La contralora de colombia está decidida a modernizar la administración pública

´Debe haber distancia entre el Presidente y el Contralor´

Sandra Morelli es considerada una de las cuatro figuras clave en la lucha contra la corrupción, en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Recientemente en una entrevista a The Washington Post, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que las cuatro figuras clave en su lucha contra la corrupción eran la Contralora, el jefe de la Policía, la fiscal general y el Procurador. Junto a ellos, aseguró, tiene una “cruzada” con la que identifica casos de corrupción, “pone a la gente en la cárcel” y así “limpia el país”. “Estamos atacando la corrupción y todos los corruptos –no importa cuán importantes sean– van a ir a la cárcel”, declaró.

Ya están en la cárcel, por ejemplo, los primos Miguel, Guido y Manuel Nule, que tienen por lo menos 18 causas penales abiertas por evasión de impuestos, corrupción y maniobras financieras irregulares por anomalías en la construcción de infraestructura en Colombia.

También se han tomado acciones contra Omar Díazgranados, destituido como gobernador de Magdalena (al norte del país) por irregularidades en la compra de útiles escolares. Otros casos, como el de Saludcoop –el mayor desfalco de la salud, por más de 15 millones de dólares–, están en proceso.

Esos escándalos fueron investigados por la contralora Sandra Morelli. Luego de un año de estrenar el cargo, con una lata de refresco light en la mano y rodeada de un mar de papeles, dedicó 26 minutos de uno de sus ajetreados días a La Prensa.

En materia de corrupción, ¿qué ha cambiado en Colombia desde que llegaron ustedes al poder?

La clarísima decisión política de modernizar la administración pública. Una administración eficiente y moderna es una administración sin corrupción.

Hace unas semanas usted le contó a El Tiempo que lanzó un “mapa de riesgo” que ubica 75 sitios vulnerables a la corrupción por contratación en materia electoral. ¿En qué consiste y cómo lo hizo?

Ese mapa de riesgos lo elaboramos teniendo en cuenta que este es un año electoral y que muy frecuentemente las campañas políticas se financian con los recursos de las entidades territoriales e incluso nacionales. Lo que hicimos fue identificar los comportamientos atípicos en las contrataciones, viendo dónde se concentran las contrataciones en la misma persona, dónde se fraccionan contratos... Basados en eso identificamos 75 municipios altamente vulnerables por presencia de paramilitarismo o de algunas mafias, por razones de orden público... y ahí es donde está la mayor acción de la Contraloría en el ejercicio del control fiscal.

También creó un Estatuto Anticorrupción. ¿De qué se trata y qué busca?

Es una obra colectiva, iniciativa del Ejecutivo, que aprobó el Congreso luego de hacerle modificaciones. La Contraloría encontró una ocasión para fortalecerse institucionalmente, aumentar el número de delegados y establecer procesos para adelantar las investigaciones desde su inicio hasta su fin, sin tener que mandarlas a otras dependencias y demorar las decisiones. Y también se aprovechó para ratificar algunas facultades de investigación y de policía judicial de la Contraloría.

¿Cuál es la principal fuente de corrupción en Colombia?

La causa más importante es que las instituciones son débiles. Y como son débiles, permiten que los procesos contractuales se contaminen de criterios distintos a los de eficiencia y eficacia. Permiten que haya incidencias políticas para uno u otro grupo político, y lo que es mucho más grave, que grupos que antes estaban al margen de la ley se hayan reciclado al interior de la administración pública y ahora administren recursos públicos. Ese coctel es muy negativo.

¿Cuáles son las cifras de sus logros?

Tienen que ver con la prevención. Las funciones de advertencia hoy ascienden a 788 mil millones de pesos (poco más de 400 millones de dólares). Eso se traduce en pronunciamientos de la Contraloría que invitan al funcionario a que revise con mayor detenimiento las decisiones que va a adoptar. En muchos casos, eso ha tenido como resultado que no toman esas decisiones o toman una distinta, evitando el riesgo del fondo público. Y de recuperaciones, estas ascienden a 2 billones 100 mil pesos, incluyendo no solo plata efectivamente recuperada para el erario, sino también procesos en curso donde hay medidas cautelares. Si se establece que hay responsabilidad fiscal, hay un activo para reparar el daño causado.

¿Qué ha sido lo más difícil en su primer año?

Uno, poner a andar la Contraloría. Todavía resulta difícil lograr proyectos por los procedimientos, la incapacidad de coordinación, los celos entre los directivos... es realmente muy difícil concretar cosas. En eso estamos muy lejos de la meta. Y en segundo lugar, la falta de credibilidad en el control fiscal y el sustento de las decisiones, por parte de la ciudadanía y de las propias instituciones, vigiladas. Los vigilados siempre tienen motivos para discutir y siempre el equivocado es el control fiscal.

Sus investigaciones contra el gobierno anterior parecen tener furioso al expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué opinión le merece eso?

No sé si está furioso o no, pero este no es un tema personal. Sencillamente se hizo el control fiscal sobre la vigencia fiscal anterior. Obvio que eso afecta a la administración de turno.

Usted declaró en medios colombianos que lo que sucedía era que los funcionarios del gobierno anterior no eran “angelitos”...

Claro, porque hubo irregularidades que se cometieron dolosamente. Entonces, de ninguna manera se puede pensar que hay elementos distintos a los probatorios para tomar las decisiones.

¿Qué tanto se puede luchar contra la corrupción y fiscalizar efectivamente el dinero estatal en un país en el que el Contralor es un allegado cercano del Presidente de la República?

Mucho, si además ese allegado tiene la decisión de apoyar la lucha contra la corrupción, como es el caso de Santos y mío, que además de allegado tiene una convicción absoluta en esta responsabilidad. Cabe precisar que el hecho de ser allegado no puede implicar que el Contralor no cumpla sus funciones, porque en ese caso ni el Presidente hubiera sido digno de ser elegido y menos el Contralor de haber sido designado. Se trata de que cada quien haga su oficio.

En Panamá, la Contralora trabajó por más de 10 años como auditora de la empresa del Presidente. ¿Qué opinión le merece eso?

Me parece que ahí hay una evidente situación de conflicto de interés. No, no, no sé si hay conflicto de interés o no.... Pero me parece que hay ya un vínculo profesional y personal que eventualmente implica que no se mantenga la mínima distancia que debe haber siempre entre un Presidente y un Contralor. En este caso, veo que hubo una relación de asesoría o un vínculo laboral directo que tal vez no es el más aconsejable cuando se trata de ser el órgano controlador del Ejecutivo.

¿Qué métodos utiliza Colombia para fiscalizar sus recursos antes de entregar las partidas?

Lo que hay es la metodología de presupuesto y planeación, y luego todo el proceso de contratación para que la ejecución sea correcta. No hay control previo desde 1991. En Colombia no arrojó resultados satisfactorios, fue muy negativo porque había una convivencia negativa entre el órgano controlado y el controlador. Sin embargo, la figura de la advertencia ha entrado a suplir ese rol. Permite el desarrollo de una vigilancia y así se cumple con esa función preventiva.

¿Qué le parece el cambio de las licitaciones por contratos directos?

Me parece que la licitación o cualquier otro método de concurso que permita que la administración conozca todas las propuestas y sepa cuál es la más eficiente y cuál es mejor en términos económicos, es un principio que no se debe sustituir.

¿Qué peligros ve en el otorgamiento excesivo de contratos directos?

Se escoge al amigo. Y ese no tiene la mejor ni la más eficiente propuesta.

En mayo de este año, uno de los implicados en el caso Nule (Miguel Nule) aseguró que usted recibió dádivas a través del embajador de Colombia en Venezuela para parcializar sus decisiones. Usted le pidió a la Corte que la investigara, aunque advirtió que lo que buscaban era desprestigiarla por sus hallazgos en ese caso. ¿Qué pasó?

Yo hice los traslados correspondientes, entregué los documentos que sirven de soporte para decir cuál es mi situación patrimonial, cuáles son mis ingresos, de qué vivo y qué gasto. Estaré dispuesta a que se investigue.

¿Qué alcance tuvieron las operaciones de los Nule en Panamá?

Realmente no tenemos información detallada de su desarrollo contractual ahí.

¿Tienen pruebas de que los Nule utilizaron fondos públicos robados de Colombia para comprar bienes en el exterior?

Tenemos una denuncia por lavado de activos.

¿El uso de fondos públicos para la compra de bienes en el exterior –específicamente en Panamá– fue el patrón utilizado en los casos DMG y SaludCoop?

DMG es un tema que no le tocó a esta administración. Sin embargo, hay una auditoría especial acerca de cómo se liquidaron esas empresas. SaludCoop es otra auditoría que está en curso, acerca del desvío de recursos de la salud a otras finalidades, como inversiones en inmuebles.

ABOGADA Y DOCENTE

PERFIL. Sandra Morelli se graduó de abogada en la Universidad Externado de Colombia en 1987 y luego estudió derecho administrativo y ciencia de la administración en la Universidad de Bologna. Cursó estudios en la Sorbonne y en Montpelier en las áreas de derecho administrativo, ciencia de la administración y servicios públicos. Ha sido investigadora, catedrática y directora del departamento de Derecho Público en la Universidad Externado de Colombia. También presidió la Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías.

Fue asesora del Ministerio de Educación y de la Comisión Técnica para la elaboración de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia de Colombia, además de directora de políticas jurídicas y desarrollo legislativo del Ministerio de Justicia y del Derecho. Fue además asesora de empresas privadas como Bavaria y Lime, y directora jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

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