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El 15 de noviembre de 2008, las autoridades colombianas buscaban al empresario David Murcia Guzmán y querían saber si se encontraba en Panamá.

Murcia se había convertido en una especie de rey Midas. A punta de carisma, labia y una endiablada habilidad para inventar negocios, parecía haber encontrado la fórmula mágica para ganar dinero sin esfuerzo.

A través de ingeniosos esquemas piramidales, Murcia se había hecho con la plata de millones de ahorristas en su país, a los que duplicaba y triplicaba su inversión en un pestañeo.

Todo legal, todo limpio y legítimo. Al menos eso era lo que creían.

Tras involucrarse en negocios poco claros que tocaban a la puerta de la entonces presidencia de Álvaro Uribe, el rumor de que no todo era color de rosa se regó.

Vendrían luego acusaciones de lavado de dinero de narcotraficantes y de un esquema de reciclaje de plata que empezaba a hacer aguas. Las pirámides se derrumbaron. La gente salió a las calles a exigir respuestas. Los ahorros de toda la vida de miles de personas, en su mayoría pobres, se esfumaron.

Una vez destapado el escándalo, Murcia podía encontrarse en Panamá, a donde había mudado su “cuartel general”. En el Registro Público panameño aparecían por entonces dos filiales del grupo empresarial de Guzmán, el Grupo DMG: Grupo DMG Inversiones Inteligentes S.A. (Diversity Marketing Global) y Grupo DMG Intelligent Cards Corp.

Hasta la Superintendencia de Bancos de Panamá había advertido, el 13 de febrero de 2008, que las actividades de estas compañías “no se enmarcan en las sujetas a la regulación y supervisión”.

En la noche del 19 de noviembre, tras ordenar las autoridades panameñas una serie de allanamientos en la capital, Murcia Guzmán fue capturado en una finca de Panamá oeste y entregado a la policía colombiana, que lo llevó de vuelta a su país a enfrentar la justicia.

Decenas de sencillos inversores en Panamá entraron en zozobra. La Superintendencia de Bancos instó a los afectados a presentar denuncias.

El caso pronto tomó ribetes políticos cuando el propio Murcia dijo que había invertido dinero en las campañas políticas panameñas de ese entonces, probablemente tratando de comprar inmunidad.

En marzo de 2009, la procuradora general de la Nación Ana Matilde Gómez había pedido ayuda a Colombia para poder interrogar a Murcia Guzmán sobre las supuestas donaciones a las campañas de Balbina Herrera y Roberto Bobby Velásquez, ambos del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Herrera había contra acusado, aseverando que el entorno del candidato Ricardo Martinelli también se habría beneficiado con dinero de Murcia.

En mayo, la Fiscalía Decimocuarta de Circuito de Panamá rastreaba cuentas bancarias internacionales supuestamente ligadas al grupo DMG.

No sería sino hasta octubre cuando el Ministerio Público (MP) abriría en firme una causa criminal contra Murcia Guzmán, específicamente por captación ilegal de fondos. Según las investigaciones, Murcia captó en Panamá 15 millones de dólares que generaron ganancias para sus empresas por 28 millones de dólares en concepto de rentabilidad entre 2006 y 2008.

Sin embargo, el cargo por blanqueo de capitales nunca pudo ser establecido. Un año más tarde, en septiembre de 2010, el ente acusador desistió de proseguir por esa línea de investigación.

El Juzgado Tercero Penal ya había dictado un sobreseimiento definitivo y el MP decidió no insistir.

La Fiscalía Decimocuarta de Circuito penal pidió en octubre al Juzgado Decimoquinto de esa rama, que abriera causa criminal a Murcia por el delito de captación ilegal de dinero. La fiscalía empero pidió el sobreseimiento provisional de los otros cinco imputados en el caso, por no haberse podido acreditar pruebas en su contra.

A la sazón, Murcia Guzmán ya no se encontraba en Colombia: la justicia de Estados Unidos (EU) lo había pedido y procesado por lavado de dinero, justo el delito por el que no se le pudo juzgar en Panamá.

El Juzgado Decimoquinto Penal había fijado para los días 9, 10 y 11 de mayo de 2011 la audiencia preliminar para Murcia. Desde EU, Murcia expresó su anuencia a presentarse a la diligencia en Panamá.

En el proceso a Murcia en Panamá, también estaban imputadas su esposa y su cuñada, Joanne y Claudia León, respectivamente, quienes están detenidas en Uruguay y Colombia.

La audiencia, sin embargo, se suspendió.

En mayo, el Juzgado Tercero de Circuito de lo Penal ordenó la devolución de los bienes a los apoderados legales del dueño de DMG como consecuencia del desistimiento del caso por lavado de dinero.

El MP se dio cuenta entonces de que no existía un inventario claro de los bienes del acusado, que incluían viviendas y vehículos lujosos. Si lo aprehendido también aparecía vinculado al caso de captación ilegal de fondos, no se podrían devolver los bienes aún.

El Juzgado Juzgado Decimoquinto Penal programó la nueva fecha para la audiencia preliminar: sería el 16 de abril de 2012. Sin embargo, en marzo aún no había recibido respuesta de una asistencia judicial enviada a EU para obtener la versión de Murcia. La fecha volvió a moverse para octubre.

A Joanne León se la notificó de la diligencia finalmente en agosto de ese año. Pero esta tampoco se realizó.

El 11 de febrero de 2013, el Juzgado Decimoquinto Penal fijó un edicto emplazatorio, que establecía los días 23 al 29 de septiembre como las nuevas fechas en las que se realizaría la audiencia preliminar.

Faltando poco más de un mes para la diligencia, la asistencia judicial enviada a EU permanece sin respuesta. Tampoco es claro si tres de los ocho imputados se han dado por notificados.

En tanto, en Colombia el abogado de las víctimas asegura que hay graves dificultades en el proceso de reparación. Afirma que millones de dólares apropiados por Murcia aún están en paraísos fiscales, entre los que mencionó a Panamá.

 ¿Y a dónde se fue toda la plata?

Mientras que en Panamá y Colombia se sigue tratando de establecer dónde está todo el dinero captado por David Murcia Guzmán (DMG) a través de sus empresas, sus abogados insisten en la inocencia de su cliente y no dan razón del paradero de esos fondos.

Aunque algunas cuentas han sido cauteladas por las autoridades, existe la “leyenda urbana” de que hay en distintos puntos de Colombia (y tal vez en Panamá u otros países como Ecuador o Venezuela, donde DMG tenía negocios) “guacas” o “entierros” de dinero en efectivo producto de las actividades del hoy preso en Estados Unidos.

Según un reporte de la emisora RCN de Colombia, que aparece en su sitio web http://www.rcnradio.com/, un abogado de Murcia en ese país, Diego Garcés, dijo en julio de este año que este no sabe dónde está ese dinero. El próximo 22 de agosto Murcia tendrá una audiencia en Bogotá.

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