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Cuestionan informe de desaparecidos

La Comisión Nacional de Derechos Humanos calificó la desaparición de 43 estudiantes como una de las violaciones más graves.

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Activistas y familiares marchan en apoyo a los 43 jóvenes desaparecidos en el estado de Guerrero, el miércoles 8 de octubre de 2014. Activistas y familiares marchan en apoyo a los 43 jóvenes desaparecidos en el estado de Guerrero, el miércoles 8 de octubre de 2014.
Activistas y familiares marchan en apoyo a los 43 jóvenes desaparecidos en el estado de Guerrero, el miércoles 8 de octubre de 2014.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ayer un documento en el que no solo denuncia fallos y omisiones clave en la investigación oficial sobre la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, México, sino que, además, cuestiona datos básicos de la versión oficial del Gobierno sobre unos hechos que califica como “el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos en la memoria reciente del país”.

En un informe con 32 recomendaciones para autoridades locales, estatales y federales, la Comisión pide establecer con claridad si los restos encontrados en el río San Juan y que el Gobierno dijo que eran de los estudiantes “son o no de origen humano”, cuestiona la recreación de los hechos realizada por la Procuraduría General de la República e insta a interrogar personas clave para la investigación que no han rendido declaración hasta ahora, entre ellas, 16 presuntamente involucradas, testigos, policías federales y 9 militares.

Es la primera vez que una entidad oficial exhibe las carencias de una investigación que, según el ejecutivo, era la más grande nunca realizada en México.

Partes de la versión oficial han sido cuestionadas por expertos internacionales que investigan el caso, como el grupo enviado por la Organización de Estados Americanos y el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses, y las familias no creen las explicaciones del Gobierno.

El presidente de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, lamentó que haya habido una investigación “insuficiente” y que no se haya atendido a las víctimas de la forma adecuada e indicó que el objetivo del documento es “alcanzar la verdad jurídica sobre los hechos de Iguala, requisito indispensable para materializar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia”.

A su juicio porque se ha hecho “evidente” el rompimiento del estado de derecho, la alianza entre el crimen y el poder, entre la delincuencia y la autoridad en México. “No es momento de callar ni olvidar”, subrayó.

Afirmó que “el caso Iguala ha probado el grado de barbarie al que se ha llegado, el abandono de la ley y el olvido de la justicia”, añadió.

El 26 de septiembre de 2014, seis personas murieron y 43 estudiantes de magisterio fueron desaparecidos.

Según la versión oficial, policías municipales de Iguala y el vecino municipio de Cocula, secuestraron a los jóvenes por orden del alcalde de Iguala; los entregaron a miembros de un grupo del crimen organizado llamado Guerreros Unidos; y sicarios de esta organización los llevaron a un basurero, los quemaron y arrojaron sus restos en un río cercano.

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