Custodia para acciones al portador, a tercer debate

Los certificados de acciones al portador vigentes tendrán tres años [luego de entrar en vigor la ley] para entregarlos en custodia.
PLENO. El director de la ANIP, Luis Cucalón, defendió el proyecto. LA PRENSA/Jorge Fernández PLENO. El director de la ANIP, Luis Cucalón, defendió el proyecto. LA PRENSA/Jorge Fernández
PLENO. El director de la ANIP, Luis Cucalón, defendió el proyecto. LA PRENSA/Jorge Fernández

El proyecto de ley 568 que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador fue aprobado ayer, en segundo debate, por el pleno de la Asamblea Nacional.

La discusión de la iniciativa se produjo con la ausencia de representantes de organismos financieros locales y de gremios que habían expresado su rechazo a la propuesta impulsada por el Ejecutivo, por exigencia de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Previo al debate, las bancadas oficialistas de Cambio Democrático (CD) y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) rechazaron un informe de minoría del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en el que se advertía que esta norma tendría grandes implicaciones económicas en la formación de sociedades anónimas, la Zona Libre de Colón, el Centro Financiero Internacional, la marina mercante, el Centro de Reaseguros, entre otras actividades económicas.

“El PRD rechaza el proyecto, porque pone en tela de duda la capacidad y la voluntad política del Gobierno para enmendar y promover perspectivas para desarrollo a largo plazo; crea fragilidad en el sistema jurídico; destruye la confianza que tienen los inversionistas en el país; el gobierno continúa demostrando vulnerabilidad ante presiones internacionales y genera desconfianza en las instituciones nacionales”, destaca el informe de minoría del PRD.

No hay riesgos

El director de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), Luis Cucalón, acudió al pleno para defender la propuesta impulsada por el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima.

“Lo único valedero aquí es que Panamá firmó un tratado que tiene que cumplir. Si Panamá no quiere que se le respete como un país que cumple los tratados que firma, entonces no hagamos nada”, precisó Cucalón.

Manifestó que como está la economía mundial, totalmente abierta, no hay tales riesgos. “Más riesgo hay de que nos cerquen por el incumplimiento de estos tratados”, expresó.

Gremios como el Colegio Nacional de Abogados advirtieron en el período de consultas que esta norma, que entraría en vigencia dos años después de su promulgación, producirá pérdidas a la competitividad del país.

Mientras que la Asociación Panameña de Derecho Marítimo aseguró que se pone en peligro la marina mercante, ya que las acciones al portador de los principales competidores de Panamá, como Liberia e islas Marshall, no tienen restricciones.

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