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AUDIENCIA POR PINCHAZOS TELEFÓNICOS

Repudian medida en caso de escuchas

Dirigentes de la sociedad civil y víctimas de los ‘pinchazos’ repudiaron la decisión del juez decimosexto penal, Enrique Pérez, de dar casa por cárcel a los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz. Los afectados por las interceptaciones de comunicaciones en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) consideran que los imputados violaron derechos humanos fundamentales, como el de la intimidad.

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Alejandro Garuz, quien estaba detenido desde enero pasado, recibió la medida cautelar de casa por cárcel. Alejandro Garuz, quien estaba detenido desde enero pasado, recibió la medida cautelar de casa por cárcel.

Alejandro Garuz, quien estaba detenido desde enero pasado, recibió la medida cautelar de casa por cárcel.

Garuz (Izq.) recibió la medida cautelar de casa por cárcel. Pérez permanecerá en El Renacer mientras se decide otro proceso que tiene pendiente. Garuz (Izq.) recibió la medida cautelar de casa por cárcel. Pérez permanecerá en El Renacer mientras se decide otro proceso que tiene pendiente.

Garuz (Izq.) recibió la medida cautelar de casa por cárcel. Pérez permanecerá en El Renacer mientras se decide otro proceso que tiene pendiente. Foto por: LA PRENSA/Archivo

Gustavo Pérez permanecerá en El Renacer mientras se decide otro proceso que tiene pendiente. Gustavo Pérez permanecerá en El Renacer mientras se decide otro proceso que tiene pendiente.

Gustavo Pérez permanecerá en El Renacer mientras se decide otro proceso que tiene pendiente.

Nahaniel Murgas, fiscal. Nahaniel Murgas, fiscal.

Nahaniel Murgas, fiscal.

Cristóbal Arboleda, defensor. Cristóbal Arboleda, defensor.

Cristóbal Arboleda, defensor.

Sofanor Espinosa, defensor. Sofanor Espinosa, defensor.

Sofanor Espinosa, defensor.

Alejandro Pérez, defensor. Alejandro Pérez, defensor.

Alejandro Pérez, defensor.

Balbina Herrera, querellante. Balbina Herrera, querellante.

Balbina Herrera, querellante.

Mitchell Doens, querellante. Mitchell Doens, querellante.

Mitchell Doens, querellante.

José Luis Varela, querellante. José Luis Varela, querellante.

José Luis Varela, querellante.

Francisco Sánchez Cárdenas, querellante. Francisco Sánchez Cárdenas, querellante.

Francisco Sánchez Cárdenas, querellante.

Representantes de la sociedad civil y víctimas de las escuchas telefónicas efectuadas durante el gobierno anterior repudiaron ayer la decisión del juez decimosexto de lo penal, Enrique Pérez, de cambiar la medida de detención preventiva impuesta a los ex secretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Gustavo Pérez y Alejandro Garuz por una de arresto domiciliario.

Magaly Castillo, de la organización Alianza Ciudadana Pro Justicia, calificó como “decepcionante” la decisión del juez Pérez, pues, a su juicio, las violaciones a los derechos humanos cometidas por los imputados son graves y en el expediente instruido por la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada hay suficientes elementos de juicio para mantener la detención preventiva de Pérez y Garuz.

Castillo aseguró que toca a la sociedad civil estar vigilantes de las decisiones de los jueces en los procesos contra miembros del gobierno pasado, ya que la sociedad panameña está cansada de la impunidad en los casos de alto perfil que se tramitan en el Órgano Judicial.

Alegó que urge la revisión de las penas contenidas en el Código Penal respecto a los delitos sobre violaciones a los derechos humanos.

Opinó que la sanción de tres años de prisión para quienes violan la intimidad de los ciudadanos, y además intervienen sus comunicaciones e incluso hacen pública estas informaciones, es irrisoria.

Dijo que en este caso existe el agravante de que las interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos fueron usadas para extorsionar a las personas por el simple hecho de ser adversarios políticos del gobierno de Ricardo Martinelli.

Por su parte, Ramón Ricardo Arias, presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, manifestó que para él es un misterio cuáles son los criterios que se están utilizando para dictar medidas cautelares.

Estimó que la violación a la intimidad es un delito muy grave y como tal se debe tratar.

En tanto, Roberto Troncoso, experto en el tema de derechos humanos, señaló que es necesario ser respetuoso de la decisión del juez, pero que estos delitos referentes a violación a la intimidad son unos de los más graves en materia de derechos humanos.

Troncoso detalló que la violación del derecho a la intimidad cobra más importancia que los casos que se adelantan en otros despachos judiciales por el robo de dinero del erario, cuando se hace de manera reiterada con la intención de amedrentar a las víctimas.

Reveló que en los años 90 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la norma que castigaba con pena de hasta 10 años de prisión a quienes cometieran estos delitos y que a partir de ese fallo se ha iniciado una debacle en esta materia.

A la vez, calificó como irrisoria la pena de tres años de prisión contenida en el Código Penal por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Dijo que este castigo no limitará el espionaje.

En tanto, la diputada independiente y exprocuradora Ana Matilde Gómez señaló que, ante el dictamen del juez, “lo que hay es que respetar la decisión de los que se atreven a actuar en función de la evidencia, las pruebas y lo que razonablemente tienen en el expediente”.

“Lo que uno quiere no es lo que cuenta, es lo que está en el expediente y lo que el operador judicial sienta que es lo más apropiado al propósito del resultado del proceso”, indicó Gómez.

VÍCTIMAS MOLESTAS

La dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y una de las víctimas de las escuchas telefónicas, Balbina Herrera opinó que la decisión del juez crea un mal precedente, ya que el daño causado a quienes fueron afectados es irreparable.

Herrera, una de las pocas querellantes que asistió a la audiencia preliminar durante los tres días en que se desarrolló, dijo “que la magnitud del daño causado es muy grande”, al tiempo que solicitó que se haga una revisión al Código Penal, que impone una pena muy leve por estos delitos.

Por su parte, su copartidario Mitchell Doens, también víctima de los pinchazos, aseguró que se opone al cambio de la medida de detención preventiva concedido a Garuz y a Pérez, debido a que los delitos por los que se les acusa representan una flagrante violación a los derechos humanos, que fueron cometidos de forma reiterada por ambos ex secretarios ejecutivos del CSN.

A su vez, el diputado panameñista José Luis Varela, otra víctima de las escuchas, indicó que en Panamá se ha estado velando por el respeto al Estado de derecho y consideró que si la decisión del juez se ha tomado en derecho, “tenemos que respetarla”.

El exdirigente del PRD Francisco Sánchez Cárdenas, querellante en este proceso, indicó que la decisión del juez “deja un sinsabor en la comunidad, que espera duras sanciones para aquellos que violaron la ley y la Constitución siendo servidores públicos”.

Advirtió que la violación a la intimidad es un delito grave, que ahora se quiere “manejar con mano suave cuando se requiere de una sanción ejemplar para que no vuelva a ocurrir”.

Dijo que este tipo de decisiones son las que ponen en duda a la administración de justicia y aumentan la desconfianza que tiene la población con los jueces y magistrados.

LA MEDIDA

La decisión del juez se dio en el tercer y último día de la audiencia preliminar del proceso que se le sigue a Pérez y a Garuz, y a sus subalternos William Pittí y Ronny Rodríguez –ambos prófugos– por la presunta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, tras la interceptación de las comunicaciones a unas 150 personalidades del país en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

El cambio de medida cautelar fue solicitado por los abogados Cristóbal Arboleda y Rosario Correa –defensores de Garuz y Pérez, respectivamente– por considerar que la pena máxima que le es aplicable no llega a los cuatro años de prisión.

En el caso de Pérez, sin embargo, la medida cautelar de casa por cárcel no se hizo efectiva, ya que el también exdirector de la Policía Nacional es objeto de otro proceso por la supuesta comisión del delito de posesión ilegal de armas de fuego, en el que también se ordenó su detención preventiva.

La Fiscalía Decimocuarta de Circuito investigó a Pérez por posesión ilícita de armas de fuego, luego de que en un allanamiento a su casa, en medio de las pesquisas relacionadas con los pinchazos telefónicos, se ubicaran varias pistolas y revólveres. Este expediente se encuentra en el Juzgado Decimosegundo Penal, en espera de que se fije la fecha de la audiencia preliminar.

Pérez fue trasladado nuevamente al centro penitenciario El Renacer, mientras que Garuz fue escoltado por agentes de la Policía hasta su residencia.

Concluida la audiencia preliminar, el juez se acogió al plazo de 24 horas para decidir si llama a juicio o no a los imputados.

FISCAL RECHAZA DECISIÓN

El fiscal contra la delincuencia organizada, Nahaniel Murgas, quien adelantó las investigaciones de este caso, se opuso al pedido de la defensa de cambiar la detención preventiva a Garuz y a Pérez, pues “la gravedad del delito cometido en perjuicio de cientos de personas requiere de una sanción ejemplar”.

Murgas solicitó al juez enjuiciar a Garuz, Pérez y a sus subalternos Pittí y Ronny Rodríguez, ya que, a su juicio, existen claras evidencias de su participación en la ejecución de las escuchas telefónicas ilegales .

Alegó, además, que tanto Garuz como Pérez, por ser jefes del Consejo de Seguridad Nacional, son responsables por la actuación de los funcionarios que se encontraban bajo su mando.

DEFENSA ARGUMENTA

Cristóbal Arboleda, defensor de Garuz, solicitó al juez el cambio de la medida cautelar fundamentado en que la pena en este caso no supera los cuatro años de prisión y el Código Penal señala que solo en la aplicación de penas que excedan ese término se aplicará la detención preventiva.

La moción fue secundada por Rosario Correa, defensora legal de Pérez, quien sostuvo que su cliente ha colaborado con la investigación y que en este caso la pena aplicable no sobrepasa los cuatro años.

El artículo 164 del Código Penal señala que “quien se apodere o informe indebidamente del contenido de una carta, un mensaje de comunicación electrónico, firma electrónica, documento electrónico, despacho cablegráfico, que no le haya sido dirigido, será sancionado con pena de prisión de uno a tres años, y cuando la persona que haya cometido el delito obtiene algún beneficio o divulgue la información obtenida será sancionada con dos a cuatro años de prisión”.

Mientras, Sofanor Espinosa, abogado de William Pittí, pidió un sobreseimiento definitivo para su cliente, argumentando la inexistencia de indicios que lo vinculen con los pinchazos telefónicos.

Alejandro Pérez, defensor de Ronny Rodríguez, explicó que su cliente “solo cumplió con su deber”, como lo han hecho todos los funcionarios que laboran en esa institución de seguridad del país.

(Con información de Gustavo A. Aparicio O.)

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