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$250 mil para logotipo y página web

Cuestionan a la Defensoría

33 grupos de la sociedad civil reclaman mayor explicación sobre el contrato con la empresa Imaginarium Studio, S.A.

Luego de una reunión con la defensora del Pueblo, Patria Portugal, el pasado miércoles, 33 organizaciones, entre ambientales, sindicales, gremiales y de derechos humanos concluyeron que al leer el contrato [entre la Defensoría del Pueblo e Imaginarium Studio, S.A. por $250 mil] y la información que se les entregó, más que aclarar la situación, tienen “más dudas”.

El pasado lunes, las organizaciones, entre ellas Alianza Ciudadana pro Justicia, Instituto Raúl Leis, Colegio Nacional de Periodistas, y Centro de Estudios y Acción Social Panameño solicitaron a Portugal un encuentro para que les brindara información sobre el manejo presupuestario de la institución y los detalles de las contrataciones que “han sido muy cuestionadas”.

Se refieren a la contratación de la empresa Imaginarium Studio, S.A. para el desarrollo de un nuevo logotipo y de una página web, que ha sido cuestionada por sobrecostos de hasta un 700% y por haber ignorado procedimientos administrativos, y cuyo presidente es Jean Paul Ortega Ramírez, de 23 años, miembro del colectivo de gobierno Cambio Democrático (CD).

Las organizaciones señalan que si bien, tanto la defensora del Pueblo como su equipo explicaron el procedimiento, monto y resultado de la consultoría cuestionada, “les manifestamos que no podíamos entender cómo una institución que tiene 280 mil dólares para inversión estudios, diseño y construcción, pueda gastar $250 mil en una consultoría para asesoría de imagen”.

“Este caso refleja falta de controles por parte de la Contraloría, la falta de transparencia y de una adecuada legislación en materia de contrataciones públicas”, afirma el comunicado.

Sostienen que esto constituye una pobre justificación de un gasto desproporcionado en relación a los recursos de la institución, por lo que es necesaria una mayor explicación por parte de la Defensoría del Pueblo, y de una auditoría por parte de la Contraloría General de la República.

El pasado martes, Portugal, mediante un comunicado aseguró que el contrato se hizo de forma “transparente”.

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