensa analizó el tema de la libertad de expresión en Panamá, y concluyó que los principales medios y periodistas eran desde entonces objeto de algún tipo de amenaza y citó, específicamente, casos de auditorías fiscales y ataques a través de redes sociales.

NO SE PRONUNCIÓ

Consultado ayer sobre el avance del proceso, I. Roberto Eisenmann aclaró que si bien la Corte rechazó los recursos presentados por sus abogados, “no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto”.

“Ahora es que comienzan a resolverse las apelaciones; confiamos en la independencia del Tribunal Administrativo Tributario”, dijo.

El Tribunal Administrativo Tributario está integrado por los magistrados Isis Ortiz Miranda, Ana Mae Jiménez Guerra y Reinaldo Achurra Sánchez, y sus suplentes son Elías Solís y Jorge Camacho (falta nombrar uno).

Todos estos magistrados fueron nombrados por la administración de Ricardo Martinelli.

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