BIENES PATRIMONIALES DE funcionarios

Declaraciones, letra muerta

El presidente Varela adelantó que hará pública su declaración de bienes patrimoniales. Igual promesa hicieron Valderrama y Blandón.
Los funcionarios entrantes y salientes deberán presentar su declaración de bienes ante la Contraloría General de la República. LA PRENSA/Archivo. Los funcionarios entrantes y salientes deberán presentar su declaración de bienes ante la Contraloría General de la República. LA PRENSA/Archivo.
Los funcionarios entrantes y salientes deberán presentar su declaración de bienes ante la Contraloría General de la República. LA PRENSA/Archivo.

Apesar de que la Ley 59 de 1999, la cual dicta disposiciones contra la corrupción administrativa, establece multas para los funcionarios que no hagan su declaración final de bienes patrimoniales (ya que no se les puede retener salario alguno), la Contraloría General de la República no ha reglamentado esta materia.

Así lo afirmó el excontralor Carlos Vallarino, quien informó además que, por ende, no se ha establecido una escala de multas a través de reglamento o decreto.

El artículo 4 de la Ley 59 señala: “...cuando el incumplimiento ocurra al término de las funciones será sancionado con multa por la Contraloría General de la República, sin perjuicio de la responsabilidad penal”.

Vallarino opina que un Contralor podría multar, aún sin reglamentación, mediante un decreto, toda vez que la Ley 59 no se lo impide.

Recordó que durante su gestión se emitió un manual, que calificó como “fuente de derecho”, el cual estipula una guía para el procedimiento con referencia a la rendición de cuentas de agentes y empleados de manejo.

La actual contralora, Gioconda Torres de Bianchini, por su lado, publicó el documento denominado Guía para la declaración jurada de estado patrimonial de los servidores públicos, en calidad de empleados de manejo, disponible en la Gaceta Oficial 27033.

El documento indica que la Contraloría podrá retener el pago de emolumentos a los servidores públicos que por ley estén obligados a presentar declaración jurada de estado patrimonial y no la hayan hecho durante los 10 días hábiles siguientes a la toma de posesión. La medida establece también, que el funcionario no recibirá el pago de salarios sucesivos, hasta que no presente la declaración jurada de estado patrimonial y remita copia autenticada de ella a la entidad.

El tema cobró vigencia luego de que el titular de la Presidencia, Álvaro Alemán, indicara que las declaraciones patrimoniales de los ministros de Estado de la administración de Juan Carlos Varela no serán públicas.

Sin embargo, Varela dijo ayer que hará pública su declaración de bienes. “Lo voy a tocar en el Gabinete de mañana [hoy]. Por mi parte la mía será pública”.

Respecto al resto del Gabinete, el mandatario dijo esto: “lo dejaré a decisión de cada funcionario...es su vida privada, muchos han cruzado a la vida pública para servir al país y quiero tener la cortesía de discutirlo con ellos”. La misma promesa hicieron el presidente de la Asamblea Nacional Adolfo Valderrama, y el alcalde del Municipio de Panamá José I. Blandón.

Valderrama por su lado afirmó: “Sí, por ley me toca... no tengo problema que sea pública, no tengo nada que esconderle al país”.

Blandón indicó que cree “profundamente” en el poder preventivo de las declaraciones juradas de estado patrimonial y en lo personal, como decisión propia, la va a hacer pública. “No quisiera entrar en contradicción con el Ejecutivo”, dijo el alcalde, quien recordó que ningún Ejecutivo la ha hecho pública.

Blandón, en plena campaña política en las elecciones del pasado 4 de mayo, que le dieron el triunfo, presentó ante Transparencia Internacional capítulo Panamá el detalle de sus bienes.

LA ´CONSTITUCIÓN´

Abogados constitucionalistas advierten de que el texto y espíritu de la Constitución no dejan dudas respecto a la obligatoriedad de que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de mandos altos y de manejo sean de libre acceso público.

El artículo 304 de la carta política exige a una extensa lista de funcionarios (ver gráfico) presentar al inicio y al término de sus funciones una declaración jurada de su estado patrimonial, la cual deberán hacer mediante escritura pública en un término de 10 días hábiles a partir de la toma de posesión del cargo y 10 días hábiles a partir de la separación.

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados Rubén Elías Rodríguez manifiesta, por ejemplo, que el gobierno actual, al invocar la Ley 59 de 1999 aprobada en el gobierno de Mireya Moscoso [1999-2004] que estableció la confidencialidad de las declaraciones patrimoniales, incurre en “una violación a la Constitución Política, la cual señala que las declaraciones patrimoniales deben darse por escritura de público conocimiento.

El economista Osvaldo Lau, quien ha estudiado el tema, indica que eliminar el enriquecimiento no justificado “también es parte del cambio que necesita Panamá”.

“Para eliminar el enriquecimiento injustificado solo se requiere la voluntad de las autoridades en aplicar las leyes que existen”, asegura.

Para Lau, el análisis sobre el enriquecimiento injustificado no está limitado al aumento que se determine en lo que la persona posee (los activos); también se incluye la disminución no justificada de las obligaciones (los pasivos). “Si no se analizan y comparan entre sí las declaraciones juradas, y si no se hacen investigaciones serias al margen de los intereses políticos que permitan determinar un posible aumento no justificado, esas declaraciones serán solamente un deporte más, ´letra muerta´, donde la impunidad prevalecerá”, concluyó.

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Cortesía/Sinaproc

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